Seguirá presencia de visitadores en San Quintín, BC
La
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se comprometió a vigilar
que se cumplan los acuerdos que ayer lograron las y los jornaleros de
San Quintín, con el gobierno federal y de Baja California (BC), entre
los que destacan la creación de un fideicomiso para construir un
hospital de especialidades y guarderías, y detectar casos de violencia
sexual.
La CNDH dijo hoy en un comunicado que envió al sexto visitador Jorge
Ulises Carmona Tinoco como observador en la reunión de este miércoles 13
de mayo, en el municipio de Ensenada en BC y que duró 15 horas, en la
que se dio respuesta a los planteamientos del movimiento jornalero.
Tras su participación, la CNDH se comprometió a vigilar que no se
repitan las condiciones de explotación laboral contra personas en
condiciones de pobreza, lo que incluso equiparó con una situación de
“esclavitud moderna”.
La Comisión también informó que con independencia de los acuerdos
logrados ayer, se continuará la presencia de visitadores en la zona,
quienes llegaron a San Quintín por la investigación que mantiene abierta
la dependencia desde marzo pasado, por “detenciones y malos tratos” por
parte de la policía municipal.
El organismo detalló que su personal visitó a jornaleras y jornaleros,
entrevistó a distintas autoridades, y documentó la situación de las
personas heridas y detenidas tras los hechos violentos de los pasados 17
de marzo y 9 de mayo, para determinar si existieron violaciones a los
Derechos Humanos (DH).
Como parte de este proceso, la CNDH señaló que el 9 de mayo se solicitó
la adopción de medidas cautelares, y se requirió información a las
autoridades presuntamente involucradas en el enfrentamiento con las y
los jornaleros.
Las dependencias comprometidas a rendir información fueron el gobierno
de BC, la presidencia municipal de Ensenada, las secretarías del Trabajo
y Previsión Social estatal y federal, la Policía Municipal, el
Instituto Mexicano del Seguro Social, y la Procuraduría General de la
República.
La CNDH, según el comunicado, permanecerá vigilante de la evolución de
los acontecimientos y en su momento emitirá la resolución procedente.
El organismo nacional no pasó por alto las fianzas de millones de pesos
que el gobierno de BC impuso a tres jornaleros detenidos durante el
enfrentamiento del pasado 9 de mayo, y en este punto indicó que los
montos deben revisarse, ya que “se aprecian notoriamente
desproporcionadas”.
El conflicto laboral en el campo agrícola en San Quintín estalló con un
paro de labores el pasado 17 de marzo, lo que derivó en un acto
represivo que dejó decenas de personas heridas y detenidas.
Aunque se exigió la intervención del gobierno federal con sendas
movilizaciones, que derivaron en un enfrentamiento con la policía
estatal, las autoridades se comprometieron apenas ayer a crear un
fideicomiso para la construcción de un hospital de especialidades, así
como guarderías, e inspeccionar los centros de trabajo para detectar y
castigar casos de violencia sexual contra las trabajadoras.
Por: la Redacción Cimacnoticias | México, DF.-
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