TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Cientos de activistas defensoras y promotoras del derecho de las mujeres en Chiapas pidieron al Congreso del Estado y al gobernador Juan Sabines Guerrero, homologar el derecho de las chiapanecas a decidir sobre su cuerpo, tal como se establece en el marco jurídico del Distrito Federal.
Al conmemorar hoy el “Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe”, a 30 años de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), exigieron a los diputados y al gobernador de Chiapas una reforma que, al igual que en el Distrito Federal, autorice la interrupción legal del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.
Nancy Zárate Castillo, activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, recordó que de todas las entidades del país, sólo en el Distrito Federal existe una ley que despenaliza el aborto bajo cualquier circunstancia cuando éste se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación; y los servicios de salud públicos de la Ciudad de México, brindan la atención a las mujeres, sin importar edad, estado civil o lugar de residencia.
Indicó que si Chiapas homologa su ley a la del Distrito Federal, el Gobierno del Estado daría una señal positiva para el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales a favor de las mujeres, incluidos los objetivos del milenio, que forman parte de la Constitución Política de Chiapas, para que su defensa por los derechos de las mujeres no quede en el discurso político.
Durante una protesta realizada a las fueras del Congreso del estado, en la que participaron activistas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, el Colectivo Feminista Mercedes Olivera, el Colectivo de Atención Integral de la Familia, el Observatorio 5º, la Marcha Mundial de las Mujeres Chiapas, la Red de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, miembros de Global Fund for Women y el Colectivo Lésbico-Feminista Autónoma, exigieron a los diputados locales de Chiapas y al gobernador Juan Sabines Guerrero estar del lado de las mujeres.
Por medio de volantes distribuidos por las principales calles de la capital del estado y San Cristóbal de las Casas, dieron a conocer que la CEDAW ha solicitado al Estado mexicano, así como a las entidades de la República revisar la legislación que penaliza el aborto y que cuando proceda, se garantice el acceso rápido y fácil al aborto; además, de emprender acciones encaminadas a disminuir la mortalidad provocada por la interrupción ilegal del embarazo.
Recordaron que en la recomendación general 24 de la CEDAW sobre la mujer y la salud, se menciona que “en la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”.
Sin embargo, señalaron que Chiapas, al igual que otros 16 estados, ha reformado su Constitución –en su artículo 4– para que el estado reconozca, proteja y tutele “el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción”.
A juicio de las inconformes, la ley aprobada en el estado contraviene las recomendaciones de la CEDAW y obstaculiza el acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro.
Le recordaron al gobernador Sabines que su reforma al artículo 4 de la Constitución chiapaneca contradice el punto número 5 de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los cuales, están reconocidos en la carta magna del estado de Chiapas.
El punto 5 de los objetivos del milenio plantea para mejorar la salud materna: “Para su cabal cumplimiento y enmendando las contradicciones, se hace indispensable promulgar la interrupción legal del embarazo para respetar la autonomía de las mujeres respecto al ejercicio del derecho a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida reproductiva”.
“Cruel e inhumano”, forzar a una mujer violada a continuar con un embarazo: AI
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F.
(apro).- Casi simultáneamente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló la ley que protege la vida desde el momento de la concepción en Baja California, Amnistía Internacional (AI) consideró que restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas.
“Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo es cruel, inhumano y degradante”, puntualizó AI en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe (que se conmemora este miércoles).
El organismo internacional convocó a los gobiernos del continente a “promover con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas”.
Asimismo, manifestó su apoyo a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el C
aribe bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
De acuerdo con AI, en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), resulta “vergonzoso” que cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo.
Antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, advirtió, algunas de esas víctimas intentan suicidarse. En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto por sí mismas, agregó.
“Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias que incluso llegan a significar la pérdida de su vida”, puntualizó.
En un pronunciamiento público, la organización de defensa de derechos humanos indicó que en la región más desigual del mundo, “estas medidas desesperadas afectan principalmente la vida de las mujeres y niña
s que viven en la pobreza. ¿Es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley?”, cuestionó.
Amnistía Internacional destacó que algunos lugares de la región han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe.
Sin embargo, aun con esos avances, “la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica, lo que conlleva graves consecuencias para mujeres y niñas”, apuntó.
Mientras tanto, los ministros de la SCJN determinaron que seguirá vigente el artículo 7 de la Constitución de Baja California, que protege la vida desde el momento desde la concepción y otorga al no nacido todos los derechos de una persona.
Tras conocer la resolución, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamentó que no se hubieran logrado los ocho votos necesarios para garantizar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.
“Con la resoluc
ión de acción de inconstitucionalidad 11/2009, la SCJN perdió una oportunidad histórica de proteger de forma integral y definitiva los derechos humanos de las mujeres en nuestro país”, señaló en un comunicado.
Se realizaron en Oaxaca 6 mil 400 abortos “inseguros y clandestinos” en dos años
OAXACA, Oax. (apro).- En los dos últimos años del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, se realizaron, aproximadamen
te, 6 mil 400 abortos “inseguros y clandestinos” en Oaxaca, reveló hoy la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario.
En conferencia de prensa, donde se anunció el inicio de la campaña “El aborto por violación, un derecho de las mujeres de Oaxaca”, Ana María Hernández Cárdenas, directora de la organización, denunció que con la modificación al artículo 12 de la Constitución local oaxaqueña, creció el número de abortos realizados clandestinamente.
En septiembre de 2009 el Congreso de Oaxaca aprobó una ley antiaborto que penaliza la interrupción del embarazo y proteger la vida humana desde el momento de la concepción.
Hernández Cárdenas agregó que de acuerdo con cifras oficiales, por cada aborto realizado en los Servicios de Salud del estado, cuatro se llevaron a cabo en forma insegura.
Explicó que en 2009 se practicaron de manera legal 950 abortos y en 2010 se realizaron otras 650 interrupciones legales del embarazo, con lo cual en el mismo periodo, “de manera insegura y clandestina” se realizaron unos 6 mil 400 abortos, de los cuales un mínimo porcentaje se hizo en una clínica con condiciones salubres y el resto, poniendo en extremo riesgo la vida de las mujeres.
Asimismo, destacó que Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en el país en violencia sexual contra las mujeres, ya que 46% de las oaxaqueñas casadas ha sido objeto de agresiones sexuales por parte de su pareja.
Detalló, basada en cifras de la Procuraduría de Justicia del estado, que entre 2008 y 2009 el número de ataques sexuales se incrementó 70%, al pasar de 469 casos a 799 en el periodo señalado.
Aunado a ello, la misma Procuraduría reconoció que en el 2010 se cometieron 211 violaciones sexuales, 197 abusos sexuales, 35 estupros y 24 casos de hostigamiento sexual. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) señalan que sólo una de cada 10 mujeres víctimas de delitos sexuales denunció el caso.
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