mayores capacidades operativas y aumentar la eficacia de los soldados, y para terminar
con el estado de indefinición. De no aprobarse las reformas –sentenció el general– podría
crearse confusión e incertidumbreen mandos y tropas, e inclusive en la ciudadanía. En opinión del secretario, las reformas son necesarias para continuar manteniendo
el espíritu de cuerpoy
la alta moral de las fuerzas armadas. Es importante analizar con detalle cada una de sus afirmaciones.
El militar no explicó cómo aumentarían la capacidad operativa
y la eficacia de los soldados
(conceptos militares) con la simple aprobación de unas reformas legales a la LSN. Parecen, y son, conceptos diferentes. Sin embargo, se contestó a sí mismo cuando definió la situación actual como un estado de indefinición
. Habló de confusión e incertidumbre
en mandos y tropas, e inclusive en la ciudadanía, con lo cual reconoce la debilidad legal con la que están participando en la guerra contra los cárteles. Es un hecho que la confusión entre mandos y tropas
anuncia dificultades preocupantes en la cadena de mando. Podría significar que algunos oficiales jóvenes, más instruidos y democráticos que sus jefes, y conscientes de los miles de quejas por violaciones a los derechos humanos, comienzan a cuestionar su participación en un conflicto cuyas orígenes, desarrollo y futuro ha mantenido in pectore Felipe Calderón. Lo más preocupante fue el comentario sobre la necesidad de mantener la alta moral
de los militares. ¿Anuncia agotamiento de la tropa para continuar matando compatriotas y muriendo en una guerra perdida? El general tampoco explicó cómo ayudaría la nueva LSN a curar ese mal.
Los soldados no son los únicos que están intranquilos e inseguros. En días pasados los diputados comenzaron a discutir un dictamen que pretende establecer un marco jurídico
para legalizar las operaciones en tierra de la Armada de México. ¡Hay incertidumbre por doquier!
En un artículo reciente en La Jornada (bit.ly/nqSH63) cité a José Luis Soberanes, ex ombudsman nacional, para quien el marco jurídico
que piden los militares dentro de la LSN es para tener impunidad
, a fin de no ser juzgados por delitos cometidos en tareas de seguridad nacional
; quieren cambiar la ley para adecuarla a lo que están haciendo
, como en Chile y Argentina, y así evitar los tribunales internacionales.
Las palabras de Soberanes resultaron premonitorias, porque el 16 de septiembre pasado un despacho de abogados de Miami, Florida, presentó una demanda por daños compensatorios y punitivos, y violaciones al derecho internacional
contra el ex presidente Ernesto Zedillo, por su presunta responsabilidad en las 45 ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su gobierno en la matanza de Acteal. Los demandantes, cuatro mujeres y seis hombres, deudos de las víctimas, procedieron en forma anónima para proteger su identidad. Acusan también al ex presidente de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y ejercido terror y violencia, para con ello impedir el ejercicio de sus derechos de libre asociación, libertad de pensamiento y de opinión política
.
La demanda fue instaurada en Hartford, Connecticut, donde reside el ex presidente cuando atiende obligaciones académicas en la Universidad de Yale. La base jurídica fue la ley conocida como Alien Tort Claims Act (ley para reclamaciones contra extranjeros), un estatuto que permite a las cortes estadunidenses juzgar casos sobre violaciones a derechos humanos presentados por extranjeros, por conductas cometidas fuera de Estados Unidos. Los abogados citaron otras disposiciones y convenciones internacionales en apoyo de su acción; le dan al ex presidente 21 días para contestar a partir del emplazamiento. Crearon una página bilingüe en Internet donde publican y reciben información: acteal97.
Uno de los anexos de la demanda lo constituye el Plan de Campaña Chiapas 94, revelado en Proceso el 4 de enero de 1998. En él se definían las metas de una guerra de baja intensidad, como estrategia para quitar el apoyo ciudadano al EZLN (a cuyos cuadros definen como transgresores de la ley
), y con ello provocar su derrota.
Esta demanda incrementará la urgencia para regularizar la participación militar en la guerra de Calderón. No se trata por supuesto de comparar vidas humanas. Todas son sagradas (incluyendo las de los criminales, ¡para asombro de Javier Duarte!). Pero las 45 víctimas de Acteal (siete varones, 20 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, y 18 menores) no se comparan con las 60 mil víctimas que dejará la guerra civil de Calderón.
La demanda contra Ernesto Zedillo demuestra que, en un mundo globalizado, abogados internacionales y jueces incorruptibles están encontrando canales ingeniosos para derribar fronteras y hacer cumplir los derechos humanos.
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