Los casos de tráfico de seres humanos registrados en México, principalmente contra mujeres, niños/as, se agravan cada día. Con el propósito de dar visibilidad a estos casos, el Observatorio contra el Tráfico de Personas con Fines Explotación Sexual y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, están convocando a los pobladores del distrito Federal mexicano a participar, enviando informaciones o denunciado los casos en el sitio web http://www.camontesinos.org.mx/.
Según el llamado del Observatorio contra el Tráfico de Personas, anualmente 10 mil mujeres son explotadas en el país. Los números ponen a México en segundo lugar en América Latina con la mayor cantidad de mujeres y niños/as explotados sexualmente, quedando solo detrás de Brasil.
Para las organizaciones, el crimen puede estar relacionado con varias cuestiones, entre ellas, la extrema pobreza y ausencia de derechos básicos como empleo y educación, facilitando así el involucramiento de niños/as y mujeres, atraídos por falsas promesas de mejoría de vida.
La situación se complica aún más, porque la legislación del país y la política pública del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar el Tráfico de Personas no consiguen dar una respuesta eficiente a los casos presentados.
Una de las razones para esa deficiencia es que no hay base de datos sobre el crimen de tráfico y crímenes relacionados como feminicidio, secuestro de migrantes y transmigrantes, violencia contra mujeres, desaparición de mujeres, niñas y niños.
El comunicado subraya que "no existe un diagnóstico del fenómeno que relacione las modalidades de la trata en el país con la migración, el abuso de los usos y costumbres de comunidades indígenas y campesinas, la pobreza, la corrupción, las carencias afectivas y la pérdida de la solidaridad siendo que éstos son factores que facilitan el fortalecimiento y operación del sistema proxeneta”.
Entre las denuncias apuntadas por las organizaciones está la falta de investigación de los casos, la impunidad, además de la falta de personal capacitado para atender a las víctimas. En todos los casos registrados, solamente 40 fueron investigados por los órganos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF).
Además de las denuncias de violación y explotación de los casos existentes en el país, las organizaciones instan "al estado mexicano a cumplir con sus obligaciones y proteger los derechos humanos y libertades de sus habitantes; A modificar la legislación acorde con los tratados firmados y ratificados, sobre todo aquellos referidos a la violencia contra la mujer, como son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, entre otras.
Más informaciones a través del sitio web: http://www.camontesinos.org.mx/.
Traducción: Ricardo Zúniga
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