Magdalena Gómez
El
caso de Nestora Salgado es emblemático de la colusión de Estado con
grupos de poder para violar la ley. Como sabemos, desde hace 21 meses
está confinada el Centro Federal de Readaptación Social 4 (Cefereso),
ubicado en Tepic, Nayarit, aproximadamente a mil kilómetros de
distancia de su comunidad de origen. Fue acusada de privación ilegal de
la libertad en la modalidad de secuestro y secuestro agravado. Desde un
inicio campeó la arbitrariedad: como señaló su actual abogado, Leonel
Rivero, fue trasladada al penal de alta seguridad, no por una orden
judicial; el secretario de Seguridad Pública de Guerrero (Sergio Lara
Montellanos) fue quien solicitó a la autoridad federal que fuera
internada. Incluso, y como evidencia de la colusión, la solicitud fue
presentada, horas antes de ser detenida.
Actualmente sigue en ese penal donde ha sufrido toda suerte de
vejaciones y aislamiento, que han agravado sus problemas de salud, no
obstante que ya no tiene acusación por delito federal. La Procuraduría
General de la República se desistió de la acusación de secuestro al no
encontrar elementos. En consecuencia, el 31 de marzo de 2014 el primer
tribunal unitario del vigésimo primer circuito del Poder Judicial de la
Federación, dentro del proceso penal federal, decretó libertad para
Nestora Salgado en cuanto al delito de delincuencia organizada,
reconoció que ella tiene la calidad de indígena tlapaneca al haberse
adscrito de esa manera en su declaración preparatoria. Las acusaciones
quedaron sólo por delitos del orden local; incluso y como paradoja, el
gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, solicitó al procurador de
Justicia de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, que analizara la
opción del desistimiento y éste determinó que no hay lugar para ello.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el
pasado enero medidas cautelares a su favor. Entre otras, el traslado a
un penal que le permita atención médica y el gobierno federal apenas
este lunes celebró una reunión al respecto. Esperamos que sus
resultados, aun cuando tardíos, sean positivos.
Las fallas en el debido proceso son numerosas (entre otras, la falta
de asistencia consular al contar con doble nacionalidad, pues fue
migrante en Estados Unidos; no le han permitido ampliar su declaración
ni la realización de careos con quienes la han acusado; por ejercer
actos de autoridad como comandanta conforme al sistema legalmente
reconocido en Guerrero de la policía comunitaria; participó en la
detención del síndico Armando Patrón Jiménez, acusado de abigeato y de
presunta participación en el asesinato de dos ganaderos, quien fue
trasladado a la casa de justicia regional para ser procesado).
Por todo ello Nestora optó por la huelga de hambre desde el pasado 5 de mayo y, el colmo, según denunció su hija Zaira ( La Jornada,
18/5/15) contrario a su aislamiento por casi dos años, ahora la llevan
al comedor y le han tomado fotos obligada a detener una charola con
alimentos, lo cual no es sólo tortura sicológica, lo hacen también para
desvirtuar las pruebas en contra de las autoridades del penal.
La policía comunitaria de Guerrero ha advertido que tomará carreteras
a partir del 2 de junio, hasta lograr la liberación de la coordinadora
de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Decisión importante,
aun cuando, hay que señalarlo, inexplicablemente tardía. Ante ello el
gobernador de Guerrero pide impulsar
el lado jurídico porque en el caso: no basta la presión política. Ahí está definido el ya consuetudinario dilema ¿esperar pasivamente a la justicia, que no es ciega, o ejercer el derecho a la protesta social frente a las violaciones a derechos humanos?
El gobernador ha mencionado también la posibilidad de que se envíe
al Congreso local una iniciativa de ley de amnistía, hay materia para
ello, habría que verlo; seguramente en ello operará el inminente factor
electoral. Presas y presos políticos sobran. Por lo pronto, Marco
Antonio Suástegui Muñoz y María de la Cruz Dorantes Zamora, Gonzalo
Molina, Arturo Campos, otros presos de la CRAC y en especial la urgente
necesidad de salvar a Nestora Salgado, cuyo caso, como tantos otros en
Guerrero y en el país, nos muestran un patrón integral de impunidad y
criminalización a líderes sociales y comunitarios, donde
lamentablemente poco importa la aplicación del derecho.
Para ello juega también el racismo y la discriminación, incluso la
ignorancia sobre el derecho reconocido a los pueblos indígenas. Cada
vez que se habla de la posible liberación de Nestora, se incrementa la
campaña de medios, en las voces de organizaciones como la del Alto al
Secuestro, para darle un trato de delincuente a Nestora Salgado, antes
que el de autoridad electa dentro de una institución como la policía
comunitaria, reconocida legalmente. En Guerrero faltan también los 43
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de
septiembre de 2014.
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