Por: Redacción Revolución
(15 de octubre, 2015).- Por medio de una carta abierta,
el centro Robert F. Kennedy Human Rights y decenas de expertos en
derechos humanos internacionales, solicitaron a Peña Nieto realizar el
‘máximo esfuerzo en la determinación del paradero de los 43 estudiantes
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes fueron desparecidos
forzadamente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Guerrero, México’
En respuesta a las muchas inconsistencias en la ‘verdad histórica’
presentada por el gobierno mexicano, los especialistas consignaron;
“Como usted sabe por el informe presentado a su gobierno, el GIEI
descubrió múltiples y preocupantes errores en la investigación de los
hechos, incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de
testimonios. Los hallazgos del GIEI no coinciden con las conclusiones de
la Procuraduría General de la República sobre el motivo o los métodos
en que se perpetraron los crímenes; por el contrario, el GIEI determinó
que varios aspectos cruciales de la hipótesis oficial eran
científicamente imposibles.
El GIEI no encontró ninguna evidencia
contundente que sostuviera la teoría principal del gobierno de que los
estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Además, el GIEI
dejó claro que hay otras líneas de investigación y otros actores cuya
participación tienen que ser totalmente aclaradas, incluyendo miembros
del ejército mexicano y otras instituciones federales. Aún más, el
informe encontró que tanto policías estatales y federales, como también
miembros del ejército mexicano, tuvieron conocimiento y estaban
presentes en varias escenas del crimen caracterizadas por el brutal uso
de la fuerza, sus largas horas de duración y la coordinación del ataque
hacia los estudiantes, sin interceder para proteger la vida de sus
conciudadanos”.
Los puntos que los firmantes subrayaron como imprescindibles,
implican la toma inmediata de las siguientes acciones: Continuar la
búsqueda de los estudiantes, reorientar las líneas de investigación,
permitir que al GIEI entrevistar a todas las autoridades,( lo que
implica el testimonio de todas las autoridades que estuvieron presentes,
incluyendo el ejército mexicano y la policía federal, así como a los
miembros del 27vo Batallón), garantizar la atención adecuada a las
víctimas. Implementar el acuerdo de asistencia jurídica, social,
psicológica y médica a las familias, y resolver el problema de
desapariciones forzadas en México.
“Nosotros continuaremos monitoreando el caso de los estudiantes de
Ayotzinapa y los informes que indican el elevado número de
desapariciones forzadas en México”, concluye la carta firmada por
fiscales, investigadores, académicos y directivos de universidades de
diversas partes del mundo.
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