El incremento de la violencia, la consecución de asesinatos sin fin, la desaparición forzada de personas, las extorsiones, el tráfico de drogas y de personas, la participación de altos funcionarios públicos en crímenes, la militarización de la seguridad pública, el abuso del arraigo, la sobrepoblación penitenciaria y el maltrato a migrantes, es la actual realidad de México en materia de (in) seguridad a cinco años de iniciada la administración de Felipe Calderón. El negro panorama lo conforma el deterioro económico y lo selló este viernes la desaceleración de la economía, la caída de la bolsa de valores y la devaluación del peso que en septiembre perdió el 12.47 por ciento de su valor, lo que representó su caída más fuerte desde octubre de 2008. En el trimestre el peso acumuló un desplome de 18.56 por ciento, lo que ha impactado a todas las actividades productivas del país y, sobre todo, al consumo.
El relator especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rodrigo Escobar Gil, adelantó que en su informe final sobre la visita a nuestro país, realizada entre el 26 y el 30 de septiembre, la desaparición forzada es el fenómeno que más le preocupa al organismo, “porque es el más atroz de los crímenes, que constituye una violación integra de los derechos de la familia”. Escobar lamentó la incapacidad de la gestión calderonista para atender las desapariciones forzadas, lo que provoca, dijo, falta de información sobe cuántos casos habrá en el país. Por tal razón urgió al Estado Mexicano a generar un mecanismo de búsqueda a través de la activación de alarmas, de operativos, de atención a través de programas sociales de asistencia psicosocial y programas de apoyo económico, pues las principales víctimas de la desaparición forzada son los jefes de familia.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preocupa el estado de las garantías individuales en México; las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos; la militarización de la seguridad pública; la persistencia del arraigo; las pésimas condiciones del sistema carcelario nacional y la vulnerabilidad de los migrantes. El organismo sostuvo que el país continúa siendo víctima de fenómenos como la tortura, las fallas al debido proceso, el trabajo infantil y la discriminación y violencia contra sectores vulnerables, como mujeres, indígenas, discapacitados y homosexuales, a pesar de avances como la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 10 de junio, la restricción del fuero militar, y la reforma al amparo.
La CIDH reportó que entre 2008 y 2010 la violencia criminal ha aumentado 50 por ciento cada año, con más de 34 mil asesinatos ocurridos en los cinco años recientes, como parte de una ola de criminalidad en la cual también participan algunos sectores públicos. La gravedad de los denominados¬ “levantamientos” se aprecia por el hecho de que se presentan pocas denuncias ante la autoridad, cuya incapacidad, corrupción e ineficiencia generan en los familiares de las víctimas poca confiabilidad. También la certeza casi absoluta de que no volverán a ver a sus parientes o amigos secuestrados y que tendrán conocimiento de ello sólo si se llegan a localizar los cadáveres, de lo contrario sólo pasarán a formar parte de las negras estadísticas conformadas a lo largo de esta administración en todo el territorio nacional. La CIDH advirtió que se ha registrado un aumento de las quejas por desaparición forzada, más de 5 mil denuncias, sin contar todos los casos que no son denunciados.
Uno de los últimos y más escandalosos casos sobre este fenómeno en el país es sin duda los 35 cadáveres que fueron arrojados en Boca del Río, Veracruz, frente a los responsables de la administración y procuración de justicia de la Federación y las entidades de la República. Las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Javier Duarte, se dedicaron desde el primer momento a difundir, sin pruebas, que los cadáveres pertenecían todos a integrantes del crimen organizado caídos en la lucha por la conquista de la plaza, para justificar su inacción e incompetencia. No obstante, este viernes, un diario local publicó una lista de los nombres de 28 de los 35 cuerpos que fueron arrojados el 20 de septiembre de Boca del Río. El dato a resaltar además de que la mayoría son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 28 años, es que no están involucrados con la delincuencia organizada, es decir que son víctimas de la guerra del narco.
Caso contrario y de acuerdo con el diario Notiver, entre los ejecutados a golpes de palos y tubos y por estrangulación y sofocación, patrones que no corresponden a las ejecuciones de los grupos del narco que actúan en la entidad, están Luis Manuel Quiroz Arjona, alias “la foca”, de 38 años, agente de la Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río, del sector 14; Gabriel Hernández Hurtado, de 29 años, quien presuntamente estuvo involucrado en la desaparición del administrador de la aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni. El diario refiere que entre los muertos había algunos menores de edad, como Fernando Betancourt Vázquez, de 14 años, Abbib Lizbeth Pouchlen Barrios, de 15 años, quien desapareció la noche del 15 de septiembre, y Diana Teresa Pérez Luna, de 16 años. Notiver publica los nombres de 28 de los 35 cuerpos que fueron identificados plenamente y sólo siete cuerpos no fueron identificados, por lo que fueron trasladados al Semefo de Xalapa, en calidad de desconocidos.
Por otro lado, una investigación del diario “Reforma” sostiene que el asesinato múltiple ocurrió en un vagón contendor de un tren, en un paraje conocido como Santa Fe, a unos 30 kilómetros del puerto de Veracruz. En su ejecución fueron usados precintos plásticos utilizados por cuerpos de seguridad institucionales como los de Estados Unidos y que aquí sólo los usan fuerzas especiales de la Marina o el Ejército. Los cuerpos fueron arrastrados para subirlos a camionetas de redilas y transportados al Bulevar Ruiz Cortines en Boca del Río, donde fueron arrojados el 20 de septiembre pasado por la tarde. Fuentes locales ligadas a las investigaciones sostienen que las victimas eran presuntos halcones de “Los Zetas” que operaban en la zona de puerto y Boca del Río. Entre los cuerpos había taxistas y policías locales, así como personas dedicadas a la prostitución y al narcomenudeo.
No obstante, la administración calderonista insiste en desmentir que sea una organización paramilitar la que ejecutó esa masacre. Sobre esa posibilidad, el relator de la CIDH, Rodrigo Escobar, consideró que si dichos grupos existen y operan en territorio mexicano, se trata de una situación muy grave, ya que “so pretexto de servir a la comunidad, se generaría más violencia y daños graves de consecuencias imprevisibles”. También las autoridades estatales de Veracruz intenta minimizar el hecho al insistir en que el Médico Forense local no recibió los supuestos 14 cuerpos adicionales que habrían aparecido en calles del Puerto de Veracruz el pasado 22 de septiembre, de los cuales dieron cuentas medios de comunicación.
Otro caso reciente es la desaparición de seis personas originarias del Distrito Federal, que acudieron a Cuernavaca a una fiesta hace cuatro meses y desde entonces se desconoce su paradero. De acuerdo con las indagaciones de la Procuraduría de Justicia de Morelos, a cargo de Pedro Luis Benítez Vélez, las seis personas, una mujer y sus dos pequeñas hijas, así como otros tres jóvenes de 20 a 30 años de edad, viajaban en una camioneta tipo Windstar, que desapareció luego de ingresar de la autopista México-Acapulco a la avenida Plan de Ayala con dirección al municipio de Jiutepec, para arribar al poblado de San Gaspar, donde se realizaría el festejo, pero nunca llegaron.
Un periódico local publicó que las personas desaparecidas son: Alejandro Familiar Chavira, de 30 años, estudiante de arquitectura; Lorena Beatriz Camacho, de 37, y sus dos hijas, Andrea y Ruth Chávez Camacho, de 10 y 13 años, respectivamente; Alonso Rodríguez Acevedo, de 21 años, y Jesús Terán Rodríguez, de 30 años, todos ellos vecinos del Estado de México y el Distrito Federal. La denuncia de su desaparición fue presentada en al Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que la procuraduría morelense no realiza ninguna indagación.
La Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad reportó también que durante las vacaciones se dispararon los asaltos y robos de camionetas de lucho en la Autopista del Sol. En autopistas como Monterrey-Nuevo Laredo y Reynosa-Nuevo Laredo decenas de personas han desaparecido.
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