Ni vivos ni muertos
“Será una batalla
que tomará años, costará muchos esfuerzos, recursos económicos e
incluso, como he dicho, probablemente sacrificio de vidas humanas de
mexicanos, pero es una batalla que estamos decididos a librar y que
vamos a ganar los mexicanos” es lo que decía Felipe Calderón un día antes de tomar posesión como presidente de la República en el 2006. 
Nueve años después y con el regreso del PRI, en la llamada “alternancia
democrática”, nos encontramos con que esa batalla ya ha costado más de
130 mil vidas de mexicanos y ha dejado un rastro de más de 30 mil
personas que nadie sabe dónde están. Pero, ¿qué vidas mexicanas son las
que se están perdiendo? ¿Quiénes son esos que un día salieron de casa y
jamás regresaron?
Las políticas de seguridad de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto demuestran, por un lado, que la violencia tiene un carácter de clase. Mientras los burgueses, los explotadores, se ocultan tras guardaespaldas entrenados en Israel, cámaras de seguridad en la entrada de sus casas blancas o tienen comandos enteros de las fuerzas armadas cuidándolos; nosotros, los proletarios, llegamos de trabajar en medio de la noche, con sólo unos pesos encima y esperando no encontrarnos con el ratero de siempre o, mucho peor, con esa extraña camioneta negra que dicen anda levantando a quien se deje.
Por otro lado, estas políticas también ponen en claro que a las autoridades poco o nada les interesa el “combate a la delincuencia” , pues los delitos se siguen cometiendo mientras los policías y militares se hacen de la vista gorda, al tiempo que envían camiones y camiones de efectivos para “combatir” a comunidades opositoras a los megaproyectos o maestros que luchan contra la reforma educativa. Es decir, y hay que repetirlo las veces que sean necesarias: la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra el pueblo.
Como ya se mencionó, uno de los saldos más graves que ha cobrado esta guerra son los más de 30 mil detenidos-desaparecidos. En el caso de estas graves violaciones a derechos humanos, las autoridades son culpables de múltiples maneras, pues no sólo no investigan de manera profunda las desapariciones forzadas sino, por el contrario, son partícipes de gran número de ellas y también ha aumentado el número de actos de este tipo cometidos por fuerzas paramilitares enviadas por el propio Estado, los cuales ocultan tras la fachada del narcotráfico o la delincuencia común, que le hacen el trabajo sucio al gobierno y dejan que éste se lave las manos.
Casos como los de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las niñas Virginia y Daniela Ortiz, Teodulfo Torres Soriano, Lauro Juárez; Carlos René Román Salazar, Gabriel Gómez Caña y los normalistas de Ayotzinapa nos obligan a entender que las desapariciones forzadas no son desviaciones de alguna “manzana podrida” de la policía u operativos del narco para llevarse a quienes les pelean la plaza, sino son parte de la estrategia general de terrorismo de Estado , pues no sólo buscan la desaparición de un individuo, sino generar miedo en la población y desmovilizar a todo aquel que quiera un mundo más justo, pues, después de todo, cualquiera puede ser el siguiente.
Sin embargo, esto no le pasa únicamente a quienes luchan; esta política de terror afecta a todo el pueblo trabajador, causando un miedo aleccionador que da como resultado facilitar el despojo de tierras, los desplazamientos forzados, todo esto con la intención de que no haya más movilizaciones en contra de las políticas neoliberales que nos afectan a todos; los y las desaparecidas se cuentan en tantos dígitos que la gente prefiere dejar todo atrás antes de que uno de su familia salga de casa y jamás regrese.
El Estado, con sus políticas reaccionarias, siempre buscará alimentar los bolsillos de la burguesía empobreciendo a la población y es claro que una de las maneras más contundentes que ha tenido para lograrlo es implantar el miedo y desesperación en el pueblo.
Para superar el miedo debemos organizarnos, saber que si estamos juntos el golpe del Estado será menos fuerte y nuestra respuesta será más contundente. Tenemos que difundir los nombres de nuestros desaparecidos, quiénes son, a qué se dedicaban, quiénes son sus familias, por qué son incómodos a los intereses de la burguesía; apoyar acciones como la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometidas por particulares, impulsada por la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (http://www.comitecerezo.org/
¡Contra el despojo, la represión y la explotación; resistencia, organización y lucha por el socialismo!
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección REPRESIÓN del No. 10 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 4 septiembre de 2015.
Nueve años después y con el regreso del PRI, en la llamada “alternancia
democrática”, nos encontramos con que esa batalla ya ha costado más de
130 mil vidas de mexicanos y ha dejado un rastro de más de 30 mil
personas que nadie sabe dónde están. Pero, ¿qué vidas mexicanas son las
que se están perdiendo? ¿Quiénes son esos que un día salieron de casa y
jamás regresaron? Las políticas de seguridad de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto demuestran, por un lado, que la violencia tiene un carácter de clase. Mientras los burgueses, los explotadores, se ocultan tras guardaespaldas entrenados en Israel, cámaras de seguridad en la entrada de sus casas blancas o tienen comandos enteros de las fuerzas armadas cuidándolos; nosotros, los proletarios, llegamos de trabajar en medio de la noche, con sólo unos pesos encima y esperando no encontrarnos con el ratero de siempre o, mucho peor, con esa extraña camioneta negra que dicen anda levantando a quien se deje.
Por otro lado, estas políticas también ponen en claro que a las autoridades poco o nada les interesa el “combate a la delincuencia” , pues los delitos se siguen cometiendo mientras los policías y militares se hacen de la vista gorda, al tiempo que envían camiones y camiones de efectivos para “combatir” a comunidades opositoras a los megaproyectos o maestros que luchan contra la reforma educativa. Es decir, y hay que repetirlo las veces que sean necesarias: la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra el pueblo.
Como ya se mencionó, uno de los saldos más graves que ha cobrado esta guerra son los más de 30 mil detenidos-desaparecidos. En el caso de estas graves violaciones a derechos humanos, las autoridades son culpables de múltiples maneras, pues no sólo no investigan de manera profunda las desapariciones forzadas sino, por el contrario, son partícipes de gran número de ellas y también ha aumentado el número de actos de este tipo cometidos por fuerzas paramilitares enviadas por el propio Estado, los cuales ocultan tras la fachada del narcotráfico o la delincuencia común, que le hacen el trabajo sucio al gobierno y dejan que éste se lave las manos.
Casos como los de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las niñas Virginia y Daniela Ortiz, Teodulfo Torres Soriano, Lauro Juárez; Carlos René Román Salazar, Gabriel Gómez Caña y los normalistas de Ayotzinapa nos obligan a entender que las desapariciones forzadas no son desviaciones de alguna “manzana podrida” de la policía u operativos del narco para llevarse a quienes les pelean la plaza, sino son parte de la estrategia general de terrorismo de Estado , pues no sólo buscan la desaparición de un individuo, sino generar miedo en la población y desmovilizar a todo aquel que quiera un mundo más justo, pues, después de todo, cualquiera puede ser el siguiente.
Sin embargo, esto no le pasa únicamente a quienes luchan; esta política de terror afecta a todo el pueblo trabajador, causando un miedo aleccionador que da como resultado facilitar el despojo de tierras, los desplazamientos forzados, todo esto con la intención de que no haya más movilizaciones en contra de las políticas neoliberales que nos afectan a todos; los y las desaparecidas se cuentan en tantos dígitos que la gente prefiere dejar todo atrás antes de que uno de su familia salga de casa y jamás regrese.
El Estado, con sus políticas reaccionarias, siempre buscará alimentar los bolsillos de la burguesía empobreciendo a la población y es claro que una de las maneras más contundentes que ha tenido para lograrlo es implantar el miedo y desesperación en el pueblo.
Para superar el miedo debemos organizarnos, saber que si estamos juntos el golpe del Estado será menos fuerte y nuestra respuesta será más contundente. Tenemos que difundir los nombres de nuestros desaparecidos, quiénes son, a qué se dedicaban, quiénes son sus familias, por qué son incómodos a los intereses de la burguesía; apoyar acciones como la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometidas por particulares, impulsada por la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (http://www.comitecerezo.org/
¡Contra el despojo, la represión y la explotación; resistencia, organización y lucha por el socialismo!
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección REPRESIÓN del No. 10 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 4 septiembre de 2015.
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