Frente de activistas demanda se resguarde de inmediato su salud
En una carta enviada a la CIDH, el colectivo aseguró que el Estado mexicano incumple las medidas cautelares dictadas el pasado 28 de enero a favor de Nestora Salgado García, lo que derivó en una huelga de hambre que inició el pasado 5 de mayo y que hoy cumple 15 días ante la omisión de las autoridades.
El Frente alertó que la integridad y vida de la activista está en juego por los “pases políticos” entre el gobierno federal, las autoridades penitenciarias y el gobierno de Guerrero, que no toman acciones para proteger su salud, y aún no la trasladan a un penal del fuero común donde tenga atención médica. Nestora lleva más de dos años en prisión sin recibir condena.
La organización remarcó que la exigencia única, prioritaria y urgente es la libertad inmediata de la defensora, por lo que pidió la actuación y coadyuvancia de la CIDH para exigir al Estado mexicano su pronta liberación, y que haga públicas las razones por las que ella sigue presa como criminal de máxima seguridad.
Las y los activistas recordaron que la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá estaba facultada para ejercer tareas de seguridad, como lo establece la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero, por lo que llamaron a la CIDH a intervenir de manera inmediata para la liberación de la activista recluida en el penal de máxima seguridad en Tepic.
De acuerdo con el colectivo, el Estado mexicano no puede ser omiso ante las violaciones graves que se han documentado desde la detención arbitraria de la líder comunitaria el 21 de agosto de 2013 sin orden de aprehensión; la incomunicación y tortura que vive y demás violaciones al debido proceso que la mantienen encarcelada, además de las condiciones que menguan seriamente su salud.
El Frente aseguró que a pesar de que la activista fue exonerada de cargos de delincuencia organizada desde marzo de 2014, sigue injustamente recluida, mientras que el gobierno de Guerrero, la Procuraduría General estatal, así como la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han contribuido a la falta de acceso a la justicia.
El Frente para la Liberación de Nestora Salgado reclamó que la inacción gubernamental fortalece la afirmación de que la ex comandanta es criminalizada por su labor como defensora de los derechos de los pueblos indígenas, y por ejercer el derecho de las comunidades originarias a regirse bajo sus propios sistemas normativos.
Prueba de ello, explicó, son los tratos y hostigamiento que la defensora enfrenta en el penal federal y las constantes amenazas que recibe su familia por la exigencia de la liberación de Nestora, por lo que aseguró que es necesario que se investigue cómo está actuando la directora del penal, Natasha María Bidault Mniszek, en este caso.
Por separado, la abogada Alejandra Gonza, integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, informó a esta agencia que siguen a la espera de que se concrete el acuerdo del pasado lunes entre la Segob y el gobierno de Guerrero, para que Nestora sea trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Tepepan, en la Ciudad de México, y se atienda su salud.
Asimismo, dijo que ya se hizo el trámite formal de reubicación de Nestora ante el Juzgado Primero y Segundo de lo Penal en Tlapa, Guerrero, y que ya fue autorizado, por lo que se espera que el traslado a Tepepan sea en los próximos días.
Imagen retomada de Cencos
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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