Por: Agencia SubVersiones
(12 de octubre,2015).- “Son 57 las averiguaciones previas que
tenemos, relacionadas con los hechos del 12 de diciembre de 2011 y con
el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los nombres de doce compañeros
aparecen en ambas listas. Nuestra preocupación es que haya más
compañeros investigados y que en un futuro alguien puedan tener
perjuicio. Por eso venimos, unidos con la Normal de Ayotzinapa y con los
padres y madres de los 43 desaparecidos”.
Así empezó la conferencia de prensa convocada el día 6 de octubre por
la generación «Sangre, Resistencia y Esperanza», egresada de la Normal
RaúI sidro Burgos en julio de este 2015. Los 121 egresados ya habían
intentado llegar a la Ciudad de México el 22 de septiembre, para el
aniversario de la desaparición forzada de sus 43 compañeros, sin embargo
la policía estatal les impidió el paso, originando un enfrentamiento en
la carretera federal Chilpancingo-Tixtla que acabó con un saldo de doce
normalistas heridos.
Imposibilitados para alcanzar el Distrito Federal, el 25 de septiembre la generación 2011-2015 se sumó al plantón indefinido que la sección XIV de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), mantiene en el zócalo de Chilpancingo desde el 8 de octubre del año pasado. El presidente del Comité de Egresados, Itzcoatl Yonibeth Benito Coronado, explicó que el plantón es en apoyo a la Normal y a los padres y madres de los desaparecidos, y aclaró que aunque ellos ya no sean estudiantes, seguirán unidos en la demanda de justicia y presentación con vida de los normalistas.
Fotografía: Heriberto Paredes
Los egresados en 2015 no son nuevos en la lucha por la búsqueda de la verdad. El 12 de diciembre de 2011, cuando todavía eran pelones, en un enfrentamiento entre estudiantes de Ayotzinapa y policías del estado de Guerrero, vieron caer a manos de los agentes, a dos de sus compañeros. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Autopista del Sol, en el municipio de Chilpancingo, donde los estudiantes realizaban un bloqueo para pedir solución a sus añejas demandas y, sobretodo, el nombramiento del director del plantel, cuya ausencia tenía a la escuela sin clases desde dos meses. Y entonces como ahora, no sólo fueron atropellados los derechos de expresión y manifestación de los estudiantes, sino también sus derechos humanos, a través del uso desproporcionado de la fuerza, de la detención arbitraria y de la ineficiencia del aparato investigativo gubernamental que nunca logró aclarecer los acontecimientos.
Fotografía: Cristian Leyva
Las muertes de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús siguen sin justicia. Los dos presuntos autores materiales del asesinato, los agentes ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores, detenidos en enero de 2012 por la Procuraduría de Justicia de Guerrero (PJG), salieron en libertad en 2013 luego de que un juez federal les concedió un amparo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que había emitido medidas cautelares en favor de los estudiantes –como la atención victimológica de urgencia y el resguardo y preservación de pruebas– fue ignorada. Al igual que en 2014, también en 2011 hubo alteración de la escena del crimen, el expediente no fue integrado de manera completa y las armas utilizadas por los policías se consideraron de dudosa procedencia. Y al igual que en 2014, y por admisión del entonces procurador de justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, en el enfrentamiento participaron «agentes ajenos» al grupo de estudiantes, al gobierno de Guerrero y a las corporaciones policiacas. Quiénes fueron estos agentes nunca fue aclarado, como tampoco fueron atendidas las demanda del abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Las dinámicas con que los normalistas han sido atacados y perseguidos en estos últimos cuatro años son demasiado parecidas entre sí para que los egresados puedan pensar que las agresiones y persecuciones en su contra cesarán y creer que la justicia vendrá desde arriba.
Imposibilitados para alcanzar el Distrito Federal, el 25 de septiembre la generación 2011-2015 se sumó al plantón indefinido que la sección XIV de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), mantiene en el zócalo de Chilpancingo desde el 8 de octubre del año pasado. El presidente del Comité de Egresados, Itzcoatl Yonibeth Benito Coronado, explicó que el plantón es en apoyo a la Normal y a los padres y madres de los desaparecidos, y aclaró que aunque ellos ya no sean estudiantes, seguirán unidos en la demanda de justicia y presentación con vida de los normalistas.
“Hasta el momento estamos apoyándonos y recibiendo ayuda y estamos en coordinación con el Comité Ejecutivo Estudiantil de Ayotzinapa, con los compañeros que están ahora en el cuarto año y también con los padres y madres de familia, con quienes hemos tenido un par de reuniones hace aproximadamente veinte días, la última en la Normal de Ayotzinapa”.En la denuncia del hostigamiento y acoso en su contra, el Comité de Egresados señaló este compromiso con las viejas y nuevas generaciones y con los familiares de los 43 como la causa que origina dichas represalias.
“Pensamos que las represalias se dan a partir de una estrategia del gobierno federal y estatal de desarticular el movimiento, de desapartarnos como egresados de los padres de familia y de los estudiantes y de desapartar también a otras organizaciones. Porque cuando se da a conocer que tu tienes problemas de este tipo se genera miedo y angustia entre otros que también han sido actores en el acompañamiento con los padres, y en este sentido decimos que es una estrategia de desarticulación”.La solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) contenida en la averiguación previa PGR/DGCAP/ZCB-V/236A/2012, y enviada a la dirección de la Normal Rural de Ayotzinapa, de hecho, pide brindar información detallada en base al archivo escolar acerca de doce estudiantes que en los últimos cuatro años estuvieron involucrados en actividades de denuncia de la represión gubernamental hacía los normalistas.
Los egresados en 2015 no son nuevos en la lucha por la búsqueda de la verdad. El 12 de diciembre de 2011, cuando todavía eran pelones, en un enfrentamiento entre estudiantes de Ayotzinapa y policías del estado de Guerrero, vieron caer a manos de los agentes, a dos de sus compañeros. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Autopista del Sol, en el municipio de Chilpancingo, donde los estudiantes realizaban un bloqueo para pedir solución a sus añejas demandas y, sobretodo, el nombramiento del director del plantel, cuya ausencia tenía a la escuela sin clases desde dos meses. Y entonces como ahora, no sólo fueron atropellados los derechos de expresión y manifestación de los estudiantes, sino también sus derechos humanos, a través del uso desproporcionado de la fuerza, de la detención arbitraria y de la ineficiencia del aparato investigativo gubernamental que nunca logró aclarecer los acontecimientos.
Las muertes de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús siguen sin justicia. Los dos presuntos autores materiales del asesinato, los agentes ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores, detenidos en enero de 2012 por la Procuraduría de Justicia de Guerrero (PJG), salieron en libertad en 2013 luego de que un juez federal les concedió un amparo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que había emitido medidas cautelares en favor de los estudiantes –como la atención victimológica de urgencia y el resguardo y preservación de pruebas– fue ignorada. Al igual que en 2014, también en 2011 hubo alteración de la escena del crimen, el expediente no fue integrado de manera completa y las armas utilizadas por los policías se consideraron de dudosa procedencia. Y al igual que en 2014, y por admisión del entonces procurador de justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, en el enfrentamiento participaron «agentes ajenos» al grupo de estudiantes, al gobierno de Guerrero y a las corporaciones policiacas. Quiénes fueron estos agentes nunca fue aclarado, como tampoco fueron atendidas las demanda del abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Las dinámicas con que los normalistas han sido atacados y perseguidos en estos últimos cuatro años son demasiado parecidas entre sí para que los egresados puedan pensar que las agresiones y persecuciones en su contra cesarán y creer que la justicia vendrá desde arriba.
“El hecho de que haya averiguación previa sobre algunos compañeros de Ayotzinapa, nos hace pensar que no somos los únicos que vamos a tener este tipo de problemas. Como se conoce el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) ha estado participando y posiblemente también a ellos los han solicitado. No sé, pero puede ser que tengan problemas de este tipo, como también puede ser que los tengan generaciones posteriores a la de nosotros, porque los estudiantes activos que están ahora en Ayotzinapa y están apoyando a los padres de familia quizás cuando vayan egresando se encontrarán con la misma situación”.Por eso piden que por lo menos se cancelen las averiguaciones previas, que se le otorgue una carta que certifique la no existencia de no tener precedentes penales o algún proceso abierto y se le garantice que en un futuro no serán perseguidos por su búsqueda de la verdad acerca de los acontecimientos del diciembre 2011 y septiembre 2014. Por el momento, sin embargo, lo único que han obtenido ha sido el rechazo a su demanda de asignación de plazas automáticas que les comunicó, el pasado miércoles 7 de octubre, el subsecretario de gobierno, Luis Enrique Miranda. Los estudiantes se oponen a la realización del examen, fechado para el 18 de octubre en guerrero, porque, según sus cuentas, sólo hay 20 lugares para 121 egresados y por eso definirán en su próxima asamblea si presentarse o no el día de la prueba. Mientras, el miércoles 15 de octubre se reunirán nuevamente con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la PGR, para abordar el tema de las averiguaciones previas que queda todavía pendiente y reiterar que
“no es posible que nosotros fuimos las víctimas el 12 de diciembre de 2011, fuimos las víctimas el 26 y 27 de septiembre y somos los que estamos siendo investigados. Insistimos en nuestro pronunciamiento con los padres y madres de familia de que hay que investigar a los responsables, al ejército, cosa que no se ha hecho, y no a los afectados”.
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