Si a quienes tanto les preocupa el derecho de los no nacidos, les preocupara el de los niños de la calle que pululan en ellas sin ninguna posibilidad de futuro, otro sería el rumbo del país. Porque la realidad muestra que nadie de quienes se dicen defensores de la vida, muestra un mínimo interés en la vida entre comillas que llevan cada vez más infantes que vienen al mundo sólo a sufrir, a convertirse en carne de cañón de la delincuencia organizada, o morir incluso antes de llegar a la adolescencia, víctimas del abandono y de la ausencia total de oportunidades.
En realidad, condenar el aborto es más una actitud ideológica conservadora, que un verdadero interés ético por la vida. La mejor prueba de ello es que cada vez en nuestro país hay más “ninis”, no obstante los “defensores de la vida”, muchos de los cuales actúan de buena fe, pero sin ponerse a pensar en el trasfondo de esta supuesta defensa de los derechos humanos de los no nacidos. ¿Y los derechos humanos de las mujeres? ¿Cómo justificar el proceso a una menor de 15 años, encarcelada en Morelos, acusada de aborto?
Es sumamente peligroso que el país profundice sus contradicciones, de por sí lamentables, por una cuestión “moral” que no tiene razón de ser en pleno siglo veintiuno. Que pueda darse es demostración obvia de la urgencia de impulsar la educación en todos los niveles. Como bien señaló el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, lo razonable en este momento, más allá de ideologías y de “posturas personales”, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera un fallo respetuoso de los derechos humanos y de los tratados internacionales, “en plena congruencia con el trabajo que ha venido haciéndose a lo largo de los años”. Desafortunadamente no fue así.
Es indudable que las presiones del Ejecutivo sobre los ministros de la Corte pesaron en su decisión. La víspera a la votación, Felipe Calderón demandó al Senado que retirara la declaración interpretativa sobre el Pacto de San José, a efecto de que el Estado mexicano defienda la vida desde la concepción. A su vez el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, publicó un desplegado en un diario en el que fijó su posición personal de rechazó al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Son muchos y muy graves los problemas sociales que afectan a México, para seguir sumando más con propósitos políticos injustificables, como sucede con el interés de grupos conservadores en dizque defender el derecho a la vida. Es muy evidente que una nación sin una infancia plenamente protegida, a la que no se le garanticen sus derechos elementales, está condenada al fracaso. ¿Qué objeto tiene obligar a madres violadas a gestar un niño no deseado? ¿Cuál es el sentido de rechazar una elemental planificación familiar, acorde con las posibilidades de una familia para dar una educación digna a sus vástagos?
Como bien señaló el ministro Arturo Zaldívar, “el aborto no es un deporte o un ‘hobby’ para las mujeres, es un drama humano al cual llega la mujer en situaciones que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar”. Y además se le castiga como si viviéramos en la edad media, cuando lo verdaderamente ético es ofrecerle condiciones para hacer menos dolorosa su situación. Puntualizó asimismo: “Negar a la mujer en ciertos supuestos a interrumpir el embarazo, implicaría continuar con este círculo de marginación y de discriminación. El Estado democrático tiene que respetar la pluralidad y la libertad de todas las personas”.
La planificación familiar es un derecho fundamental en un Estado democrático, independientemente de posturas religiosas e ideológicas. Es una injustificable aberración obligar a las parejas a “tener los hijos que Dios quiera mandar”. Tal premisa no tiene razón de ser en un país donde la sobrepoblación es un problema no sólo demográfico sino estructural. Si en estos momentos hay más de siete millones de adolescentes que ni estudian ni trabajan porque no tienen la oportunidad de hacerlo, seguir con la idea medieval de llenarse de hijos una familia es condenarla no sólo a ella a sufrimientos inenarrables, sino al país en su conjunto.
Esto no lo tomaron en cuenta los ministros conservadores que votaron a favor de la ley antiabortista de Baja California, quienes con su actuación abrieron una llaga que va a tardar mucho en cerrarse. Se perdió la oportunidad para poner punto final a una discusión perversa que divide más a la sociedad nacional. Lo sensato hubiera sido que unánimemente decretaran la inconstitucionalidad de dicho ordenamiento, tal como lo hicieron los siete que sufragaron conforme a una verdadera postura democrática y progresista. Qué pena que una mujer haya actuado como verdugo de las mujeres. Margarita Luna Ramos pasará a la historia por su traición de género.
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