Palabra de Antígona
"Todos han
firmado pero desvían o hacen mal uso de los recursos, se tambalean los
enlaces de género en las Secretarías del gobierno central, en la
realidad la política federal destina para todos los programas de impulso
a la igualdad de género sólo el 0.5 por ciento del presupuesto
nacional"
Sara Lovera
México
DF., 13 oct. 15. AmecoPress.- Los hechos y no lo discursos son los que
nos revelan la realidad. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán,
decretó la desaparición de la Secretaría de la Mujer para instalar un
“Instituto de Igualdad Sustantiva”. La decisión sólo espera la vigencia
establecida en el decreto, que es enero de 2016. Un retroceso. Sin
embargo, algunas mujeres de izquierda como otras feministas están muy
contentas. La nueva directora, todavía secretaria es Fabiola Alanís, y
parece que la nueva instancia será integrada a la Secretaria de
Desarrollo Social.
Exactamente lo
que al comienzo de este sexenio se pretendió hacer con el Instituto
Nacional de las Mujeres,(INMUJERES) creado por una ley de orden público y
de observancia general en toda la República, en materia de equidad de
género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
reglamentaria del artículo cuarto de la Carta Magna.
Es, además, un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal,
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de
gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, esa
ley impidió enviarlo a la Secretaría de Desarrollo social, como
apéndice; los asesores de Enrique Peña Nieto tendrían que haber derogado
su ley. Ello lo impidió, por eso ahora en Michoacán el nuevo gobernador
creó el decreto y sacó del primer nivel la política de género.
Increíble. En
Veracruz la semana pasada apareció esa misma intención, alrededor del
escándalo del desvío de más de cinco millones de pesos que envió el
gobierno federal para las tareas del Instituto Veracruzano de las
Mujeres. Las opiniones en Veracruz se han dirigido a pegarle al
Instituto y pretenden mandarlo como apéndice a Desarrollo Social. ¿Será
este el argumento para el presupuesto base cero donde se compactarán los
programas?
El mal ejemplo
de Aureoles parece cundir. Lo que en Veracruz se discute es si el
instituto debe ir a parar a una oficina de Desarrollo Social. Sin
autonomía ni gestión de sus recursos. Grave.
Se trata de un
retroceso. Por ello me dijo la directora del Instituto de las Mujeres en
el Distrito Federal, Teresa Inchaústegui, que estamos en un momento
crucial: “o redoblamos el paso y damos el salto o se van a empezar a dar
retrocesos”. Efectivamente hay una andanada peligrosísima, mientras la
sociedad civil feminista pasa por una etapa de gran debilidad.
Desde el año
2000 en que se creó la Ley para el INMUJERES y se acrecentó una política
de género al comenzar la administración de Peña Nieto, los señores
están muy enojados. Más enojados porque desde los Pinos se impulsó en la
CONAGO que hubiera una comisión de igualdad y todos los gobernadores,
de todo el país, firmaron un acuerdo para cumplir con la ley,
simplemente eso: hacer una política de igualdad fundada en la tercera
línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo.
Todos han
firmado, pero en la práctica no destinan recursos a los institutos;
desvían o hacen mal uso de los recursos, se tambalean los enlaces de
género en las Secretarías del gobierno central, en la realidad la
política federal destina para todos los programas de impulso a la
igualdad de género sólo el 0.5 por ciento del presupuesto nacional.
O sea una
contradicción fundamental que tampoco se corresponde con las
declaraciones del presidente de la República recientemente en Nueva
York, donde dijo que llamará a su equipo a cumplir. Más o menos señaló:
elevar a nivel ministerial la política de igualdad. Él presidirá las
reuniones del mecanismo, tal como la Ley de Igualdad lo mandata. Es un
arrojo político, sin duda, el tema es que no cuenta con su equipo. Todo
conspira en contra. Evidentemente el enojo en la República es también
por la paridad electoral. En 2016 habrá nuevamente elecciones en 13
entidades. La aplicación de la ley ahora cuenta con al menos cinco
jurisprudencias para ir más allá de la paridad en las listas electorales
de los congresos. Tendrá que hacerse en los municipios, de manera
vertical y horizontal. Nada de subterfugios. Por supuesto que están muy
enojados. ¿A qué hora y cómo vamos a promover la paridad en todos los
otros ámbitos de la vida?
La mejor forma
de frenar esta política es sacando de la bolsa el dinero que nunca
alcanza. Muchos institutos municipales y algunos estatales sólo tienen
el membrete, carecen de apoyo económico; están en la tercera o cuarta
posición de las estructuras de toma de decisiones; las congresistas a lo
largo y ancho del país carecen de emoción feminista, ni siquiera saben
género; muchas de ellas son buenas funcionarias públicas, pero en el
fondo de su corazón no están convencidas de que la igualdad es
fundamental para la democracia.
Por eso, Teresa
Incháustegui dice que hay que dar el salto. ¿Cómo? Renovando la fuerza
colectiva. Las personas convencidas y muchas de ellas actuantes,
tendrían que ser congruentes, actuar de acuerdo con la ley, pero sobre
todo con convicciones, no con simulaciones. Es difícil en un momento de
grave crisis de credibilidad de la actuación gubernamental, de
presupuesto y de vacíos y vicios tremendos.
La fuerza
colectiva implica a la sociedad civil organizada, que a decir de muchas
de sus líderes y activistas, la falta de apoyos financieros ha hecho
desaparecer grupos en asuntos tan importantes como la salud sexual y
reproductiva. Así lo manifestaron a propósito de la Reunión de Población
y Desarrollo celebrada en el Distrito Federal la semana que terminó. Y
estos son los hechos, a pesar de los discursos.
El día 16 se va
a celebrar el Décimo Encuentro Nacional Feminista en Toluca, Estado de
México, donde por primera vez en muchos años no hay recursos y existen
algunas críticas y contradicciones sobre su organización. Esto será un
descalabro, porque entre las mujeres que han empujado y sostenido las
políticas oficiales, asoman dificultades, lo que abonará al
debilitamiento de la política de género. Los enojados con los avances
estarán muy contentos. Grave y peor.
Me pregunto en
que quedarán los convenios de Inmujeres y los gobiernos estatales si
habrá menos recursos para los estados y municipios; si es débil todavía
el compromiso y el convencimiento de muchas instancias; si no hay
personal suficiente con lo que se conoce como perspectiva de género o
claridad ética y filosófica acerca de la evidente discriminación de las
mujeres; si del 42.4 por ciento de las legisladoras, un porcentaje
mínimo, tiene compromiso de fondo con las mujeres; si se emplea a muchas
mujeres en esta tarea con una preocupante carencia de conocimiento de
la igualdad; si los administradores quieren números y no se capacitan,
sino más bien se llenan formatos y se acumulan estadísticas
justificatorias de los recursos. Si importa más un formato, por cierto
tortuoso, que el fondo y el contenido o la tarea. Diría una eminente
feminista: es una simulación.
Mientras ahí
están los hechos, a las mujeres nos violenta el machismo, la misoginia y
la estulticia: violadas, hostigadas y asesinadas; si hay prácticas
discriminatorias sistemáticas y encima millones, de mujeres, poco más de
cinco en pobreza extrema; si además se les revictimiza en donde debían
recibir apoyo para salvar sus vidas; si parece ridículo incluir
contenidos formativos en el Sistema Educativo Nacional; si las oficinas
que funcionan ven reducidos sus presupuestos y su voz en los espacios de
toma de decisiones; si se reduce en 43 por ciento el presupuesto para
los centros de justicia para las mujeres; si conspiran todos los días
los empleados de los gobernadores para burlar la ley, como en Veracruz,
si hay un gobernador dizque de izquierda que baja del Ejecutivo a la
política de género, etcétera, etcétera. Veremos.
Foto:: Archivo AmecoPress.
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