Una vez más el inquilino de Los Pinos se dio a la tarea de crear fuertes divisiones entre la población al presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obtener un dictamen en torno a la denominada “ley antiaborto” que a estas alturas es altamente retrógrado desde todos los puntos de vista, ya que en la actualidad lo que menos puede y debe otorgarse a los ciudadanos es el pleno derecho de tomar decisiones de carácter estrictamente personal sin que ello los convierta en delincuentes. En este jaloneo, paradójicamente, se unen líderes y gobernadores panistas y priístas en la antesala electoral en un afán de conseguir para sus partidos las bendiciones del clero católico alejándose totalmente del Estado laico.
Tal es el caso del aval otorgado ayer al artículo7 de la Constitución de Baja California, que protege la vida desde el momento de la concepción y otorga al no nacido todos los derechos de una persona, el cual seguirá vigente al no reunirse los ocho votos necesarios para invalidarlo. Mientras iglesias y organizaciones civiles de derecha festinaron la decisión de los togados a favor de la “ley antiaborto”, dirigentes y legisladores federales del PRI, PRD y PT lamentaron la decisión de máximo tribunal del país y condenaron el proceder de Felipe Calderón quien también pretende echar abajo la reforma en el Distrito Federal a través de su propuesta de quitar la reserva a la Carta de San José.
En el pleno de la “tremenda” Corte, el ministro Jorge Pardo se sumó a los tres ministros que el lunes y el martes se pronunciaron por rechazar el proyecto de invalidar la reforma de Baja California, con lo que la acción de inconstitucionalidad fue desestimada. Sólo se alcanzaron siete de los ocho votos necesarios para ese efecto con el voto de los ministros Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, presidente de la Corte, que apoyaron el proyecto de su colega Fernando Franco. Zaldívar insistió en que ninguno de los ministros se declararon en contra de la vida o a favor del aborto y subrayó que establecer el derecho absoluto a la vida, como lo plantea la reforma, “implica avasallar, desconocer, eliminar los derechos humanos de las mujeres, y esto me parece que es algo que un tribunal constitucional no puede en ningún modo avalar”.
Durante la tercera sesión en la que se analizó este trascendental asunto para la vida social del país, los ministros Salvador Aguirre, Margarita Luna, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo se pronunciaron en contra de la propuesta de invalidar la reforma, mientras que por la inconstitucionalidad se pronunciaron José Ramón Cossío, Sergio Valls, Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar, Fernando Franco y Juan Silva Meza.
La ministra Sánchez Cordero advirtió sobre las consecuencias de avalar el artículo 7 de la Constitución de Baja California al señalar que “restringe muchos otros derechos”. Explicó que como está redactada “es una norma que puede impactar en todos los ámbitos de la vida de las personas, sobre todo tratándose de derechos reproductivos de la mujer y su derecho a decidir”. Entre esos efectos, señaló “causas reconocidas por la legislación como puede ser la violación, o como es un aborto terapéutico cuando está en peligro la vida de la madre o cuando precisamente vienen una serie de malformaciones genéticas congénitas y la madre opta por abortar”. Añadió que se afecta además “su autodeterminación en materia de su sexualidad” por el uso de métodos anticonceptivos, y también afectaría los tratamientos de fertilización in Vitro.
En una acción de inconstitucionalidad, como es este caso, se requería de una mayoría de ocho votos de los integrantes de la SCJN para que la norma pueda ser declarada inconstitucional, pero sólo se obtuvieron siete votos, por lo que la acción se desestimó, lo que implica que no exista un precedente del Alto Tribunal en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California. Ello trae como consecuencia que la norma subsista tal y como fue elaborada por el legislador de esa entidad. Los ministros justificaron su resolución al señalar que se debatió la facultad de los Estados para legislar sobre temas que no están expresamente determinados por la Constitución Federal, así como si las reformas a la Constitución, de Baja California se contraponía o no a la Constitución Federal, es decir, subrayaron, se trató de una análisis estrictamente constitucional.
REGRESION
No obstante, dirigentes y legisladores de oposición no lo consideran así. Para el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, con esta resolución, que contradice la que tomaron cuando se analizó el mismo asunto en el Distrito Federal, “como órgano colegiado, la Corte ha faltado a un deber con la nación”. Acusó que Felipe Calderón presionó a los ministro; reiteró que es “una grosera intromisión en las decisiones de la Corte”; y destacó que es una incongruencia de los ministros que votaron por esa opción.
En el Senado de la República, legisladores del PRI, PRD y PT lamentaron la decisión de la SCJN de no declarar inconstitucionales las reformas a una ley en Baja California que penaliza el aborto y condenaron el posicionamiento que asumió Felipe Calderón. El perredista Pablo Gómez y el priista Pedro Joaquín Coldwell coincidieron en destacar que se violó el Estado laico. El quintanarroense puntualizó que “es una regresión que va a dar lugar a situaciones dramáticas en materia de salud y a criminalizar la pobreza”. Gómez recriminó que el Ejecutivo presione a la Suprema Corte y logre incidir en su votación. Alertó que ahora Calderón intentará echar abajo la reforma en el Distrito Federal a través de su propuesta, hecha esta semana, de quitar la reserva a la Carta de San José.
También la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reprobó el aval de la SCJN a la “ley antiaborto” y lamentó que no se hayan logrado los ocho votos necesarios para garantizar la vigencia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. A través de un comunicado, aseguró que “con la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009, la SCJN perdió una oportunidad histórica de proteger de forma integral y definitiva los derechos humanos de las mujeres en nuestro país”. La CDHDF manifestó su preocupación al señalar que el posicionamiento de los ministros en contra de la inconstitucionalidad de la norma son “traducción de visiones morales y religiosas particulares en criterios para la actuación de los poderes públicos”, y que sean estas visiones las que limiten el goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en México. Consideró que la determinación de la Corte representa un grave retroceso para el Estado laico y democrático de derecho y subrayó que con esta decisión “se violentará el ejercicio de los derechos humanos de más de la mitad de la población de este país”.
En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Amnistía Internacional (AI) aseveró que “es vergonzoso” que cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo. AI convocó a los gobiernos del continente a “promover con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niños”.
Por otro lado, la Arquidiócesis de México y la Confraternidad de Iglesias Cristianas festinaron la resolución de la SCJN que avala las reformas antiabortistas hechas a la Constitución de Baja California. El carácter político quedó destacado en la declaración del cardenal Norberto Rivera, quien aseguró que “resulta providencial que justo cuando los partidos del abominable crimen del aborto celebran el día de la despenalización de esta práctica asesina en América Latina y el Caribe, en el máximo órgano de justicia de la Nación un grupo de ministros haya asumido una postura valiente, responsable e histórica a favor de la misma”.
A su vez, colectivos feministas rechazaron que la resolución de la SCJN sea una derrota para el movimiento a favor de la irrupción legal del embarazo y celebraron que el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo se haya colocado en el centro de la discusión. Sofía Román Montes, integrante de Equidad y Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, destacó que “la mayoría de los ministros estuvo a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. En tanto que Sandra Romero, de Pan y Rosas, consideró que dicha resolución convoca al movimiento feminista a seguir realizando acciones para defender el derecho al aborto seguro en el país.
Y en Baja California, activistas criticaron que la decisión de la SCJN de mantener la reforma al artículo Séptimo de la Constitución local, lo que indicaron representa un retroceso de más de 150 años en materia de derechos humanos de las mujeres. Con la decisión del máximo tribunal, señaló el diputado local Francisco Javier Sánchez Corona, la mujer se convirtió en un objeto de reproducción, por lo que adelantó que junto con organismos civiles recurrirán a instancias internacionales para buscar que se revierta la reforma aprobada en esa entidad por la anterior legislatura.
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