Las empresas que operan redes sociales deben esforzarse por ser transparentes y los Estados deben garantizar que los servicios en línea no se utilicen como espacios y herramientas para la violencia y la censura en contra de las mujeres y las niñas. Foto: R. Farrell/UIT
GINEBRA – La violencia de género, el discurso del odio y la desinformación se están utilizando ampliamente en línea y en la vida cotidiana para suprimir las opiniones de las mujeres, advirtió un informe de la relatora especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, Irene Khan.
“El sexismo y la misoginia, que son factores dominantes en la censura de género, se han agudizado con el surgimiento de fuerzas populistas, autoritarias y fundamentalistas en todo el mundo”, dijo Khan en una declaración este lunes 18.
Los Estados no respetan ni protegen el derecho de las mujeres a la libre opinión y expresión, y sus voces son reprimidas o castigadas por leyes, políticas y prácticas discriminatorias, e implícitamente por las actitudes sociales, normas culturales y valores patriarcales, expuso la relatora en su informe.
Khan dijo que “en su forma más extrema, se emplea la violencia sexual y de género para acallar o suprimir las expresiones que manifiestan inconformidad o que trasgreden normas o códigos sociales o morales patriarcales y heteronormativos”.
“La censura de género es tan generalizada que la igualdad de género en la libertad de expresión sigue siendo un objetivo lejano”, lamentó.
En el caso de la violencia de género en línea, el informe dice que los ataques pueden realizarse en cualquier momento y desde cualquier lugar por agresores primarios, y ampliados por agresores secundarios, utilizando espacios y herramientas digitales que aumentan el ritmo, la velocidad, la reproducción y la permanencia de los actos.
“El sexismo y la misoginia, que son factores dominantes en la censura de género, se han agudizado con el surgimiento de fuerzas populistas, autoritarias y fundamentalistas en todo el mundo”: Irene Khan.
Con el pretexto de proteger la moral pública, los grupos fundamentalistas vigilan y los gobiernos de algunos países censuran y penalizan el comportamiento social en línea de las mujeres jóvenes y las personas que no se ajustan al género, sobre todo si pertenecen a grupos marginados.
Khan recordó que aunque el sistema internacional de derechos humanos se centra en gran medida en la censura como acción represiva del Estado, algunos actores privados y no estatales como organizaciones sociales, culturales o religiosas, ejercen una censura visible por razón de género.
También, en la era digital, “la oleada de violencia, discurso de odio y desinformación en línea suele llevar a las mujeres a autocensurarse, limitar lo que publican o abandonar las plataformas”, apunta el informe.
Con respecto las mujeres periodistas, políticas, defensoras de los derechos humanos y activistas feministas, el estudio da cuenta de ataques en línea coordinados para intimidarlas, silenciarlas y expulsarlas de las plataformas de las redes sociales y de la vida pública.
De ese modo se socavan los derechos humanos, la diversidad de los medios de comunicación y la democracia inclusiva.
Muchas mujeres sufren así “actos y amenazas de violencia física y psicológica, incluidas amenazas de muerte y violación, por expresarse o simplemente por ser mujeres que desempeñan un papel de liderazgo”.
En algunos contextos, “las manifestantes y activistas detenidas corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual o de género a manos de las fuerzas del orden o de seguridad”.
En ciertos lugares de Medio Oriente, las niñas pueden correr peligro por el sólo hecho de utilizar los medios sociales.
El informe también registra el retroceso de los logros en materia de igualdad de género debido a la covid-19, que obligó a muchas mujeres a dejar sus trabajos para cuidar a sus familias, y aumentó de manera alarmante la violencia doméstica.
Frente a esta realidad, el documento enfatiza la obligación de los Estados de respetar la libertad de opinión y de expresión, y de eliminar las barreras estructurales y sistémicas que impiden la igualdad, como son la violencia sexual y de género.
La experta sostuvo que “si las mujeres quieren recuperar el terreno perdido, si los países van a reactivar sus economías y si los gobiernos quieren recobrar la confianza del público. el derecho igualitario de las mujeres a la libertad de opinión y expresión debe estar al frente y al centro de las agendas nacionales e internacionales”.
Para la esfera virtual, la relatora especial urgió a los Estados y a las empresas de redes sociales a garantizar que los espacios digitales sean seguros para todas las mujeres y las personas no binarias, y que lo hagan dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos.
El estudio recalca la falta de transparencia de las empresas de internet, e insta a esas corporaciones a que rindan informes y mejoren el acceso a los datos y las auditorías.
“La justicia de género requiere no sólo el fin de la interferencia ilícita en la libertad de opinión y expresión de las mujeres, sino también la creación de un entorno propicio en el que puedan ejercerlas y participar de manera segura, plena e igualitaria en la vida política, social, cultural y económica”, insistió la relatora.
Khan, de origen bangladesí, fue entre 2001 y 2009 secretaria general de la organización humanitaria Amnistía Internacional, y su relatoría para la libertad de expresión y opinión hace parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad suiza.
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