Alejandro Encinas R
Estamos a 18 días de que se realice la jornada electoral para renovar la Cámara de Diputados y diversos gobiernos locales. El ambiente que ha rodeado este proceso ha dado cuenta del profundo malestar que priva en la ciudadanía respecto a las campañas electorales, que, lejos de confrontar ideas, han sido secuestradas por la mercadotecnia, promoviendo la imagen de candidatos huecos, que comparten descalificaciones, rayando, en muchos casos, en lo mundano, la frivolidad e incluso en la violencia.
Este escenario, aunado al descrédito de la clase política, ha traído consigo el impulso de diversas campañas para abstenerse de votar o anular el voto, como una muestra de inconformidad y castigo a los políticos ante la difícil situación por la que atraviesa el país.
Se trata de iniciativas justas y legítimas, pero no necesariamente eficaces para lograr que los políticos rectifiquen su comportamiento, y se erradique la corrupción, la impunidad y los privilegios reinantes.
De acuerdo con la mayor parte de las encuestas hasta ahora levantadas, el abstencionismo puede superar el 60 por ciento del listado nominal de electores, lo que tiene sin cuidado a la clase gobernante, que convierte los procesos electorales, independientemente del nivel de participación ciudadana, en su fuente de legitimidad.
Más aún, la baja afluencia de electores a las urnas facilita la operación del dinero y de los aparatos corporativos del gobierno y de los partidos políticos para definir los resultados y con ello lograr el control de los órganos de gobierno.
El objetivo que se han planteado el gobierno, el PRI y sus aliados es conformar una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para continuar con sus reformas regresivas, a lo que se suma, de acuerdo con las listas de candidatos plurinominales registradas por los partidos, que quienes se perfilan a coordinar las bancadas de los principales grupos parlamentarios, serán los mismos que suscribieron el llamado Pacto por México, lo que de concretarse permitirá la consolidación del proyecto neoliberal encabezado por Peña Nieto y de la coalición conservadora conformada en su entorno.
Ante esta situación, es importante destacar dos datos que surgen de las encuestas hasta ahora levantadas, independientemente de la preferencia electoral de los entrevistados.
En primer lugar, el número de ciudadanos que rechazan ser encuestados oscila entre 30 y 50 por ciento; en tanto quienes se reservan su opinión o señalan no saber aún por quién van a votar, supera en promedio 30 por ciento de los entrevistados, lo que genera un amplio margen de incertidumbre en la preferencia electoral efectiva de los ciudadanos.
Ello supone además, en un escenario conservador, que en caso de que el abstencionismo y los votos nulos sumen 60 por ciento de los 83.5 millones de ciudadanos inscritos en el listado nominal, que sólo participarán 33.4 millones de electores, con lo que el partido o la alianza de partidos que obtenga un número de votos cercano a 40 por ciento, podrá alcanzar una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y con ello la mayoría absoluta en la misma, con apenas el 13 por ciento de los ciudadanos con derecho a votar. Una mayoría ficticia con nimia legitimidad, como muy bien lo acreditó el pasado 8 de mayo, en estas páginas de EL UNIVERSAL, Gerardo Esquivel.
El voto es libre y secreto, o al menos así debería ser. Ejercerlo es un derecho. La abstención consciente o anular el voto es una opción, como lo son también el votar por un buen candidato —que los hay—, favorecer el registro de un partido o favorecer el contrapeso a los partidos del Presidente. En todo caso, es tu decisión.
Senador de la República
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