Cuando en 2001, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la desarticulación de una red de espionaje ilegal en el Estado de México —que operaba desde 1994 e involucraba al entonces gobernador, Arturo Montiel,— en realidad, en la entidad existían otras redes de espionaje mucho más amplías, según archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos.
“Existen muchas otras redes unas diez células, por lo menos”, dijeron funcionarios de seguridad del Estado de México que fueron citados en un reporte de inteligencia de Estados Unidos sobre seguridad y espionaje.
Los
archivos secretos —desclasificados en respuesta a solicitudes de
información interpuestas por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por
sus siglas en ingles)— destacan los peligros de estos programas de
espionaje. Se reporta que las células de inteligencia que operaban en el Estado de México constaban de 200 empleados, contratados como policías,
que monitoreaban e investigaban las actividades de “políticos,
empresarios, y líderes sociales, que se opongan o critiquen a la
administración de gobernador Arturo Montiel Rojas”.
Además, según los archivos, la
información recabada por estas redes de espionaje fue frecuentemente
“usada contra la oposición política, vendida a criminales o
narcotraficantes para secuestros o chantajes y usada para solicitar sobornos en prevención de la filtración de información vergonzosa”.
Pero sobre estas otras redes de espionaje nunca hubo mayor información en México.
En el país sólo se conoció el caso de siete personas que estaban inscritas en la nómina del Gobierno del Estado de México
y que al momento de su detención, en julio de 2001, contaban con
bitácoras y grabaciones del entonces secretario de Hacienda, Francisco
Gil Díaz, el exsubsecretario de Gobernación, José Durán Reveles, y
otros políticos tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
como de Acción Nacional (PAN).
Pero ocho años después un juez federal los absolvió del delito de intervención de comunicaciones privadas
y con ello se dio por terminado el caso de la red de espionaje a cargo
del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas.
El hallazgo de esta única red de espionaje en el Estado de México coincidió con la llegada de Eduardo Medina Mora a la dirección del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En ese entonces, Medina Mora aseguró que todas las actividades de escuchas telefónicas y espionaje del Centro de Inteligencia habían terminado y que comenzaba una nueva era para ese organismo.
Pero para los analistas de inteligencia del ejército estadounidense había dudas sobre la promesa
de Medina Mora y el entonces presidente Vicente Fox para cambiar de
manera permanente la cultura doméstica de espionaje del Cisen.
Como reportó Animal Político en marzo de este año, en el año de 2002 el gobierno estadounidense todavía recibía información sobre el vínculo de parte de funcionarios de Cisen en el tráfico ilegal de migrantes.
Los documentos del ejército norteamericano proporcionan información sobre la historia oscura del Cisen en México
y hacen referencia a la época en la que éste “hizo espionaje político
doméstico” y “proporcionó información para satisfacer intereses
políticos especiales”.
Según los archivos, el “Cisen también ha
estado involucrado en la desaparición de izquierdistas y otros
disidentes desde la década de 1970”.
La información desclasificada también hace referencia a que tras la aparición del EZLN en 1994, “el gobierno federal, con la ayuda del Cisen, apoyó la creación de unidades de inteligencia
de información y análisis en los estados que no estaban sujetos a
supervisión y que fueron involucrados en escuchas telefónicas ilegales”.
El
Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano ha recibido apoyo
sustancial de las agencias del gobierno estadounidense, particularmente
desde los inicios de la Iniciativa Mérida, el programa para apoyar la
Estrategia Nacional contra las Drogas en la que se han invertido casi
$3 mil millones de dólares desde el 2007.
El apoyo dado al Cisen ha aumentado su capacidad para obtener y compartir información sobre los mexicanos.
El gobierno estadounidense reportó en 2008 que el apoyo de la
Iniciativa Mérida proporcionaría “nuevos sistemas de computación e
infraestructura para ser integrados en los sistemas de
telecomunicaciones del Cisen que existen en la actualidad y para
incrementar la capacidad de compartir información de manera segura”.
El objetivo de dicho programa de asistencia fue conectar el sistema de datos Plataforma México
con otras agencias, proporcionar información para los operativos de
seguridad en México y otros “coordinados con los Estados Unidos,
América Central y otros socios regionales.”
Medina Mora, quien acaba de asumir el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jugó un papel importante en la implementación de los programas vinculados a la Iniciativa Mérida,
pues estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la
PGR cuando el gobierno estadounidense exportó tecnología para que el
ejército y cuerpos policiales federales, estatales y locales, tuvieran
capacidad para recolectar información de los mexicanos.
Un informe elaborado por la Casa Blanca en 2010, por ejemplo, explica que varias agencias estadounidenses apoyaron a la PGR y a la SSP en realizar escuchas telefónicas y espionaje con el fin de obtener información para investigaciones y combatir la delincuencia organizada.
La red de espionaje que se encontró y desarticuló en 2001 no fue ni el principio ni el fin del espionaje en México,
pues sólo fue una parte mínima de la estructura que se tenía y se ha
construido para ese objetivo, según los archivos desclasificados del
gobierno estadounidense.
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