José Antonio Crespo
Cada vez que se nombran consejeros del IFE los legisladores de todos los partidos nos tratan de convencer de que no se buscan personas afines a ellos, que no opera el cuotismo ni el cuatismo, que lo que quieren son personas independientes, con trayectoria y compromiso profesional, de modo que se desempeñen de manera autónoma e imparcial.
Pero siempre terminan nombrando consejeros a modo, a veces con trayectoria partidista directa, para que ante el Consejo General defiendan los intereses y puntos de vista del partido promotor. En 1996, el IFE no fue ciudadanizado como se dijo, sino partidizado, si bien es cierto que en esa ocasión algunos consejeros —que no todos— mostraron un buen grado de imparcialidad y neutralidad. Eso terminó en 2003, cuando el vínculo entre partidos y consejeros se dejó sentir más claramente, además de que se rompió el consenso que daba fortaleza al Instituto. La partidización del IFE, lejos de amainarse, se ha recrudecido. El retraso de meses para nombrar a los tres consejeros pendientes es una evidencia contundente de al menos tres cosas:
A) que desde luego el criterio prevaleciente para la designación es y ha sido el de cuotas partidarias;
B) que la autonomía e imparcialidad del IFE estorba a los partidos, y
C) que los partidos sienten un gran desprecio por el Instituto, al que ven, no como árbitro que decide por encima de ellos, sino como un órgano a ser sometido a los partidos. De hecho, el nombramiento o no de los tres consejeros ha respondido a un cálculo racional de influencia y poder que hacen los partidos, al margen de lo que eso afecte la credibilidad y fortaleza del IFE:
1) el PRI reclama que de los tres nuevos consejeros le corresponden dos, pues de los que dejaron su cargo el año pasado dos eran del PRI. Pero también el tricolor apela al antidemocrático principio de que el número de consejeros nombrados por cada partido debe estar en función a su fuerza electoral. Ese principio no operó en 1994, pues cada partido sugirió el nombre de dos consejeros (eran seis), al margen de la votación que cada partido tenía (64% el PRI, 8% el PRD, por ejemplo). Pero ese equilibrio se empezó a romper en 1996 y se perdió del todo en 2003. Ahora el PRI revindica ese “derecho” de proporcionalidad (con lo que el PRD, una vez más, quedaría fuera).
2) Pero también hay un cálculo de racionalidad; el PRI cuenta hoy con dos consejeros de los seis que operan en el Consejo; le convendría más tener a cuatro de nueve, pero eso sólo ocurrirá si le conceden dos de los tres nuevos consejeros. De lo contrario, al PRI le conviene mantener esos dos de seis que actualmente tiene, en lugar de disponer de tres de nueve. Por eso es que, si no se completa el Consejo General, al PRI no le preocupa demasiado.
3) Pero los otros partidos hacen cuentas parecidas; les convendría un Consejo con tres consejeros del PRI de nueve, pero les conviene más que el PRI tenga dos de seis que cuatro de nueve. De tal manera que si no se logra un acuerdo en que cada partido nombre a un consejero (en lugar de que el PRI nombre a dos), al PAN y PRD podría convenirles la composición actual con seis consejeros. La situación actual constituye un equilibro de Pareto en segunda opción, es decir, la composición actual del Consejo con seis consejeros es mejor que para el PRI contar con tres de seis, o para el PAN o PRD, que el PRI disponga de cuatro de nueve. Por lo cual, todos podrían prescindir de nombrar a los tres que faltan. Un estricto cálculo racional de costo y beneficio, sin que importe en absoluto la credibilidad y fortaleza del IFE. Pero justo todo esto refleja con claridad que se ha agotado la fórmula mediante la cual los partidos son los que, a través de la Cámara Baja, nombran a los consejeros.
La recuperación de la credibilidad, autonomía e imparcialidad del IFE pasa por una fórmula nueva, que quite a los partidos esta prerrogativa de la que han abusado de manera burda, para dársela a la sociedad civil a través de instituciones académicas de prestigio, públicas y privadas, de la capital y otros estados. Instituciones que, por ejemplo, ofrezcan las carreras de derecho o ciencia política y por tanto cuenten con expertos que puedan formar una comisión ad hoc. Dicha comisión podría encontrar más fácilmente a personas con trayectoria, méritos profesionales, autonomía e imparcialidad, criterios de selección que evidentemente molestan a los partidos. Mientras los partidos nombren directamente a los consejeros, la credibilidad del IFE irá en picada hasta desaparecer. Es hora de ciudadanizarlo. cres5501@hotmail.com Facebook: José Antonio Crespo Mendoza. Investigador del CIDE
Alberto Aziz Nassif
o que siempre permanece incompleto y corre permanentemente el riesgo de inversión, de desdemocratización”. La construcción de una democracia atraviesa por ciclos que la fortalecen y por otros que la debilitaban. Diversos indicadores nos muestran que el actual momento por el que atraviesa México nos ha llevado a una acelerada desdemocratización. Todos los días nos asomamos a un hoyo negro, a un espejo que nos devuelve imágenes terribles de una violencia que se incrementa en su calidad y en su cantidad.
Así como ayer vimos la muerte de 52 personas en un casino de Monterrey; ahora en dos días aparecen 49 cadáveres en las calles de Veracruz. Esta violencia desmesurada no tiene ya ningún código, salvo incrementar la muerte. Mientras tanto el presidente Calderón, como guía de turistas en un programa para la televisión estadounidense, se mete a presentar un país idílico, que sólo existe en sus sueños y que contrasta de forma grosera con el país real de la violencia y la corrupción. Otras imágenes nos muestran el poder mediático de las televisoras que, como en cada ciclo electoral, quieren someter a los políticos para que sus intereses prevalezcan por encima de los intereses de todos. El pleito de las televisoras contra la reforma de 2007 se ha recrudecido con el reciente litigio contra el IFE. Un conflicto que ha sido mal arbitrado por el Tribunal Electoral, que se sometió a las presiones de los concesionarios del duopolio televisivo.
El objetivo de tener unos comicios competidos y equitativos no necesariamente es una meta compartida por todos los actores. Sin dejar de lado que aún faltan los tres consejeros que los diputados no han querido nombrar, como parte de un mecanismo que ya no funciona. En este contexto, los aspirantes a la Presidencia de la República buscan la candidatura de sus partidos, pero domina el discurso de las promesas huecas y los compromisos sin sustancia. Cada precandidato se considera como la mejor opción para este golpeado país. A un país azotado por la violencia, con una pobreza que vuelve a crecer y una economía estancada, hay que sumarle la sombra de una nueva recesión económica internacional que ha causado estragos en los mercados financieros y tirado las bolsas en casi todo el planeta.
En suma, la desdemocratización contiene una institucionalidad electoral golpeada, con los concesionarios de la televisión en pleno desafío a la autoridad. Un sistema de partidos que no se caracteriza por empujar las causas del interés general, sino que cada vez está más atrapado en las grillas de grupos y tribus. Un poder legislativo que no logra encontrar las rutas para darle cauce a la agenda de los grandes problemas nacionales, como la desigualdad, la débil fiscalidad, una ingeniería institucional deficiente y una pobre rendición de cuentas. Quizá por estas razones haya bajado el interés por la política y las elecciones.
Hace 6 años había casi 60% de ciudadanos interesados en votar, ahora el porcentaje de posibles votantes ha bajado a poco más de 40%. Las elecciones han dejado de ser “fiesta calurosa de la ciudadanía”, como dice Rosanvallon, para convertirse en un intercambio clientelar y mediatizado, que poco aporta al debate público. ¿Estamos lejos de que la democracia mexicana pueda sufrir un rompimiento? No se sabe. Pero lo más delicado es que hoy no se sabe qué hacer para que el Estado de derecho y la representación democrática, ambos en crisis, sean espacios para habitar un país de libertades y de una mayor igualdad social.
La violencia y la incapacidad estatal para proteger a la ciudadanía han puesto en jaque a la democracia en muchos puntos del territorio nacional. Los deficientes resultados de la democratización electoral no han producido mejores prácticas de gobierno, con más transparencia, con una mejor regulación de los intereses dominantes, con una mejor rendición de cuentas, sino, por el contrario, han generado un refuerzo de las viejas inercias. Hoy tenemos casos paradigmáticos que nos muestran cómo las instituciones están capturadas y llenas de corrupción. La dinámica es que después de cada tragedia, sale a la luz pública el desastre de corrupción: así pasó con la Guardería ABC, con el Casino Royale, con la estrategia de combate al crimen organizado y al narcotráfico, y con la impunidad rampante ante las 50 mil muertes de la guerra contra el narco.
La falta de liderazgos, el regreso en tono triunfal del pasado, la poca viabilidad de un cambio de rumbo económico y la dificultad para construir una mejor ingeniería institucional, nos ubican como país ante un escenario de desdemocratización, por decir lo menos. Investigador del CIESAS
Cada vez que se nombran consejeros del IFE los legisladores de todos los partidos nos tratan de convencer de que no se buscan personas afines a ellos, que no opera el cuotismo ni el cuatismo, que lo que quieren son personas independientes, con trayectoria y compromiso profesional, de modo que se desempeñen de manera autónoma e imparcial.
Pero siempre terminan nombrando consejeros a modo, a veces con trayectoria partidista directa, para que ante el Consejo General defiendan los intereses y puntos de vista del partido promotor. En 1996, el IFE no fue ciudadanizado como se dijo, sino partidizado, si bien es cierto que en esa ocasión algunos consejeros —que no todos— mostraron un buen grado de imparcialidad y neutralidad. Eso terminó en 2003, cuando el vínculo entre partidos y consejeros se dejó sentir más claramente, además de que se rompió el consenso que daba fortaleza al Instituto. La partidización del IFE, lejos de amainarse, se ha recrudecido. El retraso de meses para nombrar a los tres consejeros pendientes es una evidencia contundente de al menos tres cosas:
A) que desde luego el criterio prevaleciente para la designación es y ha sido el de cuotas partidarias;
B) que la autonomía e imparcialidad del IFE estorba a los partidos, y
C) que los partidos sienten un gran desprecio por el Instituto, al que ven, no como árbitro que decide por encima de ellos, sino como un órgano a ser sometido a los partidos. De hecho, el nombramiento o no de los tres consejeros ha respondido a un cálculo racional de influencia y poder que hacen los partidos, al margen de lo que eso afecte la credibilidad y fortaleza del IFE:
1) el PRI reclama que de los tres nuevos consejeros le corresponden dos, pues de los que dejaron su cargo el año pasado dos eran del PRI. Pero también el tricolor apela al antidemocrático principio de que el número de consejeros nombrados por cada partido debe estar en función a su fuerza electoral. Ese principio no operó en 1994, pues cada partido sugirió el nombre de dos consejeros (eran seis), al margen de la votación que cada partido tenía (64% el PRI, 8% el PRD, por ejemplo). Pero ese equilibrio se empezó a romper en 1996 y se perdió del todo en 2003. Ahora el PRI revindica ese “derecho” de proporcionalidad (con lo que el PRD, una vez más, quedaría fuera).
2) Pero también hay un cálculo de racionalidad; el PRI cuenta hoy con dos consejeros de los seis que operan en el Consejo; le convendría más tener a cuatro de nueve, pero eso sólo ocurrirá si le conceden dos de los tres nuevos consejeros. De lo contrario, al PRI le conviene mantener esos dos de seis que actualmente tiene, en lugar de disponer de tres de nueve. Por eso es que, si no se completa el Consejo General, al PRI no le preocupa demasiado.
3) Pero los otros partidos hacen cuentas parecidas; les convendría un Consejo con tres consejeros del PRI de nueve, pero les conviene más que el PRI tenga dos de seis que cuatro de nueve. De tal manera que si no se logra un acuerdo en que cada partido nombre a un consejero (en lugar de que el PRI nombre a dos), al PAN y PRD podría convenirles la composición actual con seis consejeros. La situación actual constituye un equilibro de Pareto en segunda opción, es decir, la composición actual del Consejo con seis consejeros es mejor que para el PRI contar con tres de seis, o para el PAN o PRD, que el PRI disponga de cuatro de nueve. Por lo cual, todos podrían prescindir de nombrar a los tres que faltan. Un estricto cálculo racional de costo y beneficio, sin que importe en absoluto la credibilidad y fortaleza del IFE. Pero justo todo esto refleja con claridad que se ha agotado la fórmula mediante la cual los partidos son los que, a través de la Cámara Baja, nombran a los consejeros.
La recuperación de la credibilidad, autonomía e imparcialidad del IFE pasa por una fórmula nueva, que quite a los partidos esta prerrogativa de la que han abusado de manera burda, para dársela a la sociedad civil a través de instituciones académicas de prestigio, públicas y privadas, de la capital y otros estados. Instituciones que, por ejemplo, ofrezcan las carreras de derecho o ciencia política y por tanto cuenten con expertos que puedan formar una comisión ad hoc. Dicha comisión podría encontrar más fácilmente a personas con trayectoria, méritos profesionales, autonomía e imparcialidad, criterios de selección que evidentemente molestan a los partidos. Mientras los partidos nombren directamente a los consejeros, la credibilidad del IFE irá en picada hasta desaparecer. Es hora de ciudadanizarlo. cres5501@hotmail.com Facebook: José Antonio Crespo Mendoza. Investigador del CIDE
Alberto Aziz Nassif
Involución de la democratización mexicana
En uno de sus últimos libros, Democracy, Charles Tilly apuntó que: “La democratización es un proceso dinámic
o que siempre permanece incompleto y corre permanentemente el riesgo de inversión, de desdemocratización”. La construcción de una democracia atraviesa por ciclos que la fortalecen y por otros que la debilitaban. Diversos indicadores nos muestran que el actual momento por el que atraviesa México nos ha llevado a una acelerada desdemocratización. Todos los días nos asomamos a un hoyo negro, a un espejo que nos devuelve imágenes terribles de una violencia que se incrementa en su calidad y en su cantidad.Así como ayer vimos la muerte de 52 personas en un casino de Monterrey; ahora en dos días aparecen 49 cadáveres en las calles de Veracruz. Esta violencia desmesurada no tiene ya ningún código, salvo incrementar la muerte. Mientras tanto el presidente Calderón, como guía de turistas en un programa para la televisión estadounidense, se mete a presentar un país idílico, que sólo existe en sus sueños y que contrasta de forma grosera con el país real de la violencia y la corrupción. Otras imágenes nos muestran el poder mediático de las televisoras que, como en cada ciclo electoral, quieren someter a los políticos para que sus intereses prevalezcan por encima de los intereses de todos. El pleito de las televisoras contra la reforma de 2007 se ha recrudecido con el reciente litigio contra el IFE. Un conflicto que ha sido mal arbitrado por el Tribunal Electoral, que se sometió a las presiones de los concesionarios del duopolio televisivo.
El objetivo de tener unos comicios competidos y equitativos no necesariamente es una meta compartida por todos los actores. Sin dejar de lado que aún faltan los tres consejeros que los diputados no han querido nombrar, como parte de un mecanismo que ya no funciona. En este contexto, los aspirantes a la Presidencia de la República buscan la candidatura de sus partidos, pero domina el discurso de las promesas huecas y los compromisos sin sustancia. Cada precandidato se considera como la mejor opción para este golpeado país. A un país azotado por la violencia, con una pobreza que vuelve a crecer y una economía estancada, hay que sumarle la sombra de una nueva recesión económica internacional que ha causado estragos en los mercados financieros y tirado las bolsas en casi todo el planeta.
En suma, la desdemocratización contiene una institucionalidad electoral golpeada, con los concesionarios de la televisión en pleno desafío a la autoridad. Un sistema de partidos que no se caracteriza por empujar las causas del interés general, sino que cada vez está más atrapado en las grillas de grupos y tribus. Un poder legislativo que no logra encontrar las rutas para darle cauce a la agenda de los grandes problemas nacionales, como la desigualdad, la débil fiscalidad, una ingeniería institucional deficiente y una pobre rendición de cuentas. Quizá por estas razones haya bajado el interés por la política y las elecciones.
Hace 6 años había casi 60% de ciudadanos interesados en votar, ahora el porcentaje de posibles votantes ha bajado a poco más de 40%. Las elecciones han dejado de ser “fiesta calurosa de la ciudadanía”, como dice Rosanvallon, para convertirse en un intercambio clientelar y mediatizado, que poco aporta al debate público. ¿Estamos lejos de que la democracia mexicana pueda sufrir un rompimiento? No se sabe. Pero lo más delicado es que hoy no se sabe qué hacer para que el Estado de derecho y la representación democrática, ambos en crisis, sean espacios para habitar un país de libertades y de una mayor igualdad social.
La violencia y la incapacidad estatal para proteger a la ciudadanía han puesto en jaque a la democracia en muchos puntos del territorio nacional. Los deficientes resultados de la democratización electoral no han producido mejores prácticas de gobierno, con más transparencia, con una mejor regulación de los intereses dominantes, con una mejor rendición de cuentas, sino, por el contrario, han generado un refuerzo de las viejas inercias. Hoy tenemos casos paradigmáticos que nos muestran cómo las instituciones están capturadas y llenas de corrupción. La dinámica es que después de cada tragedia, sale a la luz pública el desastre de corrupción: así pasó con la Guardería ABC, con el Casino Royale, con la estrategia de combate al crimen organizado y al narcotráfico, y con la impunidad rampante ante las 50 mil muertes de la guerra contra el narco.
La falta de liderazgos, el regreso en tono triunfal del pasado, la poca viabilidad de un cambio de rumbo económico y la dificultad para construir una mejor ingeniería institucional, nos ubican como país ante un escenario de desdemocratización, por decir lo menos. Investigador del CIESAS
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