Nomás eso nos faltaba en un estado donde el gobernador —el siempre sonriente y multiproteínico Javier Duarte— es ya firme candidato al récord Guinness global por el más desastroso inicio de un gobierno en todos los tiempos. Parece, además, marcado por el signo fatal de aquellas personas tan desafortunadas que compran un circo y le crecen los enanos.
Y es que a los naturales e inevitables huracanados desastres y su secuela de inundaciones, el joven Javier ha añadido sus propias desgracias, inexperiencias y torpezas. Nada más en los 10 días recientes: la comedia de equivocaciones de los tuiteros en la que quedó como represor, una triple fuga simultánea de 34 reos de tres cárceles veracruzanas distintas; tres días después, el tiradero de 35 cuerpos sin vida a plena luz del día y en la víspera de la “cumbre” de procuradores y presidentes de tribunales de justicia de todo el país, para que se sepa quién manda en Veracruz; luego sus pleitos infantiles con los medios por negarse a reconocer —como si eso hiciera gran diferencia— que otros 14 habían sido aventados a las calles de Veracruz y Boca del Río.
Pero el colmo es lo de apenas antier. Una inédita y coordinada aparición de narcomantas dirigidas al Senado en las que, en el estilito habitual, se cuestiona hasta al propio presidente Calderón y se acusa a la Marina de complicidades con El Chapo y de un centenar de levantones y desapariciones. Lo increíble es que aparecieron sincronizadamente en 19 ciudades y pueblos veracruzanos tan relevantes como Veracruz, Xalapa, Cardel, Misantla, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosamaloapan y Poza Rica.
Sin embargo, lo peor ha sido la aparición en YouTube y —cosas de la digitalización— en el BlogdelNarco.com, un video en el cual aparecen cinco individuos vestidos de negro y encapuchados frente a una mesa rectangular y con cinco botellas de agua enfrente de cada uno; todos con apariencia de tránsfugas de la Triple A; el que habla, con una mezcla tonal de Jack el Destripador, Miguel Inclán en María Candelaria y Chucho el Roto.
El discurso merecería un imposible análisis de Kafka, San Francisco de Asís —paz, hermano lobo— y el doctor Bolaños Cacho: “A las autoridades federales, estatales, municipales y a la sociedad en general: como es sabido por todos ustedes, la situación de inseguridad que vive el país se ha reflejado en todos los ámbitos, políticos, económicos, sociales y militares, convergiendo todo ello en los más desprotegidos por las circunstancias propias de su forma de vida. Hacemos mención de lo anterior para que se entienda cuál es nuestro papel en este problema… esta fuerza constituye el brazo armado del pueblo y para el pueblo, nuestro único interés es el cártel de Los Zetas, por lo que respetamos a las Fuerzas Armadas… Condenamos a los malos servidores públicos que, con su apoyo, hacen que este flagelo de la sociedad siga haciendo daño… Pedimos que los funcionarios y autoridades que apoyan a Los Zetas dejen de hacerlo… que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros Los Mata-Zetas no extorsionamos, no secuestramos y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación…”.
Luego, en lo que parece un reconocimiento de culpabilidad por los muertos arrojados a las calles, se justifican: “Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad y al pueblo de México y a las autoridades federales, les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos; la intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no son invencibles (sic) y que ya no se dejen extorsionar, cada quién su lucha y sus miedos…”.
Total, un video y un texto galimatiesco que, por lo pronto, ya generó reacciones encontradas en el gobierno federal: primero, Gobernación emitió un boletín supuestamente conjunto con la PGR dando por hecho que se abría una investigación; luego la Procuraduría, ya con su puro logotipo, habría de aclarar mediante otro comunicado oficial que ni siquiera ha atraído la investigación por los 35 cuerpos, menos aun por el video.
No sé usted, pero yo más que respuestas tengo preguntas: ¿puede tener un cártel de reciente formación capacidad de fuego y organizativa para perpetrar con su debut una masacre así? ¿De verdad, nadie sabía de su existencia? ¿Ningún organismo de inteligencia del gobierno, Fuerzas Armadas o Seguridad Pública tiene algo que decir? O la clave habrá que buscarla en la declaración del gobernador Duarte en su Twitter, cuando le arrojaron los 34 muertos: “Es aberrante e indignante, repudio lo que ocurrió ayer, sin embargo, el mensaje es muy claro, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”.
ddn_rocha@hotmail.com
s, que el gobierno federal encabeza la lucha contra el crimen con fundamento en la ley y a través de las instituciones formalmente constituidas para ello, y añadió que
cualquier otra expresión que pretenda erigirse en combatiente del crimen carece de legitimidad necesaria y, con independencia de la causa o motivación, enfrentará la fuerza del Estado.
La declaración no puede desvincularse del hallazgo, ocurrido la semana pasada, de 35 cadáveres colocados en una transitada vía de Boca del Río, Veracruz, en lo que constituye, hasta ahora, el indicio más verosímil de la presencia y acción de grupos dedicados al exterminio de delincuentes reales o presuntos, y de quienes puedan parecer, a ojos de los asesinos, como indeseables sociales.
Aunque el funcionario federal no haya hecho referencia explícita a ese suceso, y a pesar que no hay pruebas contundentes sobre la existencia de ese tipo de organizaciones, los dichos referidos parecieran un reconocimiento tácito de una perspectiva cuya viabilidad se fortalece, entre otros elementos, con los comunicados en video difundidos a través de Internet por una entidad autodenominada Cártel de Jalisco Nueva Generación-Matazetas, y con acusaciones como las formuladas de manera precipitada –a unas horas de la macabra aparición– por autoridades estatales de que los asesinados de la semana pasada tenían, en su totalidad o en su gran mayoría, vínculos con la delincuencia organizada, en lo que pareció, si no una justificación, al menos un atenuante de la masacre.
Más allá de ese atroz episodio, es difícil explicar la extensión de la violencia y muerte que se registra en el país en el contexto de la guerra contra la delincuencia
, a la que suma la presencia de grupos irregulares que operan con el propósito de aniquilar a sectores específicos de la delincuencia, y que son tolerados, alentados o incluso organizados desde alguna instancia del poder público. Al respecto, es inevitable recordar el desparpajo con que el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, anunció en su momento que cometería diversas acciones al margen de la ley, entre ellas, la constitución de un comando rudo
. Otro elemento que hace suponer que en nuestro país se lleva a cabo una estrategia de limpieza social
son las recurrentes masacres ocurridas en centros de rehabilitación de adicciones en ciudades como Ciudad Juárez, Durango y Tijuana. Por lo demás, hay diversos indicios de que integrantes de corporaciones oficiales colaboran o han colaborado con la delincuencia para atropellar los derechos básicos de personas en estado de indefensión; un ejemplo de ello es la recientemente descubierta venta
de migrantes a los zetas por agentes del Instituto Nacional de Migración.
En el presente contexto nacional de violencia, barbarie y devaluación de la vida humana, la presunción de la existencia de organizaciones paramilitares es alarmante, no sólo por cuanto encierra la pretensión de defender la legalidad violándola y de combatir a la violencia y criminalidad por métodos violentos y delictivos: lo es también porque tales grupos –se sabe desde siempre– tarde o temprano terminan por salirse del control de quienes los alientan, o financian. Es conveniente recordar lo ocurrido en Colombia, donde las organizaciones paramilitares, financiadas, respaldadas y armadas en sus inicios por empresarios, terratenientes y políticos cercanos al poder, como hace poco se documentó el vínculo con el ex presidente Álvaro Uribe, han asesinado a unas 150 mil personas, según datos de la Fiscalía General de la nación andina.
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