Este estudio, realizado a siete mil 416 mexicanos en el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guerrero,
Chihuahua y Estado de México, reveló que el 61 por ciento de los que viven en esos estados han dejado de salir en la noche
De forma permanente, la administración de Felipe Calderón se ha ocupado de dar la impresión de que sus actividades en contra de la delincuencia organizada dan resultados y para tal efecto no han dudado en hacer sondeos a modo y por encargo y en dar a conocer reportes equívocos sobre los avances alcanzados. Uno de esos esfuerzos es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE) que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y que “fue hecha a modo” para evaluar la actual administración federal. Así lo acusó el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICES), quien señaló que “es notoria una premura irresponsable por hacer cambios en la encuesta en un momento crucial para evaluar el periodo que coincide con al gestión del actual gobierno federal”.
La organización ciudadana que encabeza Luis de la Barreda, sostuvo que el Inegi introdujo cambios en los cuestionarios y metodología de recolección de datos, rompiendo con las encuestas de victimización anteriores, haciendo con ello que los datos no puedan ser comparables. Entre los cambios que se realizaron está la eliminación del delito de secuestro como uno de los ilícitos a medir en el instrumento. De ahí la importancia de considerar otros sondeos en la materia como la Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia, realizada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C. (Casede), el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (Ipade) y Sistemas de Mercados de Opinión S. C.
Este estudio, realizado a siete mil 416 mexicanos en el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Estado de México, reveló que el 61 por ciento de los que viven en esos estados han dejado de salir en la noche por temor a la violencia relacionada con el narcotráfico, 35 por ciento han dejado de visitar a amigos o parientes en ciertas zonas de su ciudad y 30% dejó de salir a carreteras federales o estatales.
No obstante esos resultados, la administración federal insiste en no moverse un ápice de su actual estrategia y se enfoca en desdibujar a los movimientos ciudadanos que se oponen a su política policiaco-militar contra las organizaciones delincuenciales y que buscan otros caminos para resolver el problema de la inseguridad en el país. En este contexto, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acusó a Calderón de “deshonrar su palabra” para darle seguimiento a sus demandas. El encuentro pactado para evaluar los avances de las mesas de trabajo fue modificado por una reunión con un conjunto de organizaciones, con la pretensión de “diluir el Movimiento”, acusó Javier Sicilia, quien señaló esto como una traición de la clase política que no está entendiendo la gravedad de la emergencia nacional.
Por ese motivo, el poeta emplazo a Felipe Calderón a un encuentro el próximo 7 de octubre en el Castillo de Chapultepec, en los términos comprometidos el 23 de junio pasado cuando se comprometió a un nuevo encuentro. Ante su llamado, la tozudez: el subsecretario de Gobierno de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez, llamó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a que participe en el “encuentro amplio, plural y ordenado” para el próximo 7 de octubre, y dijo que “no hay razón para que se rompa el diálogo”. El cinismo por delante, una vez más.
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