Pese
a que la presión internacional se incrementa, el Estado paraguayo sigue
sin reconocer el grave riesgo que implica para la salud y la vida de
una niña de 10 años el embarazo que presenta producto de una violación
sexual, supuestamente perpetrada por su padrastro.
Ante el avanzado estado del embarazo de la menor de edad (seis meses),
organismos internacionales demandaron al gobierno de Paraguay que
informe sobre todas las opciones que se están previendo para proteger su
integridad a corto, mediano y largo plazo y que hasta ahora parecen
inexistentes.
El pasado 21 de abril, una niña de 10 años llegó con su madre al
Hospital Materno Infantil de Trinidad, en Asunción, capital de Paraguay,
quejándose de dolor de estómago. Al examinarla, se determinó que estaba
embarazada.
La gestación (según lo informado por la madre y la niña) es consecuencia de la violencia sexual perpetrada por su padrastro.
Aunque la madre envió una carta al hospital solicitando un aborto legal
para su hija, el nosocomio no consideró la petición y envió a la menor
de edad a un centro de “niñas madres”.
Tras una orden judicial, una junta médica interdisciplinaria se reunió
para evaluar la salud y la integridad de la niña embarazada y elaboró un
informe con recomendaciones. Las conclusiones son confidenciales para
proteger el derecho a la intimidad de la niña, según lo establece la
legislación paraguaya.
Hasta la fecha, la jueza del caso no ha tomado una decisión sobre las
medidas necesarias a favor de la menor de edad. “La salud y la vida de
la niña sigue en alto riesgo”, dijo Amnistía Internacional (AI) en un
comunicado.
En paralelo, las autoridades paraguayas han ignorado las más de 500 mil
peticiones virtuales enviadas por AI desde varias partes del mundo, en
donde se insta a brindar todos los servicios e información necesarios,
incluyendo la opción del aborto, para resguardar los Derechos Humanos de
la niña a corto, mediano y largo plazo.
La investigación sobre el abuso sexual, presuntamente cometido por el
padrastro de la niña, se inició al conocerse el embarazo y el supuesto
agresor fue detenido el pasado 10 de mayo.
La madre de la niña está en prisión imputada por “falta al deber de
cuidado”, y abuso sexual en calidad de cómplice. El pasado 9 de mayo se
le denegó la libertad bajo fianza. Se ha informado que la ausencia de la
madre estaría afectando la integridad psicológica de la niña.
Además de AI, otras organizaciones nacionales e internacionales han
instado a las autoridades paraguayas a reconocer todos los riesgos para
la niña asociados con su embarazo.
El pasado 11 de mayo un grupo de expertos de la ONU declaró que la
decisión de Paraguay de no proporcionar a la niña de 10 años el aborto
terapéutico de manera oportuna resulta en graves violaciones de sus
derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental, así
como a su derecho a la educación, poniendo en peligro sus oportunidades
socio-económicas.
Por su parte, el relator especial para la Tortura de Naciones Unidas,
Juan Méndez, señaló que si bien “no podemos hablar de tortura porque no
hay voluntad de torturar, pero sí (podemos hablar) de trato cruel,
inhumano y degradante”. Advirtió que las instituciones están obligadas a
conciliar el derecho a la vida y salud de las personas.
Ante las presiones de la ONU –según medios internacionales–, Antonio
Barrios, ministro de Salud de Paraguay, viajó a la sede de Naciones
Unidas en Ginebra, Suiza, para exponer las razones por las que no se
permitió el aborto a la menor de edad.
Entre los argumentos expuestos, el ministro dijo que en la semana 21
(cuando la niña llegó al hospital) ella “pesaba sólo 34 kilos, es una
niña muy débil, aunque ahora con los tratamientos y cuidados ha subido
de peso”.
Cabe recordar que en Paraguay el aborto sólo está permitido cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corre peligro.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en
Paraguay el 2.13 por ciento de las muertes maternas corresponden a
niñas de entre 10 y 14 años de edad.
Por: la Redacción Cimacnoticias | México, DF.-
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