Mitin de defensoras de los derechos reproductivos
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 27 sep 11 (CIMAC).- Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres exigieron a los gobiernos estatales y a los congresos locales que garanticen a sus ciudadanas el aborto en condiciones seguras y de legalidad, al menos en tres causales apremiantes: violación sexual, peligro de muerte o grave daño a la salud de la gestante y por malformaciones del producto.
A pesar de que por estas causas el aborto es legal en la mayoría de los estados del país, en los hechos las mexicanas no tienen acceso efectivo a este derecho, sostuvo Adriana Jiménez, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), durante un mitin realizado hoy en el Hemiciclo a Juárez en esta ciudad.
Como parte del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora cada 28 de septiembre desde 1990, la representante de Ddeser llamó a las autoridades estatales para que respeten las causales no punibles de aborto vigentes en el país.
Lo anterior, dijo, con el objetivo de salvaguardar la vida y salud de las mujeres, ya que se calcula que en el país cada año se practican entre 500 mil y 800 mil abortos en condiciones inseguras, y una de cada cinco mujeres que interrumpen su embarazo en esas condiciones sufre complicaciones de salud.
En las últimas dos décadas el aborto inseguro provocó 7 por ciento de todas las muertes maternas; de 1990 a 2009 murieron mil 860 mujeres, adolescentes y niñas por padecimientos ligados al embarazo, parto y puerperio, según un análisis de Ipas-México con base en información oficial.
Actualmente existen siete causales que varían en cada estado, de las cuales, la única vigente en las 32 entidades federativas es por violación sexual. Sólo en Yucatán el aborto es legal por razones económicas cuando la mujer tiene al menos tres hijos. Y sólo en el DF es permitido a solicitud de las ciudadanas hasta las 12 semanas de gestación.
En 30 estados las mujeres pueden tener acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando el aborto es imprudencial (espontáneo), en 29 entidades cuando la gestante esté en peligro de muerte, en 14 cuando el producto tenga malformaciones genéticas o congénitas, y en 12 por grave daño a la salud de la mujer. En 11 estados el aborto es permitido cuando el embarazo es resultado de una inseminación artificial no consentida.
La aplicación de estas causales requiere de un reglamento que establezca los procedimientos que deben seguirse para que las mujeres tengan acceso al aborto en condiciones seguras y de legalidad. A la fecha la ILE sólo se ha reglamentado en Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, DF, Chihuahua, Colima y Baja California Sur.
El reglamento se necesita para facilitar la aplicación de las causales no punibles de aborto, pero no es imprescindible, por lo que las autoridades “con o sin reglamento” están obligadas a brindar servicios de salud con personal capacitado y sensibilizado, refirió Adriana Jiménez.
Para lograrlo, las integrantes de Ddeser realizan una campaña para dar a conocer las excepciones de aborto en los estados para que las mujeres “conozcan este derecho y lo puedan exigir”.
De igual modo su labor va encaminada a lograr la despenalización del aborto. “Buscamos que las leyes avancen como en el DF”, donde, desde la aprobación de la ILE en abril de 2007, “se han salvado las vidas de más de 65 mil mujeres”, adolescentes y niñas, al practicarse abortos en condiciones adecuadas, destacó.
Al menos 638 mujeres provenientes del interior de la República han acudido a los servicios de ILE en el DF; entre las usuarias están las habitantes de los 17 estados del país donde “458 legisladores del PRI, PAN, PVEM, Panal, PRD, Convergencia atentaron contra los derechos de las mujeres”, pues penalizaron el aborto al “proteger la vida desde la fecundación-concepción” con reformas a sus Constituciones locales de 2008 a 2010.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el debate acerca de la constitucionalidad de las modificaciones que en ese sentido hicieron los Congresos de Baja California y San Luis Potosí.
En la discusión están los proyectos de sentencias del ministro Fernando Franco, en los que refiere la inconstitucionalidad de ambas reformas argumentando que el “derecho a la vida” se debe proteger sin que obstaculicen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Al respecto, el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres refirió en un comunicado que el debate abre la oportunidad “de que al menos dos de esos agravios sean declarados nulos. Esta ofensiva contra los derechos debe detenerse pues representa en los hechos la criminalización y penalización de nuestros derechos”.
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