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| Ricardo Anaya, presidente del PAN. Foto: Octavio Gómez Álvaro Delgado |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Los rufianes del Partido Acción Nacional (PAN) están
muertos de risa: Ricardo Anaya, quien agita la descolorida bandera de la
“regeneración” partidaria, ha dictaminado que, aun bajo investigación
judicial, ningún panista es corrupto hasta que no sea emitida en su
contra una sentencia judicial definitiva.
Todos sabemos que la presunción de inocencia es un principio jurídico y una garantía constitucional, pero en el PAN esto equivale a la impunidad absoluta.
En la lógica de Anaya, Ernesto Cordero no podría llamar
“pinches corruptos” a todos los involucrados en los “moches”, como Luis
Alberto Villarreal, Jorge Villalobos, José Isabel Trejo y el propio
Gustavo Madero. Tampoco se le podría dar ese calificativo a gobernantes
como Guillermo Padrés, Juan Manuel Oliva, Rafael Moreno Valle, ni a los
súbitos millonarios como César Nava, Germán Martínez y Patricia Flores
Elizondo.
Hay un solo panista que ha sido sancionado por corrupción: El leonés Miguel Ángel Salim Alle, quien fue inhabilitado por dos años por pérdidas millonarias cuando fue director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
Salim es, él sí, un panista corrupto, pero –aun estando inhabilitado– el PAN lo hizo candidato y es actual diputado federal.
Pero mientras no haya sentencia, no es corrupto Ulises Ramírez, multimillonario sin tener más trabajo que controlar el PAN en el Estado de México y ser amigo de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ni lo es tampoco Miguel Ángel Yunes Linares, con una fortuna familiar superior a los mil millones de pesos, por cierto ambos con fuero de diputados federales.
En este contexto quizá se explica que Anaya coquetee con la posibilidad de aliarse hasta con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el más sistemático violador de la Constitución y la ley, según una declaración que hizo, el jueves 8, en el contexto de alianzas con otras fuerzas políticas.
–¿Con qué otras fuerzas políticas? ¿Con el Partido Verde, por ejemplo?
–Hay apertura en lo general –respondió–. El PRI no.
El requisito de sentencia judicial para llamar corrupto a un panista lo fijó Anaya con la exoneración que hizo del coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, quien está bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de peculado, falsedad de declaraciones y falsificación de documentos.
Yo mismo le pregunté a Anaya, el martes 30 de septiembre, si conforme a su promesa de regeneración partidaria, el senador Herrera –ahí presente– debería dejar la coordinación y solicitar licencia por haber cometido esos delitos cuando fue candidato en 2012, según la averiguación previa integrada por la PGR.
Esta fue su respuesta textual: “Es muy importante aclarar que no hay absolutamente ninguna sentencia al respecto. Una cosa es que alguien por motivos políticos haya interpuesto una denuncia en 2012 y otra cosa muy distinta es que hubiera una sentencia, un fallo condenatorio. No lo hay, se trata de una simple acusación política sin fundamento.”
Bajo este parámetro, Anaya no podrá seguir acusando de corrupción a Enrique Peña Nieto ni a ningún funcionario de su gobierno, ni a nadie, salvo que exista una sentencia judicial en firme por corrupción. Lo mismo vale para todos los panistas.
Si de por sí la Comisión Especial Anticorrupción nace acotada por la ausencia de facultades estatutarias y es endeble la personalidad de su presidente, Luis Felipe Bravo Mena, la presunción de inocencia –invocada por Anaya– es una dificultad adicional para proceder contra los panistas corruptos.
Hace un año, antes de imaginar siquiera el cargo que ahora ostenta, Bravo Mena expuso, a pregunta que yo mismo le formulé, que justamente la presunción de inocencia impidió combatir verdaderamente la corrupción:
“Cuando ha habido casos y cuando al interior de los órganos del partido se han planteado, siempre se ha puesto por enfrente la presunción de inocencia: mientras no haya una sentencia formal de autoridad competente que señale responsabilidad, el PAN no tiene porqué empezar a sancionar a personas sobre las que no hay ninguna demostración contundente de culpabilidad.
“Y la presunción de inocencia, en un partido con una cultura juarista muy fuerte, ha dejado que muchos casos se desvanezcan y finalmente nos quedamos con la nada, con esa mala conciencia de que algo pudo haber pasado, que algo pudo haber sucedido, pero que no lo clarificamos. Y este es un tema, es de la esencia de las cosas que el PAN tiene que resolver. Y ser más contundentes tanto a su interior como hacia el gobierno y hacia la vida pública”.
–Ha habido en el PAN fraudes documentados o evidencias que no se castigan y casos como el de Puebla.
–Hay que hacer un corte en esto. Tenemos que saber revertir la situación. En muchos casos las acusaciones resultan infundadas, pero no deben quedarse así. A todos les han inventado cosas. Y como todos hemos pasado por calumnias, por eso pesa tanto el respeto a la presunción de inocencia.
“Sin embargo, el partido tiene que generar una política interna de claridad en esta materia para impedir, primero, la impunidad y, dos, para mandar señales de que ha terminado una época en la que quizá por diversas razones esto estuvo sucediendo. Estamos a tiempo”.
Si de verdad Bravo Mena va en serio, entonces un primer caso debe ser el del presidenciable Moreno Valle, quien como gobernador de Puebla es emblema de la corrupción en todas sus expresiones y a quien Anaya lo hizo miembro de la Comisión Permanente, el principal órgano de poder, y ahora coordinador de la Comisión Política, que definirá la línea política” del PAN.
Y eso es justamente lo que plantea Juan Carlos Mondragón, expresidente del PAN en Puebla: “La primera tarea de Luis Felipe Bravo Mena será investigar al coordinador de la Comisión Política”.
¿Cree usted que Bravo Mena lo hará? Yo tampoco…
Apuntes
Por cierto, el poder de Moreno Valle en el PAN no son sólo esos dos cargos, sino que su esposa, Martha Erika Alonso, será la que mande en el PAN de Puebla, mientras que su operador político y económico, el mafioso Eukid Castañón, es el principal vicecoordinador de los diputados, pero ahora también tiene al creador de la “Ley Bala”, Luis Maldonado Venegas, diputado perredista, como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde se negocian los saqueos de los estados…
Comentarios: @alvaro_delgado
Todos sabemos que la presunción de inocencia es un principio jurídico y una garantía constitucional, pero en el PAN esto equivale a la impunidad absoluta.
Hay un solo panista que ha sido sancionado por corrupción: El leonés Miguel Ángel Salim Alle, quien fue inhabilitado por dos años por pérdidas millonarias cuando fue director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
Salim es, él sí, un panista corrupto, pero –aun estando inhabilitado– el PAN lo hizo candidato y es actual diputado federal.
Pero mientras no haya sentencia, no es corrupto Ulises Ramírez, multimillonario sin tener más trabajo que controlar el PAN en el Estado de México y ser amigo de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ni lo es tampoco Miguel Ángel Yunes Linares, con una fortuna familiar superior a los mil millones de pesos, por cierto ambos con fuero de diputados federales.
En este contexto quizá se explica que Anaya coquetee con la posibilidad de aliarse hasta con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el más sistemático violador de la Constitución y la ley, según una declaración que hizo, el jueves 8, en el contexto de alianzas con otras fuerzas políticas.
–¿Con qué otras fuerzas políticas? ¿Con el Partido Verde, por ejemplo?
–Hay apertura en lo general –respondió–. El PRI no.
El requisito de sentencia judicial para llamar corrupto a un panista lo fijó Anaya con la exoneración que hizo del coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, quien está bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de peculado, falsedad de declaraciones y falsificación de documentos.
Yo mismo le pregunté a Anaya, el martes 30 de septiembre, si conforme a su promesa de regeneración partidaria, el senador Herrera –ahí presente– debería dejar la coordinación y solicitar licencia por haber cometido esos delitos cuando fue candidato en 2012, según la averiguación previa integrada por la PGR.
Esta fue su respuesta textual: “Es muy importante aclarar que no hay absolutamente ninguna sentencia al respecto. Una cosa es que alguien por motivos políticos haya interpuesto una denuncia en 2012 y otra cosa muy distinta es que hubiera una sentencia, un fallo condenatorio. No lo hay, se trata de una simple acusación política sin fundamento.”
Bajo este parámetro, Anaya no podrá seguir acusando de corrupción a Enrique Peña Nieto ni a ningún funcionario de su gobierno, ni a nadie, salvo que exista una sentencia judicial en firme por corrupción. Lo mismo vale para todos los panistas.
Si de por sí la Comisión Especial Anticorrupción nace acotada por la ausencia de facultades estatutarias y es endeble la personalidad de su presidente, Luis Felipe Bravo Mena, la presunción de inocencia –invocada por Anaya– es una dificultad adicional para proceder contra los panistas corruptos.
Hace un año, antes de imaginar siquiera el cargo que ahora ostenta, Bravo Mena expuso, a pregunta que yo mismo le formulé, que justamente la presunción de inocencia impidió combatir verdaderamente la corrupción:
“Cuando ha habido casos y cuando al interior de los órganos del partido se han planteado, siempre se ha puesto por enfrente la presunción de inocencia: mientras no haya una sentencia formal de autoridad competente que señale responsabilidad, el PAN no tiene porqué empezar a sancionar a personas sobre las que no hay ninguna demostración contundente de culpabilidad.
“Y la presunción de inocencia, en un partido con una cultura juarista muy fuerte, ha dejado que muchos casos se desvanezcan y finalmente nos quedamos con la nada, con esa mala conciencia de que algo pudo haber pasado, que algo pudo haber sucedido, pero que no lo clarificamos. Y este es un tema, es de la esencia de las cosas que el PAN tiene que resolver. Y ser más contundentes tanto a su interior como hacia el gobierno y hacia la vida pública”.
–Ha habido en el PAN fraudes documentados o evidencias que no se castigan y casos como el de Puebla.
–Hay que hacer un corte en esto. Tenemos que saber revertir la situación. En muchos casos las acusaciones resultan infundadas, pero no deben quedarse así. A todos les han inventado cosas. Y como todos hemos pasado por calumnias, por eso pesa tanto el respeto a la presunción de inocencia.
“Sin embargo, el partido tiene que generar una política interna de claridad en esta materia para impedir, primero, la impunidad y, dos, para mandar señales de que ha terminado una época en la que quizá por diversas razones esto estuvo sucediendo. Estamos a tiempo”.
Si de verdad Bravo Mena va en serio, entonces un primer caso debe ser el del presidenciable Moreno Valle, quien como gobernador de Puebla es emblema de la corrupción en todas sus expresiones y a quien Anaya lo hizo miembro de la Comisión Permanente, el principal órgano de poder, y ahora coordinador de la Comisión Política, que definirá la línea política” del PAN.
Y eso es justamente lo que plantea Juan Carlos Mondragón, expresidente del PAN en Puebla: “La primera tarea de Luis Felipe Bravo Mena será investigar al coordinador de la Comisión Política”.
¿Cree usted que Bravo Mena lo hará? Yo tampoco…
Apuntes
Por cierto, el poder de Moreno Valle en el PAN no son sólo esos dos cargos, sino que su esposa, Martha Erika Alonso, será la que mande en el PAN de Puebla, mientras que su operador político y económico, el mafioso Eukid Castañón, es el principal vicecoordinador de los diputados, pero ahora también tiene al creador de la “Ley Bala”, Luis Maldonado Venegas, diputado perredista, como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde se negocian los saqueos de los estados…
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