El
Estado no respondió al Comité de los Derechos del Niño de la ONU
cuántos padres de familia están desaparecidos y cómo afecta eso a los
menores; ni sobre la participación de niños en actividades del crimen.
El Estado mexicano no sabe cuántas madres o padres de familia están desaparecidos o han sido asesinados por la violencia en el país, por lo que no hay datos sobre el número de niños afectados, en orfandad y que deben ser atendidos.
La justificación de México es que
la clasificación estadística de víctimas no cuenta con criterios para
detallar cuántas “madres y/o padres” han sido afectados por la violencia,
por lo que no entregó el dato al Comité de los Derechos del Niño de la
ONU que lo solicitó de cara al examen que el país presentará el próximo
19 y 20 de mayo sobre el respeto a los derechos de los menores.
Ante
la petición de “información desglosada” sobre el número de niños, niñas
y adolescentes, madres y padres asesinados o desaparecidos en los
últimos tres años; México sólo respondió que creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el que existen datos por sexo, edad, nacionalidad, entidad federativa, fecha o lugar de desaparición.
Además dijo que el RNPED está en constante actualización y depuración y que el 26 de febrero pasado publicó datos actualizados.
“Del
1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2015, se reportaron como no
localizadas 15 mil 668 personas, de las cuáles 3 mil 677 son menores de
edad (2 mil 365 niñas y mil 312 niños)”.
Según esos datos, 10 mil 597 personas son adultos y de otros mil 394 no se cuenta con la edad.
Hace tres años –la última vez que México se presentó ante este Comité– se recomendó a México contar con cifras sobre la violencia en el país y cómo ésta afecta a niños, niñas y adolescentes, incluso en el caso de que éstos pudieran ser reclutados por grupos armados.
En 2011, México dijo a la ONU que no tenía datos sobre la participación de niños en grupos delictivos
o armados y en esta ocasión rechazó que el país esté en un conflicto
armado en el que estén involucrados menores, por lo que tampoco entregó
información.
El Comité solicitó al Estado datos sobre las
medidas tomadas para “criminalizar y castigar con sanciones adecuadas,
el reclutamiento y el uso en hostilidades de niños, niñas y adolescentes
por parte de grupos armados no estatales. Sírvanse igualmente informar
sobre las medidas tomadas para prevenir dicho reclutamiento y uso en
hostilidades de niños, niñas y adolescentes, así como para rehabilitar
y compensar a las víctimas”.
En su respuesta, México dijo que el país “no se encuentra en una situación de conflicto armado”
aunque el gobierno trabaja para cumplir con las obligaciones del
Protocolo Facultativo de la Convención Relativo a la Participación de
Niños en los Conflictos Armados, en el que se contempla tomar medidas
para evitar que niños participen en grupos armados.
“La
situación de violencia criminal que actualmente se vive en México
deriva de los hechos ilícitos de los grupos de la delincuencia
organizada, que son respondidos a través de la estrategia
integral para garantizar la seguridad ciudadana emprendida por el
Gobierno de México, y deriva también de disputas entre los mismos
grupos delictivos. Claramente, estas situaciones ¾sin perjuicio de la
intensidad de la violencia que generan¾, se encuentran lejanas del
concepto de conflicto armado”, cita la respuesta del Estado ante la
solicitud del Comité.
Según México, en el país se toman las medidas para combatir este fenómeno “plenamente identificado”
que no tiene vínculo con un conflicto armado de carácter no
internacional en el que pudieran estar afectados e involucrados menores.
Pero
el país tampoco informó sobre las investigaciones vinculadas al
reclutamiento de niños por parte de grupos de la delincuencia
organizada o su participación en cualquier actividad criminal y sólo
dijo que en México se persigue el delito de corrupción de menores.
“Se
reitera que en el Estado no existe un conflicto armado, razón por la
cual no puede haber ni hay reclutamiento ni participación de NNA (niñas, niños y adolescentes) en grupos armados no estatales. No obstante, México reconoce que NNA son susceptibles de ser víctimas de las actividades del crimen organizado;
por ello, y con la finalidad de sancionar el reclutamiento de NNA por
parte de organizaciones delictivas, la legislación penal mexicana prevé
el delito de corrupción de menores, también tipificado en los códigos
penales de las entidades federativas”.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) advirtió en febrero pasado que en el país existe un “vacío de información” sobre cómo la violencia afecta a la infancia.
“El
gobierno tiene la obligación de construir e implementar un programa
nacional que prevenga y atienda todo tipo de violencia contra niñas,
niños y adolescentes en el país. Este programa se debería poner en
práctica a nivel local teniendo en cuenta las condiciones particulares
que causan los contextos de violencia a los que se enfrentan niñas y
niños en el país. No obstante, hoy no se cuenta con información
disponible que permite identificar los diferentes tipos de violencia y
el impacto que estos tienen en la vida de niñas y niños de México”,
cita el informe La Infancia cuenta en México 2014.
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