Imposición de lineamientos por parte de la Secretaría de Salud federal, se realiza sin el consenso de la comunidad médica.
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Hay
molestia en el sector de médicos cirujanos especialistas por los
Lineamientos dados a conocer el pasado 25 de marzo por María de las
Mercedes Martha Juan López, secretaria de Salud del Gobierno Federal al
establecer nuevas condiciones para ejercer esa profesión.
En adelante los cirujanos especialistas deberán certificarse y
recertificarse anualmente mediante exámenes ante los Consejos de
Especialidades Médicas, que son instituciones privadas, ante los que
deberán acreditar a criterio de éstos capacidad y experiencia. Sin ese
documento los especialistas no podrán ejercer su profesión, pues de
hacerlo no solo incurrirán en responsabilidades civiles sino incluso
penales.
La irresponsable imposición de lineamientos por parte de la
Secretaría de Salud Federal, se realiza sin el consenso de la comunidad
médica y otorga facultades insensatas a asociaciones civiles para que
éstas reconozcan o no capacidades para ejercer como cirujano
especialista.
Una resolución como la emitida por la Secretaría de Salud es
contraria al artículo quinto constitucional que protege la libertad de
trabajo, la cual no podrá vedarse sólo por una determinación judicial,
por lo que resulta arbitrario que ahora las asociaciones civiles
impuestas por la autoridad sanitaria tengan esa facultad.
Es inadmisible que las autoridades coloquen a instituciones civiles
por encima de instituciones educativas nacionales y extranjeras en
donde los médicos llevaron a cabo el estudio, preparación y
reconocimiento de su profesión.
No es posible concebir que una autoridad administrativa, como lo es
la Secretaría de Salud autorice a través de Lineamientos a los Consejos
de Especialidades Médicas a facultarlos para imponer requisitos para la
obtención de la certificación o recertificación, incluso hasta para
elaborar manuales con normas de contenido obligatorio para la comunidad
médica, como si fuera una autoridad gubernamental.
No tengo idea que clase de asesores jurídicos tiene la Secretaria de
Salud Federal para facultar a entes privados para que éstos a su vez
emitan normas generales de carácter obligatorio. ¿Qué clase de
garantías tendrán los cirujanos especialistas ante algún acto
arbitrario de estos órganos privados que descalifiquen sus
conocimientos para ejercer la profesión de cirujano especialista?
No se desconoce que realizar cirugías requiere de una constante
preparación por su importancia social, pero no se puede llegar al
extremo que se faculte a esos Consejos Médicos de carácter privado,
para que expidan y modifiquen a capricho las modalidades de las
certificaciones.Con esta determinación se ponen en duda sus
conocimientos, generalizando la obligación a todos los cirujanos
especialistas, no importando los años y la práctica diaria que han
realizado.
Es preocupante que exámenes fijados a criterio personal puedan estar
por encima de los reconocimientos ya expedidos por las Universidades
enfocadas en esta tarea y que tienen un reconocimiento legal para
expedir títulos de especialidad médica.
El ejercicio de la profesión médica no sólo requiere el
reconocimiento universitario sino también el ejercicio de prácticas
hospitalarias que se llevan a cabo bajo la vigilancia y tutoría de los
más experimentados. Un médico no se puede hacer de la noche a la
mañana, pero tampoco se puede desconocer su ejercicio por años y en
diversos centros médicos.
Los Consejos Médicos al certificar y determinar quién puede ejercer
y en qué modalidades se llevarán a cabo los procedimientos quirúrgicos,
invadirán esferas que corresponde exclusivamente a las Universidades,
incluso hasta emitir títulos o reconocimientos de capacidades.
Son miles de galenos especialistas que ejercen en instituciones
médicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE o en
grandes instituciones privadas, a los que ahora se les exigirán para su
ejercicio profesional la certificación o recertificación anual, hecho
que generará inestabilidad en los centros hospitalarios.
Es incomprensible que se pretenda calificar el trabajo médico sin
antes revisar las condiciones en las que prestan sus servicios, las
sobre cargas de trabajo que tienen y las carencias de instrumental
médico adecuado y suficiente.
Los derechohabientes de las instituciones públicas tienen que
esperar hasta 6 meses o más para se les practique una cirugía no
importando la urgencia de su padecimiento, lo cual es una muestra de la
crisis que viven las instituciones de seguridad social ante la falta de
personal y centros hospitalarios necesarios.
Es este reclamo el que debe atender este gobierno y no las
ocurrencias y caprichos de una secretaria de Estado que pisotea la ley
y pone entredicho con un simple decreto, la credibilidad de la
comunidad médica de nuestro país.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx Twitter: @Manuel_FuentesM
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