Quieren eliminar derechos sexuales de programas para jóvenes

Iniciativa ante Congreso sería retroceso en atención a la salud

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) Raquel Jiménez Cerrillo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  una propuesta de punto de acuerdo, que de aprobarse negaría los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente.  

Y es que la panista busca que se sustituya el término de “Derechos Sexuales y Reproductivos” por el de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), y del Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018.

A decir de organizaciones y especialistas en el tema, de aprobarse la propuesta de Jiménez Cerrillo habría un retroceso en el reconocimiento de los Derechos Humanos (DH) de las y los menores de edad, ya que evitaría que puedan decidir libremente sobre su sexualidad y su cuerpo, y limitaría sus opciones para acceder a la educación sexual.

El pasado 13 de mayo la diputada presentó ante la Comisión permanente la iniciativa, que busca eliminar el concepto de “Derechos Sexuales y Reproductivos” de ambos documentos y de cualquier otro instrumento jurídico federal, a fin de “armonizarlos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, en la que no se reconocen tales garantías.

En octubre de 2014, antes de que fuera aprobada la norma, las comisiones dictaminadoras de la ley en el Senado avalaron modificaciones a la Ley General, para no reconocer derechos sexuales y reproductivos a las y los menores de edad.

Por lo que la ley, si bien reconoce la importancia de que niñas, niños y adolescentes sean informados sobre su salud sexual, omite reconocer como derechos la sexualidad y reproducción, niega el ejercicio de la sexualidad, y condiciona la educación sexual al consentimiento o intervención de los padres.

Dichos retrocesos fueron avalados bajo el argumento de que los derechos sexuales y reproductivos no estaban reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pese a que grupos civiles explicaron a las y los legisladores que la reforma constitucional de 2011 reconoce los DH a la libertad, salud e igualdad, los cuales fundamentan los derechos sexuales y reproductivos.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) explicó además en su momento que los derechos reproductivos también tienen fundamento en el artículo cuarto constitucional, en el que se establece el derecho de toda persona a decidir el número y espaciamiento de las o los hijos que desea tener, lo que se relaciona con el derecho a la vida privada, a la salud y a la integridad personal.

En esta ocasión, la legisladora panista argumentó que los derechos sexuales y reproductivos “no se encuentran definidos ni en el derecho internacional, ni en el derecho nacional”.

La iniciativa presentada por Jiménez Cerrillo fue discutida por la segunda comisión de trabajo, que finalmente la presentó ayer ante el pleno de la Comisión Permanente para exhortar al Ejecutivo federal “a que sustituya el término de Derechos Sexuales y Reproductivos al de ‘Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva’”.

Se pide hacer este cambio tanto en la Enapea, estrategia con la que el gobierno federal pretende reducir a la mitad el número de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad, y al mismo tiempo erradicar las gestaciones en niñas menores de 15 años; y del Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, así como en cualquier otro instrumento jurídico.

Datos de la Enapea señalan que en 2013, del total de 2 millones 195 mil 74 nacimientos registrados en el país, 386 mil 583 (17.6 por ciento) correspondieron a madres adolescentes, incluyendo 8 mil 347 de madres menores de 15 años, además de que entre las adolescentes de 10 a 14 años ocurrieron en promedio 7 mil 868 nacimientos por año durante 2005 y 2012, lo que equivale a una tasa de 1.4 hijas o hijos por cada mil mujeres en ese rango de edad.

El dictamen fue diferido para su discusión en la siguiente sesión de la Comisión Permanente.
 

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-