PARTE I
Por: Emma Martínez /
19 mayo, 2015
(19 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “La tortura sexual
está fuera de control en México, y eso no sólo afecta a la persona que
la sufre, sino a la sociedad en su conjunto”. Bárbara Italia Méndez,
sobreviviente, San Salvador Atenco, Estado de México
En México la violencia sexual como forma de tortura, ejercida por
elementos de seguridad del Estado, incluye una forma de discriminación
por razón de género, en la que se violenta el cuerpo y la libertad de
las mujeres por medio de agresiones sexuales que pueden incluir
violación, agresiones físicas en las partes más íntimas y/o la amenaza
de cometer esos actos. Lo anterior ya reconocido por el Comité contra
la Tortura de Naciones Unidas y Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Claudia Medina Tamariz declaró a Amnistía Internacional, que
miembros de la Marina irrumpieron en su casa en Veracruz, el 7 de
agosto de 2012, le ataron las manos y le vendaron los ojos antes de
llevarla en una camioneta a la base naval local. Allí la torturaron
mediante descargas eléctricas, la agredieron sexualmente, le propinaron
golpes y patadas y la dejaron atada a una silla bajo el calor abrasador
del mediodía. Al día siguiente, le volvieron a vendar los ojos y la
trasladaron a la PGR junto con otras personas detenidas. La
interrogaron, y un elemento de la Marina la presionó para que firmara
una declaración sin permitirle leerla, donde aseguró ser miembro de una
banda dedicada al tráfico de drogas. No se ha abierto una investigación
de los hechos.
“México está siendo observado por organismos nacionales e
internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), primero por Atenco,
uno de los casos más sobresalientes, sin dejar pasar el de las
indígenas de Guerrero, víctimas también de tortura sexual por parte de
militares. Todo apunta a que no hay voluntad política de resolver tan
grave problemática, porque mientras diversos órganos denunciamos la
tortura sexual, el Estado mexicano se niega a reconocer la existencia
de tal acción, y si lo hace, trata de repararlo sólo económicamente,
pero jamás ve la situación de fondo, al contrario, se dice que el
problema es de ‘algunos’ cuantos policías, unos ‘cuantos’ militares,
unos ‘cuantos’ federales, quienes se conducen de dicha manera”, afirma
Edith Mascareño Granados, Coordinadora de Rehabilitación del Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad.
Y agrega: “la realidad es que la tortura sexual es parte del
terrorismo de Estado que está viviendo México, desde hace varios años,
como forma de control y sometimiento de toda la población, dicho acto
de violencia tiene el objetivo de paralizar y romper el tejido social
de una sociedad, ya que al someter a la sociedad de esa forma, ésta
será temerosa. Porque el gobierno envía la prueba ‘de lo que te puede
pasar si protestas, o proteges su territorio o simplemente transitas
por una calle”.
Además asegura que, antes se pensaba que la tortura, incluida la
sexual, se usaba para perjudicar a ciudadanos que participaban
movimientos sociales, hoy en día nos puede pasar a cualquiera, hombre y
mujer por igual, en cualquier circunstancia. Toda la población somos
sensibles a ser torturado sexualmente, lo anterior a fin de que el
Estado encuentre a un ‘culpable’ con tal de cumplir con su rendimiento
de cuentas; Peña Nieto aseguró que en cualquier circunstancia se daría
paso a la suspensión de derechos para que se realice la investigación,
sobre todo en el tema del crimen organizado.
“Así, la suspensión de derechos equivale a torturar para tener
información, se equivoque o no, finalmente después lo ‘repara’, es así
como el derecho de integridad personal queda sin efecto. Esto lo
comprobamos con la inexistencia de sentencias en casos de tortura
sexual. Lo mucho que se puede conseguir, como en el caso de las
indígenas de Guerrero, es una disculpa, y lo hizo un funcionario de
bajo nivel, no hay un reconocimiento real de que la tortura perpetrada
por militares. Si el Estado no ofrece disculpas por medio de un alto
mando, es porque aceptaría que la tortura sexual es un método de
obtención de declaraciones. Ante los ojos del gobierno, en México no se
tortura, no existe desaparición forzada y no hay ejecuciones
extrajudiciales, aunque existen cientos de casos que dicen lo contrario.
Belinda Garza Melo fue detenida en Torreón, Coahuila, hace 7
años, por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes por
más de 40 horas la torturaron física, sexual y psicológicamente. Tres
meses después fue presentada ante los medios de comunicación como
integrante del cártel del Golfo. “Fui una víctima de la guerra contra
el crimen organizado, impulsada desde el sexenio anterior”.
En Washington, la CIDH realizó un ejercicio en donde participó el
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (PRODH), junto a la
Comisión Mexicana de Defensa para los Derechos Humanos y otras cuatro
organizaciones convocantes, en esa audiencia la temática fue la
tortura sexual en México.
En dicho encuentro se denunció al Estado mexicano. El principal
punto fue la visibilidad del fenómeno de la tortura sexual a manos de
agentes Estatales (militares, marinos, policías, ministeriales y
federales), además de señalar que los casos de tortura sexual han
quedado en la impunidad, siendo ésta la manera en que el gobierno
esconde este tipo de hechos quedando así en el olvido, ya que no existe
castigo para los responsables.
Además se afirmó que existe una gran inacción por parte del Estado
Mexicano ante las denuncias de mujeres que ha sufrido tortura sexual.
“Existen dos vertientes en la tortura sexual: la primera tiene que
ver en cómo las mujeres han sido criminalizadas y el uso de esta
violencia para inculparlas en procesos penales; y la segunda es el reto
que representa para ellas la decisión de denunciar. Porque detrás de
esta grave problemática existen muchas intenciones, no solamente es
obtener una confesión, que muchas veces se logra, pero en varios casos
hemos visto que no necesariamente hay una confesión donde diga ‘sí soy
culpable de un delito’, sino también es una forma de represión por
medio de métodos de intimidación”, asegura la abogada Gabriela Carrión
Lee, colaboradora del área de Defensa de PRODH.
“También se debe tomar en cuenta las maneras y las formas en que
estos agentes estatales utilizan los actos de tortura sexual, ya que no
solamente consisten en una violación física, también puede haber
maltrato psicológico, uso de estereotipos basados en género, amenazas
para sus familiares, incluso muchas veces hacen a las mujeres testigos
de las torturas hacia sus seres queridos o parejas, uno de los
principales patrones que se pueden observar en la actuación de agentes
estatales”, comenta Carrión Lee.
Amnistía Internacional sentencia que el gobierno de Enrique Peña
Nieto se ha distanciado de la explosión de violencia y violaciones de
derechos humanos que se inició durante el mandato de su antecesor.
Y considera que es imprescindible que tome las medidas a nivel
doméstico para garantizar que este tipo de abuso no vuelva a ocurrir, y
que asegure la debida diligencia en la investigación de casos de
tortura sexual contra las mujeres, para que los responsables rindan
cuentas ya que hasta este momento ni siquiera ha hecho pronunciamiento
alguno.
En 2002 en dos eventos diferentes, Inés Fernández Ortega y
Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa del estado de Guerrero,
fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo
la tortura sexual, cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas.
El 1 de octubre del 2010, la CIDH notificó dos sentencias
condenatorias contra el Estado mexicano, que entre otras medidas de
reparación del daño de no repetición, ordenó la investigación y
subsecuente sanción de los responsables. A 12 años de los hechos, tras
una larga lucha, los procesos penales contra los presuntos responsables
de las graves violaciones de derechos humanos, apenas se encuentran en
su etapa inicial en juzgados civiles.
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