PORTADAS:México es el país
más desigualde la OCDE: Gurría/Extorsionan carteles en Centro Historico /Cesa SEP a maestros que no se evaluaron /Propone OCDE reducir pensión a 26 millones /PGR investigará filtración de video de “El Chapo” /Acusan nexos de Aguirre con los Rojos /Guerrero ejerce acción penal contra 6 normalistas /Normalistas detenidos por robo de autobús son trasladados a penal /Estas son las declaraciones de los federales acusados por la fuga del ‘Chapo’ /Gobierno de Peña derrochó miles de millones de pesos en programas mal diseñados /El mito de la bici /“Un paseo por la impunidad. Visita guiada al expediente de Luis Videgaray (I)”: Pulido /Agresiones y asesinatos a defensores de DD.HH. en México, gobierno y empresas los atacan y amenazan /Políticas erradas de 30 años le sirvieron un país en charola a los criminales: especialistas /
REFORMA
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tiene expedientes abiertos sobre las extorsiones que comete la organización de narcomenudistas identificada “La Unión”, a comerciantes del Centro, la Lagunilla y Tepito. Reforma tuvo acceso a dichos documentos en lo que se señala que desde 2010 ha operado esa banda. En tanto, consultados por ese rotativo bajo el anonimato, comerciantes relataron que el 4 de agosto pasado la tensión escaló en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, donde unos 25 sujetos armados recorrieron calles y puestos para amedrentar y exigir cuotas de 800 a mil pesos semanales. Un sujeto apodado "El Betito" o "Mini Aleks Syntek" fue identificado como quien controla a distribuidores de droga de “La Unión”, e incluso, la Policía de Investigación ya cuenta con fotos de él y de su brazo derecho, alias "El Pulga", quien se cambia el apodo a "Chocorrol" o "Farsante", pero tiene como rasgo un tatuaje en el antebrazo y mano derecha en forma de esqueleto.
La inasistencia fue menor a 1% en todo el país, destaca titular de la SEP
EL FINANCIERO
La OCDE propuso reducir las pensiones de los trabajadores de la generación en transición para disminuir su costo fiscal, lo que afectaría a 26 millones de mexicanos que comenzaron a cotizar antes del primero de julio de 1997. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) propuso reducir las pensiones de los trabajadores de la generación en transición para disminuir su costo fiscal, que se estima en 120 por ciento del PIB.Esto
afectaría a 26 millones de mexicanos que comenzaron a cotizar antes del
primero de julio de 1997 e implicaría una reducción de entre 30 y 70
por ciento en el monto de su retiro.Éstos tienen actualmente la
opción de elegir pensionarse bajo el sistema de reparto de 1973, que
contempla pensiones de hasta el 100 por ciento, o con el Sistema de
Ahorro para el Retiro (SAR), para el que se proyecta una pensión
equivalente al 26 por ciento del último salario.En la presentación del estudio ‘El Sistema de Pensiones en México’ José Angel Gurría, secretario general de la OCDE,
destacó que para hacer frente al desequilibrio que presentan los
esquemas de reparto y de contribución definida, se propone adecuar el
modelo de retiro de la generación de transición, a través de un esquema
de prorrata; elevar las contribuciones obligatorias y mejorar los
sistemas de protección social a la vejez.
Por tratarse de una evidencia que forma parte de las investigaciones sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la Procuraduría General de la República (PGR) ya inició una investigación por la filtración del video con audio de ese momento, informó el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.Durante una entrevista radiofónica, el funcionario precisó que el objetivo de la indagatoria será ubicar al funcionario responsable de la filtración, mientras que los comunicadores están protegidos por el secreto profesional.Corresponde a una filtración, a una indebida aportación
de una prueba que debe estar en la confidencia de la indagatoria, en la
confidencia del proceso, y que constituye además, su divulgación, un
delito, contemplado en el Código Penal Federal, en el artículo 225,
fracción 28, que sanciona con penas de cuatro a diez años de prisión dar
a conocer documentos, constancias, información que obren en una
averiguación previa.
24 HORAS
En la investigación federal por la desaparición de los 43 normalistas
en Iguala destaca la declaración de uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, quien vincula al ex gobernador Ángel Aguirre y a miembros de su administración con los cárteles de Los Rojos y los Beltrán Leyva. En su declaración ministerial -contenida en el Tomo 37, página 105 de
la versión pública del Expediente Ayotzinapa liberado por la PGR-, Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, acusa
al ex gobernador guerrerense (2011-2014) de financiar su campaña
política a través del apoyo del cártel de los Beltrán Leyva. Aguirre, quien asumió la gubernatura de Guerrero bajo las siglas del PRD en abril de 2011 y renunció en octubre de 2014 debido a la presión por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, aseguró hace unos días que “tenía la consciencia limpia” y que su relación con José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa,
identificados como principales responsables del ataque a los
normalistas y operadores de Guerreros Unidos, sólo era institucional.Sin embargo, las declaraciones del líder del cártel develan una
estrecha relación entre el ex gobernador y la ex primera dama de Iguala.
ADNPOLÍTICO
La Fiscalía General del Estado de Guerrero
(FGE) ejerció este jueves acción penal en contra de seis normalistas del
Frente Unido de Normales Públicas del Estado (Funpeg) en el ramo penal
por el presunto delito de privación ilegal de la libertad de un
conductor del autobús de pasajeros de la línea Estrella de Oro, el
pasado miércoles.El titular de la FGE Miguel Ángel Godínez informó que el miércoles a
las 20:48 horas local, los normalistas ingresaron la línea de autobuses
Estrella de Oro en Acapulco, donde bajaron a los pasajeros para tomar la
unidad, llevándose al chofer del autobús.“Los inculpados quedaron a disposición de penal del puerto de
Acapulco para ratificar la retención legal decretada por el órgano
investigador, basado en ética y respeto a los derechos humanos se
manifiesta en apoyo a toda manifestación sin violentar derechos de
terceros o cometer hechos tipificados como delito”, dijo el fiscal
general.
LA SILLA ROTA
ANIMAL POLÍTICO
Con la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, hasta el momento 20 funcionarios públicos han sido procesados por su probable responsabilidad en la comisión del delito de evasión de presos,
con la agravante de que el detenido estaba siendo procesado por la
comisión de delitos contra la salud. 11 de ellos son Policías Federales
que habían sido comisionados al Centro de Control de ese penal.Animal
Político tuvo acceso a dos de las declaraciones de los inculpados que
obran dentro de la causa penal 55/2015. Testimonios que detallan su
actuación tras la fuga del Chapo Guzmán, la noche del 11 de julio.El policía federal Herminio González Albarrán
narra que a las 20 horas él se encontraba en el comedor cenando y
aproximadamente a las 21:20 horas regresó a su área de trabajo en el
Centro de Control.
Más de la mitad de los 569 mil millones de pesos que el gobierno
federal destinó al gasto social en 2015 se dispersó en una gran cantidad
de programas y acciones mal diseñados o de desempeño insuficiente,
mientras 75 mil mdp fueron operados de manera opaca, reveló el Índice de
Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep) 2015, publicado
hoy por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc).Al
presentar el informe ante un panel de legisladores y funcionarios,
Alejandro González Arriola, director de la ONG, expuso que sólo 23 de
los 161 programas de distintas secretarías del gobierno federal fueron
manejados de manera correcta.Además, lamentó que este año, por
primera vez desde 2009 –cuando Gesoc elaboró el primer Indep–, “vimos un
retroceso en la política social”.“Observamos un incremento en
el número de programas con un desempeño insuficiente y una disminución
de los programas que funcionan”, afirmó González, al resaltar que 55
programas sociales fueron “reprobados en su desempeño” en 2015, unos 22
más que un año antes.
En el país existen cerca de 15 millones de armas ilegales, de las que
80% proviene de Estados Unidos, afirmó el senador Zoé Robledo, al
argumentar su voto a la modificación al artículo 83 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos que incrementó las sanciones a quienes
posean armas de uso exclusivo del Ejército.La iniciativa fue aprobada con 76 votos a favor.En tribuna, Zoé Robledo, del PRD, señaló que existen cerca de 6 mil 700
tiendas de armas de fuego en la franja fronteriza entre México y
Estados Unidos, y se estima que las autoridades mexicanas “solamente
están logrando confiscar 14% de las 254 mil armas que están cruzando
anualmente de forma ilegal por la frontera norte”.“Las propias
autoridades mexicanas están calculando que 46.7% de las 51 armerías
estadunidenses dependen solamente de la demanda de armas de fuego
mexicana”, argumentó Robledo.La mayoría, son armas de calibre de uso exclusivo del Ejército.
REPORTE ÍNDIGO
De pronto ”rodar” se puso de moda. Se volvió cool. Era algo sustentable. Algo progresista.Primero los ciudadanos –y luego también las autoridades- se montaron
sobre esta tendencia muy popular en países principalmente de Europa. La
ciudad se “amsterdamizó”.Chicos y chicas –que incluso nunca antes habían andando en bicicleta–
se compraron la suya y salieron a las calles a conquistarlas.Los políticos de izquierda dejaron el auto y posaron para la foto al lado de su velocípedo.Las ciclovías, los días sin auto, las rodadas y el cierre de avenidas comenzaron a formar parte del discurso de los capitalinos.Hoy, todos los días sobre la avenida Reforma –la principal de la
Ciudad de México- automovilistas y ciclistas se disputan cada centímetro
de asfalto.Ambos reclaman el derecho absoluto. Ambos apelan a la razón que, aseguran, tienen.Unos, alegando movilidad, otros, progreso.No hay duda: es un lindo paisaje. Y sin duda la práctica de pedalear trae beneficios para la salud, sin
contar que genera menos contaminación para la metrópoli y crea una
ciudad más amigable.Pero, ¿el uso de la bicicleta es una alternativa real en la Ciudad de México?No se trata de ser aguafiestas. La realidad es que esta política de
movilidad se enfrenta a enormes muros –infraestructura y política- en el
Distrito Federal.
ARISTEGUI NOTICIAS
Bienvenidas
y bienvenidos a esta visita guiada al ampliamente criticado, pero poco
estudiado, expediente sobre la casa de Malinalco del doctor Luis Videgaray. El abultado archivo que vamos a recorrer se construyó en la Secretaría de la Función Pública
por instrucción del Presidente de la República. Además de éste, se
abrieron otros diecisiete para investigar potenciales conflictos de
interés. Todos ellos obesos e insustanciales.Quizá a primera vista su tamaño sea imponente, pero no se dejen intimidar por las 739 fojas que lo integran,
el contenido principal del expediente del Dr. Videgaray son fotocopias
sin relevancia y oficios mal redactados. Perteneciente al barroco
burocrático, dentro de esa acumulación de papeles intrascendentes, el
expediente esconde pruebas que en un país más serio habrían dejado sin
empleo y comprometido seriamente al actual Secretario de Hacienda.Recordemos que el 11 de diciembre de 2014, el Wall Street Journal publicó una nota sobre la compraventa en términos inusuales de una casa entre el Dr. Videgaray y una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú,
contratista consentido de los gobiernos de Enrique Peña Nieto. La
investigación se ordenó –supuestamente- para despejar toda sospecha
sobre cualquier ilegalidad.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Las cifras del Comité Cerezo, señalan
que en los últimos cinco años, 868 defensores de derechos humanos han
sido agredidos, aunque este número aumenta rápidamente. A estos casos
referentes a violencia física, hostigamiento psicológico y amenazas de
muerte, se le suman los asesinatos que entre enero de 2011 y mayo de
2014 se contabilizaron 334, siendo Distrito Federal, Chihuahua,
Coahuila, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las
entidades donde se padecieron estas acciones.Recientemente, se presentó el informe En
Defensa de la Vida, con motivo del 30° período de sesiones del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que recoge las conclusiones de
la Misión de Observación Civil (MOC) a México. El documento en poder de
Revolución TRESPUNTOCERO, revela la falta de
reconocimiento de las autoridades mexicanas a la labor de las personas
defensoras, la grave impunidad en las investigaciones de las agresiones
en su contra, y carencias en la implementación de mecanismos de
prevención y protección.
Luego de más de tres horas de “discusión”, la mayoría de legisladores del PRI, PAN, PVEM, PRD y NA aprobaron -con 419 votos a favor y 36 en contra- prácticamente sin quitarle o agregarle una coma, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para expedir la Ley de Derechos.Aunque el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron más de 10 reservas al dictamen, la aplanadora se impuso y voto por desechar todas y cada una de ellas, excepto dos, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).Desde que los grupos parlamentario fijaron su posición respecto a dicho dictamen, Morena advirtió –en voz del diputado Vidal Llerenas Morales- que la suya sería “defender a los mexicanos y exigir un paquete económico que sí beneficie a la gente”.Al inicio de su mensaje, el legislador advirtió que el paquete económico se estaba discutiendo con enorme prisa en la Comisión de Hacienda, lo que impidió hacer un análisis adecuado y puntual de temas como el de las telecomunicaciones, rubro en donde disminuirán los derechos particulares que se erogan.
SIN EMBARGO
Se ve de muchas formas:
tanto en el crimen organizado, como en los movimientos sociales en
contra de la injusticia. Es la violencia que después de tres décadas de
neoliberalismo es identificada por los especialistas como un costo muy
alto que un día tendrá que revertirse. Visto así –a través de estadísticas internacionales y nacionales–,
México se convirtió en un mapa de la muerte. Es una muerte que actúa de
muchos modos; pero casi todos son brutales.México se ve como una gran zona de guerra donde mujeres, niños y
hombres son vulnerables hasta romperse. Un epicentro de la violencia
donde muchos de quienes matan tienen entre 16 y 19 años, la edad donde
debería haber más ilusiones en el futuro. Un extenso lugar, lleno de
relieves, donde el crimen organizado es un camino.En el mismo mapa se observan las manifestaciones sociales. El reclamo
por los muertos y desaparecidos ha generado protestas de lucha como la
de los padres de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de
septiembre en Iguala, Guerrero. Pero también se protesta por la
desigualdad, el hambre y la injusticia, como lo hace el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas desde 1994.El punto es que la paz no se alcanza a ver. México está en la
posición 144 de 162 países que carecen de ello en el mundo, un indicador
del Instituto para la Economía y la Paz. El año pasado, estaba en el
138. Subió porque la tasa de impunidad en muertes dolosas empeoró en 24
de las 32 entidades del país. En Chihuahua, Morelos y Guerrero llegó al
89 por ciento.
A unas semanas de que inicie la discusión del Presupuesto de Egresos 2016 en el Congreso, Gesoc llamó a los diputados a evaluar los resultados del desempeño de 161 programas sociales del Gobierno federal.Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– En 2015 se destinaron 238 mil 676 millones 201 mil 934 pesos a 132 programas sociales que tuvieron un nivel de desempeño débil o están altamente dispersos, y del total de estrategias al menos 43 se ubicaron en la “caja negra” del Gobierno federal. Esto significa que se desconoce su función, qué hacen y a qué población y zona del país atienden.Sin embargo, pese a la opacidad y la falta de eficiencia, para esos programas el paquete fiscal de 2016 tiene propuesto un aumento que puede ir desde el 3 hasta el 342 por ciento.De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP), elaborado por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), los programas de la “caja negra” son aquellos que no reportan información sobre su cumplimiento de metas, la cobertura de su población potencialmente beneficiaria o ambos. Es decir, la entidad que está a cargo del programa, no permite conocer la información sobre su nivel de desempeño.Durante este año, fueron 43 programas de los 161 evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y posteriormente por Gesoc, los que se ubican en ese rubro y significaron 75 mil 256 millones 267 mil pesos del presupuesto público federal, 13 por ciento del total del presupuesto asignado al conjunto de programas sociales.
A unas semanas de que inicie la discusión del Presupuesto de Egresos 2016 en el Congreso, Gesoc llamó a los diputados a evaluar los resultados del desempeño de 161 programas sociales del Gobierno federal.Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– En 2015 se destinaron 238 mil 676 millones 201 mil 934 pesos a 132 programas sociales que tuvieron un nivel de desempeño débil o están altamente dispersos, y del total de estrategias al menos 43 se ubicaron en la “caja negra” del Gobierno federal. Esto significa que se desconoce su función, qué hacen y a qué población y zona del país atienden.Sin embargo, pese a la opacidad y la falta de eficiencia, para esos programas el paquete fiscal de 2016 tiene propuesto un aumento que puede ir desde el 3 hasta el 342 por ciento.De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP), elaborado por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), los programas de la “caja negra” son aquellos que no reportan información sobre su cumplimiento de metas, la cobertura de su población potencialmente beneficiaria o ambos. Es decir, la entidad que está a cargo del programa, no permite conocer la información sobre su nivel de desempeño.Durante este año, fueron 43 programas de los 161 evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y posteriormente por Gesoc, los que se ubican en ese rubro y significaron 75 mil 256 millones 267 mil pesos del presupuesto público federal, 13 por ciento del total del presupuesto asignado al conjunto de programas sociales.
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