Raúl Plascencia Villanueva
Uno de los retos institucionales más grandes que tiene el Estado en esta segunda década del siglo XXI es lograr restablecer el tejido social, que se ha visto seriamente afectado por los diversos problemas que enfrenta nuestro país: crisis económica, desempleo, inseguridad, delincuencia y la violencia que sufren diversos sectores de la población. Su recuperación corresponde en primer orden a los servidores públicos y a las instituciones de las que forman parte.
Sin embargo, no debe dejarse de lado el papel de la sociedad cada vez más participativa involucrada en la problemática pública. Por eso es indispensable superar situaciones y tendencias añejas en el Estado, como pretender marginar a la población de los problemas nacionales, circunstancia que para algunos gobernantes llega a ser necesaria y olvidan que si no existen objetivos comunes que nos vinculen como sociedad nos encontraremos desprotegidos frente a la delincuencia y a expensas de lo que pueda llevar a cabo el aparato oficial, que en ámbitos como el de la seguridad pública se encuentra en niveles de eficiencia muy limitados. Atento a lo anterior, es posible afirmar que los retos que enfrentan las instituciones son innumerables. Se requiere de su fortalecimiento, así como de la suma de esfuerzos con los diversos sectores sociales.
También se puede caer en la tentación por parte de algunos agentes del Estado de emplear medios que vulneren los derechos humanos, con el objetivo de cumplir su función. La destrucción de este tejido lleva implícito el muy grave riesgo para la sociedad mexicana de desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Para evitarlo, se debe contar con un marco jurídico que atienda las demandas de la gente y busque fortalecer el llamado tejido social, eludiendo las desigualdades ante la ley, pero sobre todo haciéndola efectiva para que no se convierta en letra muerta.
Cuando los bienes, servicios, recursos y los espacios públicos se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados, se va perdiendo el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias o el beneficio individual. En efecto, al afectarse el tejido social se puede apreciar el surgimiento de espacios privados como una respuesta para lograr la autoprotección, con la consecuente degradación del espacio público. Esto conduce al aislamiento de las personas y con ello se paga un precio. Tal circunstancia resulta de gravedad porque conlleva en muchas ocasiones a que el Estado vaya perdiendo el monopolio de funciones propias y básicas que garanticen su existencia, así como el uso de la fuerza y la protección a la población en general.
Entonces, como consecuencia la sociedad se aleja de las instituciones y decide buscar sustitutos privados. Frente a este escenario, hay necesidad de incrementar las acciones que articulen la participación de los diversos sectores de la población y los distintos ámbitos de gobierno, con el objetivo de alcanzar una convivencia pacífica y armónica a la que todos tenemos derecho, cuya piedra angular es el cumplimento de los deberes por parte de servidores públicos y de la población en general.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Uno de los retos institucionales más grandes que tiene el Estado en esta segunda década del siglo XXI es lograr restablecer el tejido social, que se ha visto seriamente afectado por los diversos problemas que enfrenta nuestro país: crisis económica, desempleo, inseguridad, delincuencia y la violencia que sufren diversos sectores de la población. Su recuperación corresponde en primer orden a los servidores públicos y a las instituciones de las que forman parte.
Sin embargo, no debe dejarse de lado el papel de la sociedad cada vez más participativa involucrada en la problemática pública. Por eso es indispensable superar situaciones y tendencias añejas en el Estado, como pretender marginar a la población de los problemas nacionales, circunstancia que para algunos gobernantes llega a ser necesaria y olvidan que si no existen objetivos comunes que nos vinculen como sociedad nos encontraremos desprotegidos frente a la delincuencia y a expensas de lo que pueda llevar a cabo el aparato oficial, que en ámbitos como el de la seguridad pública se encuentra en niveles de eficiencia muy limitados. Atento a lo anterior, es posible afirmar que los retos que enfrentan las instituciones son innumerables. Se requiere de su fortalecimiento, así como de la suma de esfuerzos con los diversos sectores sociales.
También se puede caer en la tentación por parte de algunos agentes del Estado de emplear medios que vulneren los derechos humanos, con el objetivo de cumplir su función. La destrucción de este tejido lleva implícito el muy grave riesgo para la sociedad mexicana de desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Para evitarlo, se debe contar con un marco jurídico que atienda las demandas de la gente y busque fortalecer el llamado tejido social, eludiendo las desigualdades ante la ley, pero sobre todo haciéndola efectiva para que no se convierta en letra muerta.
Cuando los bienes, servicios, recursos y los espacios públicos se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados, se va perdiendo el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias o el beneficio individual. En efecto, al afectarse el tejido social se puede apreciar el surgimiento de espacios privados como una respuesta para lograr la autoprotección, con la consecuente degradación del espacio público. Esto conduce al aislamiento de las personas y con ello se paga un precio. Tal circunstancia resulta de gravedad porque conlleva en muchas ocasiones a que el Estado vaya perdiendo el monopolio de funciones propias y básicas que garanticen su existencia, así como el uso de la fuerza y la protección a la población en general.
Entonces, como consecuencia la sociedad se aleja de las instituciones y decide buscar sustitutos privados. Frente a este escenario, hay necesidad de incrementar las acciones que articulen la participación de los diversos sectores de la población y los distintos ámbitos de gobierno, con el objetivo de alcanzar una convivencia pacífica y armónica a la que todos tenemos derecho, cuya piedra angular es el cumplimento de los deberes por parte de servidores públicos y de la población en general.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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