La Secretaria de la Defensa Nacional se lava las manos
Beatriz Torres Abelaira
es una ciudadana chilena que llegó a México hace casi 40 años huyendo
de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Bettina Gómez
Oliver es historiadora y documentalista, y tiene una hija, María
Fernanda, que acaba de terminar la preparatoria. María Diajym Palencia
Morales es una trabajadora administrativa. Las tres mujeres tienen una
cosa en común: son parte del exiguo personal del Centro Académico
de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA), de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM), cuyo rector es Hugo Aboites.
El 11 de
septiembre de 2015, el día del 42 aniversario del golpe de Estado que
derrocó al gobierno constitucional del socialista Salvador Allende en
Chile, María Diajym Palencia atendió una llamada en el CAMeNA de alguien
que afirmó llamarse Armando Llop, quien se identificó como “teniente de
la Policía Federal”. Llop dijo que buscaba a Beatriz Torres para que
ayudara a localizar a un tal Jaime Porfirio Vuelvas Arias, presunto
trabajador de la UACM.
Palencia contestó a Llop que Beatriz
Torres no se encontraba y el presunto policía dejó su número celular
para que ésta se comunicara con él. Enterada del hecho, Torres,
militante en los años 60 de la Unidad Popular en Chile, exiliada primero
en Cuba y después en México, su actual país de residencia −donde fue
secuestrada por razones políticas en 1982−, instruyó a Palencia se
comunicara con el abogado general de la UACM, Federico Anaya.
Anaya llamó al número celular de marras y respondió Llop, quien se
ostentó con el grado de teniente de la “PGR” y “militar retirado”
graduado en el Colegio Militar y el Colegio del Aire de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena). Llop dijo que tenía una “compañía privada
de seguridad” y que Vuelvas le había quedado a deber dos millones de
pesos por un “servicio de escoltas”. Anaya le respondió que lo
conducente para saber si Vuelvas laboraba en la UACM era entrar a la
página web de la institución y hacer una solicitud de información
pública. No obstante, Anaya accedió a que Llop le enviara la
documentación de su caso “legítimo” a su dirección de correo
electrónico. Pero no mandó nada.
El 16 de septiembre Anaya buscó
a Llop y le dijo que no había recibido la documentación ofrecida. Hacia
las 19:30 Llop le envió 12 mensajes electrónicos con 14 agregados (attachments),
donde reiteraba tener una compañía de seguridad privada y contar con
permisos vigentes de la Sedena para brindar servicios de seguridad a sus
clientes “con personal armado con arma corta y larga”. Según los
documentos, la compañía se denomina “Israel Martínez González Seguridad
Privada”, con marca y leyenda “Iron Shield. Corporación de Alta
Seguridad”. El contrato de la empresa con Vuelvas estaba firmado por el
“capitán Israel Martínez González”, presuntamente acreditado ante las
secretarías de Hacienda, Gobernación y la Defensa Nacional. La empresa
tiene como objeto social prestar servicios de seguridad mediante
“elementos humanos y equipos electrónicos”. En el primero de los correos
el remitente volvía a exhibirse con el grado de teniente.
Las
mujeres del CAMeNA y la oficina del abogado general de la UACM
encontraron “falta de consistencia” en la historia de Llop: Vuelvas
Arias no era trabajador de la institución, Beatriz Torres no le conocía y
la ruta para encontrar al presunto defraudador no había sido la
adecuada. Además, Llop se había identificado indistintamente como
militar retirado, teniente de la Policía Federal y de la PGR y en su
página de Internet y Twitter (@comandantellop) aparecía posando frente a
un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana empuñando lo que parecía ser
un fusil ametralladora AK-47 con culata retráctil. El hecho de que su
empresa usara “equipos electrónicos” despertó más sospecha, dado que son
los que se utilizan para realizar labores de vigilancia, seguimiento y
recolección de información de inteligencia para tareas encubiertas,
muchas veces en combinación o al servicio de las corporaciones de
seguridad del Estado.
Hacia las cuatro de la mañana del 17 de
septiembre fue allanada la oficina del rector de la UACM, Hugo Aboites, y
robaron sus dos computadoras personales. Un día después, a las 8:30 AM,
Bettina Gómez, coordinadora de proyectos del CAMeNA, encontró que un
vehículo Stratus rojo placa 319UZN bloqueaba la salida de su cochera.
Adentro dormía un guardia de seguridad privada uniformado. ¿Casualidad?
¿Aviso? ¿Hostigamiento?
El 23 de septiembre, Gómez recibió una
llamada en su celular y la voz de un hombre, le dijo: “Cuide a su
cachorra”. María Fernanda Giordano Gómez y su mamá son miembros de la
organización H.I.J.O.S. México (Hijos por la Identidad y la Justicia,
contra el Olvido y el Silencio), que forma parte de una red
latinoamericana de vástagos de desaparecidos, que ha protagonizado en el
país varios “escraches” contra responsables de la guerra sucia de los años 70, incluida la casa del ex presidente Luis Echeverría Álvarez.
En el momento de la llamada, María Fernanda se trasladaba al Centro Pro
de Derechos Humanos a una reunión con los padres de los 43 estudiantes
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Solidaria desde
niña, después de los crímenes de Estado de Iguala, María Fernanda había
ido varias veces a la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa a dar su apoyo a
los compañeros de los estudiantes desaparecidos, y con algunos jóvenes
amigos fundó la “Liga Popular 26 de septiembre”. La joven declaró que su
celular está “intervenido” desde hace meses y que la llamada a su madre
tenía tono intimidatorio y de amenaza. La policía cibernética no pudo
rastrear la llamada porque provenía de un aparato “demasiado seguro”.
El 24 de septiembre, el secretario de la Defensa Nacional, general de
división DEM Salvador Cienfuegos, recibió en su despacho a Federico
Anaya, Beatriz Torres y la senadora Dolores Padierna. Le acompañaba el
jefe del Estado Mayor de la Sedena, general Roble Granados Gallardo.
Enterados del caso, un asistente reportó a ambos divisionarios que en
los registros del Ejército José Armando Llop Cerda es un desertor
prófugo de la justicia militar y el capitán Israel Martínez pidió su
baja. Cienfuegos dijo que ambos seguían bajo jurisdicción castrense y
que se realizaría una investigación “pronta y eficaz”. Calificó las
llamadas como “intimidatorias”.
A las 7:05 de la mañana del 25
de septiembre, Llop llamó a Anaya a la UACM y, entre otras cosas, le
dijo que en el Colegio Militar “no te regalan una Mont Blanc sino una
45”; que él sabía “dar balazos”, pero que no iba a dispararle a Vuelvas
porque quería cobrar el adeudo. Repitió tres veces que “policías” le
pedían 25 mil pesos por “atender su caso”. Lo temprano de la hora en que
se produjo la llamada daba la idea de que Anaya podía estar siendo
seguido y monitoreado.
El 2 de octubre, el procurador general de
Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez, informó al
abogado general de la UACM (oficio 4/a A A–3188), que Llop carecía de
personalidad militar al haber causado baja “por haber consumado el
delito de deserción” y el capitán Martínez había pasado a situación de
retiro. Eran personas “completamente ajenas” a la Sedena y las Fuerzas
Armadas. En cuanto a la empresa de seguridad privada de Llop y Martínez,
comunicó que la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego
y Control de Explosivos no contaba con ningún registro de la misma ni
se le había expedido licencia particular alguna. Agregó que las
autoridades castrenses carecían de competencia para conocer las
conductas y actividades de los dos ex militares, lo que parecía
contradecir el dicho del secretario general Cienfuegos, de que ambos
seguían bajo la jurisdicción de la Sedena.
El 5 de octubre, a
las 20:30, cuando María Diajym Palencia Morales regresaba de la terapia
de su hijo menor en la colonia La Joya, en Tlalpan, DF, encontró que a
su camioneta le habían dado un “cristalazo” y el autor había sustraído
documentos personales y otras pertenencias del interior del vehículo.
Según el agente investigador del Ministerio Público, el vehículo había
sido “registrado”.
¿Se busca silenciar al CAMeNA?
En
síntesis, en el breve lapso que va del 11 de septiembre al 5 de octubre,
fue allanada y robada la oficina del rector de la UACM, Hugo Aboites, y
tres funcionarias del CAMeNA y la hija de una de ellas acosadas,
intimidadas y amenazadas. El quién, el cómo y el cuándo más o menos ha
quedado registrado. El problema es saber el por qué. Es decir, qué se
busca con esa campaña de intimidación.
Las preguntas acerca del
por qué son varias. ¿Es la UACM el motivo de los ataques encubiertos
concertados? ¿Se debe a que existe la percepción oficial de que, como
dice el columnista del diario El Universal, Ricardo Alemán, en
esa casa de estudios se “forman vándalos y anarquistas” que atentan
contra las “instituciones del Estado”? ¿Es parte del terrorismo
mediático contra Andrés Manuel López Obrador de cara a los comicios
presidenciales del 2018?
¿Resulta molesta a algún sector del
sistema político mexicano la solidaridad manifiesta, de tiempo atrás,
del rector Aboites con los maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Ceteg de Guerrero? ¿Incomoda la
solidaridad de la UACM con los normalistas de Ayotzinapa? ¿Era Beatriz
Torres el eslabón más débil de un blanco u objetivo de algún servicio de
inteligencia, y su reacción y la protección institucional que recibió
de la UACM, llevó a los autores de los ataques a cometer otros actos
dirigidos a generar miedo, angustia y zozobra en el círculo de trabajo
de Torres en el CAMeNA? ¿Es la generación de una conciencia histórica
crítica y la búsqueda de la verdad y la justicia por el CAMeNA sobre
casos de desaparición forzada y otros crímenes de Estado del pasado y
del dramático presente, Ayotzinapa/Iguala incluido, lo que se busca
silenciar?
Que el foco de la agresión sean las maestras y
administrativas del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América
(CAMeNA), que rescató el archivo del historiador y cronista argentino
universal Gregorio Selser (exiliado en México durante la dictadura
militar del general Jorge R. Videla), ¿tiene que ver con la información
que reúne el centro sobre temas tales como armamentismo; fuerzas
armadas; represión y seguridad interna; servicios de inteligencia;
economía criminal; grupos y conflictos armados; agrupaciones y
movimientos de ultraderecha; movimientos sociales; derechos humanos;
periodismo, comunicación y propaganda; recursos naturales; pensamiento y
filosofía política; régimen político y gobierno, y la política de
Estados Unidos hacia América Latina?
En los tiempos que corren, y
debido al alud de recomendaciones de organismos especializados de la
ONU y la OEA a raíz de las documentadas violaciones generalizadas a los
derechos humanos (en materia de tortura, ejecuciones sumarias
extrajudiciales o arbitrarias y desaparición forzada) por distintas
corporaciones armadas de México, ¿el hecho de que al enorme acervo
documental de Gregorio Selser y su esposa Marta Ventura se hayan
incorporado documentos relacionados con casos de desaparición forzada y
prisión política, que fueron donados por las familias Tatter, Díaz
Mancilla y Balerini Casal; Nadin Reyes Maldonado; H.I.J.O.S. México y el
Comité Cerezo, resulta molesto a algún sector del régimen político
mexicano?
¿Es acaso porque el centro da cobijo, también, a toda
la documentación original de los dos Consejos de Guerra y los procesos
penales civiles seguidos contra el general José Francisco Gallardo
Rodríguez? ¿Es desestabilizadora para el Estado mexicano la existencia
de documentos seleccionados del archivo de la policía paraguaya, la
Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, Fiscalía General del Estado y
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, de la época de la
dictadura de Alfredo Stroessner , que exhibe el pacto firmado por las
dictaduras del Cono Sur, conocido como Operación Cóndor, que estableció
un sistema internacional de Terrorismo de Estado con la participación de
Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay?
¿Resulta subversivo el Fondo El Che
Guevara donado por Paco Ignacio Taibo II o la donación de la
investigadora universitaria Raquel Gutiérrez que documenta la represión
contra las guerrillas en Bolivia?
Finalmente, ¿si Armando Llop
es un desertor prófugo de la justicia militar y maneja armas de uso
exclusivo de las fuerzas armadas sin registro y equipo de espionaje
electrónico, por qué la Secretaría de la Defensa Nacional no lo detiene?
¿Acaso forma parte de alguna acción encubierta conectada con algún
servicio de inteligencia del régimen? ¿Volvió a las andadas, remozado,
el viejo PRI de la época de Fernando Gutiérrez Barrios en la Secretaría
de Gobernación?
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