Imprecisión de cifras nacionales y falta de registros en SRE
El
gobierno mexicano carece de datos precisos sobre el número de mujeres
indígenas migrantes que viven en el exterior y al interior del país, lo
que dificulta saber sus condiciones de vida, así como la implementación
de políticas públicas y programas que las beneficien.
Académicas e investigadoras destacaron hoy durante el segundo seminario
“Migración, mujeres e indígenas. Vulnerabilidad” –convocado por el
Senado y sin la presencia de legisladores– la falta de políticas
públicas para atender a grupos poblacionales que por su condición y
contexto son considerados vulnerables.
La académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julia Isabel Flores
Dávila, advirtió que no es posible generar política alguna a favor de
las personas si no se cuenta con datos estadísticos.
No obstante, precisó que para ella –con amplios estudios sobre población
indígena– fue imposible presentar en el seminario datos sobre mujeres
migrantes de grupos étnicos “simplemente porque no existen”.
La investigadora agregó que no hay precisión sobre la proporción de
mujeres indígenas en contextos migratorios internos, ya que las cifras
oficiales no coinciden entre sí, y porque la migración interna sigue
siendo considerada como “indeseable” por parte de las autoridades.
De acuerdo con la información que Flores Dávila ha recopilado en
distintos estudios, la población indígena en México –que aproximadamente
representa 10 por ciento de la población total y cuya mitad son
mujeres– está en condición de vulnerabilidad, pues la gran mayoría
carece de servicios de salud, enfrentan graves problemas en vivienda y
trabajo, y padecen la discriminación incluso dentro de sus grupos
originarios.
En el caso de la población femenina indígena –que emigra al interior del
país en busca de oportunidades de empleo y para la reunificación
familiar–, 50 por ciento no fue atendida por un médico durante su
embarazo, además de que sólo tres de cada 10 mujeres de la etnia triqui y
dos de cada 10 de la etnia otomí reciben atención médica gratuita en
una institución de salud.
La ausencia de cifras sobre mexicanas indígenas migrantes pero que
habitan en el extranjero es aún mayor, ya que la embajadora Reyna Torres
Mendivil, directora de Protección a Mexicanos en el Exterior de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo en breve entrevista que
actualmente esta dependencia sólo cuenta con “estimaciones” (que no
precisó) sobre la población mexicana indígena en Estados Unidos.
Detalló que “es imposible” saber el número exacto de mujeres migrantes
en el exterior, porque muchas de ellas están en condición irregular, y
porque no se han registrado ante los consulados en el país vecino.
La diplomática enfatizó que la perspectiva de género “es transversal en
toda la SER”, pero insistió en que “es imposible” determinar con
precisión el perfil (origen étnico, escolaridad, edad, condición
conyugal, número de hijas e hijos o condición de vida) de las mexicanas
indígenas en EU que son atendidas en algún consulado, ya que su sistema
de registro aún no cuenta con esta desagregación.
Torres Mendivil declaró en el evento que las y los diplomáticos están
dejando atrás la visión “paternalista” que antes regía sus acciones en
referencia a las mujeres migrantes, y que –al contrario– ahora buscan
“empoderarlas”, por lo que “queremos que ellas aprendan inglés”, agregó.
Observó que entre los servicios que solicitan las migrantes es
asistencia para la reunificación familiar, trámites de regularización
migratoria, y para denunciar delitos como trata de personas y violencia
en el hogar.
POLÍTICAS MIGRATORIAS VULNERAN A MUJERES
José Knippen, encargada del área de Política Migratoria de Fundar Centro
de Análisis e Investigación, criticó que la población migrante
centroamericana que radica en México esté siendo vulnerada por la misma
política migratoria gubernamental.
Resaltó que si bien las organizaciones civiles han buscado “ponerse en
el lugar” de los tomadores de decisión al contribuir en la generación de
políticas públicas y programas con enfoque de Derechos Humanos, el
gobierno mexicano sigue sin implementar el Programa Especial de
Migración (presentado en 2014) y no le ha asignado ningún presupuesto.
Por el contario, Knippen criticó que se implementen otras acciones como
el Plan Frontera Sur, que en 2014 aumentó los operativos del Instituto
Nacional de Migración (INM) y las deportaciones, sin que haya
actualmente un incremento importante en el flujo migratorio que ingresó
al país y que justifique estas acciones.
Además, señaló que se siguen documentando abusos por parte de
autoridades en contra de la población migrante, sin que la Procuraduría
General de la República –representada en el evento por el subprocurador
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,
Eber Omar Betanzos Torres– haya detenido o investigado a alguna persona
por estos delitos.
Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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