Presume “logros” en Ginebra, pero es cuestionado por pendientes
Con una ley que aún no es reglamentada ni armonizada en todo el país y carece de presupuesto para su implementación y con promesas de reformas legales, el Estado mexicano dio respuesta a los cuestionamientos del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC, por sus siglas en inglés), que evaluó el estado de la infancia en nuestro país.
Hoy se celebró la primera audiencia a la que el Estado mexicano debe de acudir para solventar su cuarto y quinto informe respecto al cumplimiento de lo contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de las recomendaciones que le han sido emitidas para garantizar los Derechos Humanos (DH) de la niñez mexicana.
Cabe recordar que México es una de las 195 naciones que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que es revisado periódicamente por el Comité conformado por 18 especialistas internacionales. Es así que una delegación de entre 25 y 30 funcionarias y funcionarios mexicanos acudió a Ginebra, Suiza.
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, fueron los encargados de informar al Comité sobre los “avances” del Estado mexicano en materia de protección de la infancia.
Presumieron la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en diciembre de 2014 y que pretende establecer el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que se “armoniza ya en los estados”.
También mencionaron el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amparó a un niño que sufrió “bullying” (acoso escolar) en una escuela particular del Estado de México.
Enlistar los grandes logros de México no impidió que las y los expertos formularan severos cuestionamientos a la delegación mexicana, especialmente en los temas que reiteradamente han sido señalados en observaciones y recomendaciones, como es el embarazo temprano, las elevadas cifras de muerte materna entre adolescentes, y el poco acceso a métodos anticonceptivos.
México –según cifras oficiales– tiene la tasa de natalidad más alta entre miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para mujeres de 15 a 19 años de edad, con 64.2 nacimientos por cada mil nacidos vivos.
Se estima que 17.4 por ciento de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 10 años, y entre 60 y 80 por ciento no son planeados.
Jorge Cardona, experto internacional de España, si bien reconoció la creación de una Ley General, preguntó cómo se hace la implementación de la nueva ley, ya que no cuenta con un plan económico y el presupuesto destinado a políticas públicas para la atención a la infancia es “mínimo”.
También demandó que el gobierno mexicano explicara cuáles son las políticas activas que tiene para eliminar la discriminación a niñas indígenas y niñas en general, y que se argumentara cómo las políticas públicas transitaron de un enfoque asistencialista a un enfoque de DH.
El resto de especialistas del Comité formuló cuestionamientos sobre las necesarias reformas a los códigos civiles locales que no son homogéneos y establecen edades mínimas diferentes para que mujeres y hombres puedan contraer matrimonio, lo que no ha permitido la erradicación del matrimonio infantil, que constituye una violación a los DH.
En el mismo tenor, cuestionaron a la delegación mexicana sobre las razones por las que no se brinda protección adecuada a las víctimas de violencia sexual, tortura y muchos de los agresores permanecen sin castigo.
También se inquirió sobre las medidas tomadas para atender a la infancia migrante en tránsito, erradicar la discriminación a las y los niños que enfrentan alguna discapacidad, entre otros temas.
En su oportunidad, el Estado mexicano aseguró que se armonizará la Ley General en las entidades durante este año, y que se tiene “voluntad” de reformar el Código Civil nacional para que la edad mínima para el matrimonio sean los 18 años. Atajó también que “el embarazo en adolescentes ya tiene una estrategia y recursos”.
Finalmente el Comité de la ONU pidió a México una ruta crítica para implementar la ley de la infancia.
La evaluación del Estado mexicano continuará mañana y se abordarán temas pendientes, como el incremento de la violencia en México y su impacto negativo en la infancia. Los resultados finales de la evaluación se publicarán el próximo 10 de junio.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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