Como
respuesta a la creciente importancia que tiene China en el rompecabezas
global, Estados Unidos se encuentra redefiniendo su dominio a través
del control de comercio de bienes y servicios a nivel mundial.
Si
bien es cierto que no hay un consenso entre los analistas sobre el grado
de tensión que existe entre EU y el país asiático, se acepta de forma
general el hecho de que las contradicciones entre ambos países aumentan
debido a la motivación norteamericana por impedir
la proyección ampliada que China opera más allá de sus fronteras. EU
está prendiendo todos sus motores para reordenar el mundo y evitar,
desde ahora, la posibilidad de que China y sus vínculos más cercanos
como Rusia se conviertan en un poder mayor.
Para enfrentar dicho
problema, podemos observar y seguiremos observando en los años venideros
que EU le da un giro a la tuerca de su dominio y decide reordenar el
sistema mundial capitalista impulsando una renovada estrategia de
control global a través de los dos acuerdos económicos más grandes de su
historia: Acuerdo Transpacífico (TPP), Acuerdo Transatlántico (TTIP).
El fin último de este movimiento monumental es rearticular el mercado
mundial a favor de las grandes empresas y el poder político de EUA.
Todos los motores de EU están puestos en esa dirección y a cualquier
parte del mundo donde pongamos nuestra vista podemos observar el interés
del país norteamericano por renovar la correlación de fuerzas del mundo
a su favor y desarticular la economía expansiva de oriente. El TPP
aprobado por EU con el mecanismo antidemocrático por excelencia llamado
Trade Promotion Authority (también conocido como Fast Track)
busca transgredir y desarticular el corazón del dominio comercial china
en el Mar del Sur de China y el Mar de China Oriental por medio de la
inclusión al TPP de Vietnam, Malasia, Singapur y Japón, mares que
necesitaría China para proyectar su poder económico y político a nivel
regional.
Por otro lado, también existe un hostigamiento militar de EU hacia China por el control del mar del sur chino y una revitalizada tensión
entre Corea del Sur y Norte provocada por EU para que China no logre un
diálogo entre ambas Coreas (MAPA). Incluso es posible que en los
próximos dos años veamos la integración de la regionalmente importante
economía de Indonesia al TPP y posiblemente la de Corea del Sur.
Todo esto con el fin de ahorcar el dominio chino en la región y
obligarle a mantenerse estrictamente obediente al mando estadounidense.
A
la par, se negocia el TTIP que si bien su aprobación no está resuelta,
tiene el objetivo final de deslabonar el mercado Europeo de la economía
rusa y china y frenar la proyección conjunta que estos dos países
visualizan en la región europea a través de Banco Asiático de
Inversiones en Infraestructura. A través del TTIP, los grandes capitales
estadounidenses y europeos buscar frenar la creciente fuerza económica
de China y Rusia en Europa. Junto a esto, promueven la destrucción y
descomposición de países estratégicamente vinculados con Rusia en el
Medio Oriente (Siria y Libia) mientras que generan alianzas con Irán
para quitarle a Rusia la proveeduría energética de Europa.
En
América Latina, EU se cuelga de una coyuntura económica negativa para
los países sureños provocada, de una parte, por la caída en los precios
internacionales de las commodities y, de otra parte, por el impulso
desesperado de las clases dominantes de América Latina por querer
insertarse al nuevo teatro de la economía mundial gestado desde
Washington, viendo que ahí encontrarán mayor rentabilidad en sus
negocios. No sólo están pasando por una caída en la tasa de ganancia de
sus negocios, sino que están viendo que EU articula un nuevo orden
comercial al que, afanosamente tratarán de articularse.
Por
supuesto que esa posibilidad está condicionada a profundizar políticas
económicas de liberalización que ya golpean a buena parte de la
población en la región, desde aquellas promovidas por llamados gobiernos
progresistas, que comienzan a aplicar paquetes de reformas neoliberales
que precarizarán y desarticularán el mercado nacional, hasta gobiernos
llamados neoliberales que profundizan la política de saqueo y privatizan
aún más la economía. En el contexto de la guerra, América Latina es
pensada por EU como parte de su Homeland Security (Territorio de
Seguridad Nacional)1
de manera que busca y seguirá buscando controlar, conquistar y
reconquistar los territorios para asegurar su poder económico y político
en el campo de la competencia mundial.
Zonas Económicas Especiales: Llevando el orden y el progreso al sur
México
toma la delantera en cuanto a la obediencia de los intereses y ordenes
decretados por EU. La clase política y los grupos empresariales del país
preparan a México para ser el mejor portado en la nueva configuración
económica mundial. Para cumplir con esta tarea, el aparato estatal tiene
el mandato de despojar violentamente las tierras de campesinos e
indígenas, así como precarizar la vida de los trabajadores para ofrecer
al capital extranjero un territorio puesto al mejor servicio para la
inversión extranjera.
La clase política y los empresarios repiten
una y otra vez a los capitales multinacionales que México está preparado
para lo que viene y ofrece una combinación de dos ventajas competitivas
que ninguna economía del mundo tiene: Ser frontera con el mercado más
grande y dinámico del mundo y tener la mano de obra más barata
de América Latina. En este contexto, se lanza hoy en México la
iniciativa de las Zonas Económicas Especiales, zonas francas en el sur
del país con excepcionalidad arancelaria. Es decir, enclaves económicos
de exportación a gusto del capital trasnacional. Territorios libres,
según la cosmovisión empresarial.
Hace 155 años, en
diciembre de 1859, el entonces presidente de EU James Buchanan impulsaba
el afán expansionista estadounidense en territorio mexicano a través
del Tratado McLane-Ocampo el cuál le habría otorgado a perpetuidad el
derecho a EU de transitar por el istmo de Tehuantepec a cambio de un
préstamo de 2 millones de dólares.
El acuerdo se trancó porque la
Guerra Civil en EU estalló poco tiempo después y la puesta en marcha del
McLane-Ocampo hubiera beneficiado a los Confederados. Desde esas fechas
ya era clara la inspiración estadounidense por controlar el istmo de
Tehuantepec como espacio estrecho de tránsito entre los mares atlántico y
pacífico.
155 años han pasado desde que se firmó el
acuerdo McLane-Ocampo y hoy, en voz de Peña Nieto, se renueva el interés
de EU por controlar el movimiento económico y político en el istmo
mexicano a través de lo que hace poco se ha anunciado como Zonas
Económicas Especiales(ZEE). Estas fueron advertidas
hace poco más de un año por Peña Nieta a días de haber sucedido el
asesinato y desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. A un
año de esta tragedia que se mantiene en la impunidad, Peña Nieto volvió a
anunciar
las ZEE, ahora como iniciativa de ley que actualmente se discute en el
congreso. Es decir, se monta perversamente sobre una tragedia que él
mismo encabeza, para justificar un proyecto de transnacionalización y
venta del territorio nacional.
El proyecto de ZEE se discute como iniciativa de ley
presidencial en el Congreso sin ningún indicio mínimo de que sea
rechazada o cuestionada. Toda la clase política, partidos políticos,
medios de comunicación, mundo empresarial, asociaciones civiles e intelectuales se encuentran festejando el hecho, sin que haya algún tipo de crítica al respecto.
Se
aprobará la ley de Zonas Económicas Especiales con el argumento tan
usado de llevar progreso y desarrollo al sur subdesarrollado de México y
crear empleo en esa zona marginada del país donde, según su
perspectiva, existe un rezago estructural de la productividad. En todos
los medios de comunicación se repite esta misma receta de palabras, empresarios y funcionarios en México y EU
hablan una y otra vez sobre el escaso crecimiento del sur mexicano y la
grandiosa labor que las ZEE significarán para esta región. Sin embargo,
la iniciativa de ley está lejos de tener una motivación de construcción
de soberanía que busque brindar condiciones de bienestar al sur.
Pensar
esto sería dejar de lado las transformaciones que ocurren a nivel
global. La iniciativa de las ZEE ocurre en medio de un contexto mundial
en el que EU está redoblando su dominio comercial en el mundo y las
regiones estrechas de del istmo mexicano se convertirán en espacios
estratégicos para la nueva arquitectura económica que Norteamérica
impulsa en el mundo a través del TPP y del TTIP. Anunciar esto
públicamente sería dejar caer el circo entero, pero para comprender el
escenario con mayor amplitud y percibir el motivo detrás de esta ley,
basta con mirar la proyección estadounidense en el mundo y su interés
por controlar el comercio entre el atlántico y pacífico. El discurso
sobre el rezago del sur es pura ideología estatal para ganar cotos
mínimos de absurda legitimidad. ¿Qué diría Justo Sierra si volviera a
nacer? Seguramente repetiría las mismas palabras que utilizó para
describir el Tratado McLane Ocampo: “no es defendible y representa la
constitución de una servidumbre interminable”.
México se
suma de lleno y sin mucho titubeo al renovado impulso dominador que
Estados Unidos gesta a nivel mundial. Jugará un papel importante no sólo
por ser frontera de EUA, sino por representar un espacio geográfico
importante en el comercio entre el atlántico y el pacífico. Habrá un
mayor flujo de bienes entre ambos océanos y toda la franja del istmo
centroamericano hasta Tehuantepec serán un espacio preciado en el juego
geoeconómico y político de EU, como lo ha sido siempre, pero ahora de
forma revitalizada. No es casualidad, por ejemplo, que a la par de
aprobarse las ZEE, se esté llevando a cabo el proyecto de Zonas de
Empleo y Desarrollo Económico de Honduras (ZEDEs)
que también significarán zonas comerciales e industriales estratégicos
para el dominio estadounidense en el marco del TPP y TTIP. En este
contexto, el istmo centroamericano y el de Tehuantepec se piensan como
territorios de seguridad nacional para EU.
El proyecto de
las ZEE no es una iniciativa de Peña Nieto. Viene gestándose desde
círculos académicos de instituciones universitarias estadounidenses como
Harvard, particularmente el Center for International Development dirigido por Ricardo Hausman, de quién ya he referido en otros escritos, también ha sido promovida por el Banco Mundial y bendecida por su presidente Jim Yong Kim, ha sido delineada por la OCDE,
y promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo. No es un plan
cortoplacista de Peña Nieto ni de un grupo de gobernadores, senadores o
diputados. La iniciativa se está gestando desde EU y pensada a largo
plazo, en el marco de la reconversión comercial que el país
norteamericano impulsa a nivel mundial. Por supuesto, el presidente,
gobernadores, senadores y diputados aprovechan esta coyuntura y
promueven un discurso desarrollista de bienestar y empleo para el sur
del país con el fin de parchar la deslegitimidad profunda desde la cual
gobiernan.
La ley de ZEE fue firmada en Tapachula,
Chiapas, por Peña Nieta el 29 de septiembre, mismo día en que fue
enviada a la Cámara de Diputado. El documento comienza con una
justificación de la ley donde se pone énfasis en el bajo crecimiento y
baja productividad de la región sur del país en comparación con el
norte. La ley lo expone de la siguiente manera:
“Los
estados de la región Sur de nuestro país presentan barreras
estructurales que inhiben el desarrollo de actividades económicas de
elevada productividad. Entre estos obstáculos destacan i) un ambiente de
negocios débil que genera incertidumbre sobre el retorno de las
inversiones ii) carencia de infraestructura que limitan el acceso a
mercados de tamaño relevante y elevan los costos de transacción iii)
menores niveles de capital humano que reducen la productividad laboral y
dificultan el desarrollo de actividades económicas más sofisticadas iv)
escasa innovación que limita el escalamiento productivo de las empresas
v) ausencia de empresas en sectores altamente productivos (…) vi) una
baja integración a la economía mundial”
El documento está
empecinado en insistir que el sur mexicano no es productivo como si lo
es el norte. ¿Qué obsesión tienen ahora por hablar de productividad en
el país cuando existe una dependencia tecnológica
como nunca antes provocada por la apertura económica con el TLCAN? Con
qué insistencia hablan de productividad después de haber aprobado la
reforma energética que deja en manos extranjeras el proyecto energético
del país y la reforma laboral que impide la capacitación de la mano de
obra y promueve mayor precarización del trabajo para ofertar salarios
bajos a las multinacionales. En julio de este año, la OCDE y el gobierno
mexicano organizaron Cumbre Internacional de Productividad
donde Peña Nieto, en una intervención de media hora, delineó algunas
iniciativas de su gobierno, entre las cuales estaban las ZEE. Para
justificar tales medidas mencionó que la prioridad de su gobierno es la
productividad y que todos los esfuerzos se harán para “aumentar la
productividad del país”. La productividad, según él y la OCDE, nos
salvará de todo mal y nos llevará a las filas del desarrollo y progreso.
La pregunta que nos debemos hacer es ¿qué entienden por productividad?
Existen
sólo dos maneras de aumentar la productividad. La primera es con
avances científicos y tecnológicos que permitan producir más en menos
tiempo. Para ello se requiere de un proyecto de educación que califique
mano de obra e invierta en investigación, tecnología y ciencia. Sin
embargo este no es el caso mexicano que solo contribuye con 0.82% de la propiedad intelectual a nivel mundial y tiene un grandísimo rezago
en innovación tecnológica y científica. La segunda manera de aumentar
la productividad es superexplotando la fuerza de trabajo, es decir,
aumentando la producción sin aumentar los costos de producción. Esta
manera de aumentar la productividad es la que conocemos en México desde
los años ochenta y particularmente en los noventa después de la firma
del TLCAN. Para el norte de México, región a la que el gobierno mexicano
llama “altamente productiva” por estar integrada al mercado mundial, la
productividad no significó otra cosa más que la generalización del
modelo maquiladora. En términos generales, la maquila es el aumento de
la producción mediante la venta barata de mano de obra. Eso es lo que
nos ha enseñado la experiencia de Ciudad Juárez, donde se integró una
mano de obra barata y femenina para redoblar la explotación y aumentar
las ganancias de los empresarios. Eso es para ellos un ejemplo de
productividad aunque mucho se sepa sobre el grado de descomposición
social en esta ciudad. En Ciudad Juárez, la industria maquiladora
“altamente productiva” ha significado la generalización de la pobreza, la militarización y el crecimiento exponencial de la delincuencia. Es el epicentro de la descomposición social, el epicentro de la violencia contra las mujeres, el epicentro del control laboral
y el epicentro de la vida sin derechos. Según ellos, ese es el mundo de
la productividad que buscan promover de manera renovada en el sur de
México con las ZEE. Ese ese el norte productivo que no solo es Ciudad
Juárez, sino todas las ciudades y regiones industriales de este país que
están encadenadas a la economía global por medio de industrias
maquiladoras de exportación.
Entre los elementos más
importantes de ser subrayados sobre la ley, está el tema de la
expropiación de tierras. El despojo de tierras será una condición
intrínseca del proyecto. La nueva iniciativa de ley menciona que las ZEE
son territorios de interés público y las regiones donde se consideren
apropiadas para ser instaladas, serán expropiadas.
“La
presente iniciativa de Ley califica a la construcción mantenimiento,
ampliación y desarrollo de la Zona, como causas de utilidad pública, lo
cual tiene efectos para la eventual aplicación de las medidas previstas
en la Ley de Expropiación, cuando así se requiere para promover bienes o
servicios para tales actividades”.
El Ejecutivo es quién
declara un territorio como zona de utilidad pública y el Ejecutivo es
quien expide el decreto de expropiación de ese territorio. Lo único que
le queda a las regiones afectadas es esperar la indemnización. Así lo
prueba el hecho de que Peña Nieto ha anunciado tres zonas económicas
especiales y nadie está enterado cómo funcionará, de qué se tratarán,
para quién, cómo, cuándo, dónde. Se va a aprobar la ley y nadie tiene
información, sólo los círculos cerrados de la clase política mexicana e
instituciones internacionales como OCDE, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, etc. Esta falta de información demuestra
que aquello que aparece como “interés público”, es todo lo contrario.
Entre menos se sepa, mejor.
La excepcionalidad arancelaria
será también una condición de las ZEE. Las empresas que decidan
invertir en las Zonas Económicas Especiales estarán exoneradas de pagar
impuestos arancelarios de importación y exportación. Esta ya es una
historia conocida en México que se volvió normal con el TLCAN y hoy se
renueva con esta ley:
“El Ejecutivo deberá establecer los
beneficios fiscales en materia de contribución que se consideren
necesarios para impulsar el establecimiento y desarrollo de las zonas
(…) Los beneficios que otorgue el Ejecutivo Federal en los términos del
presente artículo deberán tener como mínimo una duración de ocho años”.
Las
empresas que operen en las ZEE no pagarán impuestos ni tampoco
aranceles por los productos importados. En pocas palabras, se retoma
nuevamente el modelo maquilador que ensambla productos importados para
ser rápidamente exportados del país sin tener que pagar agregados por
esa maniobra. Territorios tomados por el gran capital, enclaves de
exportación.
Imagen tomada de Panampost
Hasta la fecha se ha anunciado la creación de tres zonas económicas. De acuerdo a comunicaciones oficiales,
se construirá el Corredor Industrial Inter-Oceánico, el Puerto Lázaro
Cárdenas y el Puerto Chiapas. Antes de que sepamos qué actividades
productivas, extractivas o comerciales se lleven a cabo de las zonas, el
Estado tiene que hacerse cargo de preparar la región para que las
empresas tengan la infraestructura necesaria para operar. Hasta ahora lo
que sabemos, de acuerdo con información oficial, es que se construirán
tres ZEE que tendrán a grandes rasgos las siguientes características:
1.- Corredor Industrial Inter-Océanico en el Istmo de Tehuantepec que
conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México. En esta zona se
promoverá la creación de un gasoducto Transoceánico de Coatzacoalcos en
Veracruz a Salina Cruz en Oaxaca. Se promoverá también la rehabilitación
del Ferrocarril del Istmo, un trazo que, históricamente, ha sido muy
valioso en el desarrollo productivo de esta región del país. Para apoyar
esta conectividad también se impulsará la Carretera Trans-ístmica.
2.- Puerto Lázaro Cárdenas y
municipios colindantes. Se emprenderán diversas obras de
infraestructura, equipamiento y modernización de Puerto Lázaro Cárdenas
en Michoacán. Los municipios colindantes de la Costa Grande de Guerrero
también serán beneficiados con la ampliación e inversión que se
proyectan en Lázaro Cárdenas.
3.- Puerto Chiapas:
Su importancia radica en que detonaría el desarrollo en la zona
fronteriza del estado de Chiapas. Se impulsará el gasoducto Salina
Cruz-Puerto Chiapas- Guatemala con lo que Puerto Chiapas acompañaría el
impulso generado por el Corredor Trans-ístmico.
Estas han
sido las zonas económicas especiales anunciadas por el presidente y
mientras se discute la ley de ZEE en el congreso, se va preparando el
terreno. Existe un proyecto de infraestructura que se está llevando a
cabo para que en un futuro no tan lejano puedan operar las empresas
trasnacionales. Estos proyectos de infraestructura son parte del programa nacional de infraestructura 2014-2018 que también se puede llamar Programa Nacional de Despojo.
A
pesar de que la ley de Zonas Económicas Especiales menciona que los
proyectos se harán sobre la base de consultas de pueblos indígenas de la
región, ya podemos ver algunos casos de infraestructura relacionada con
las ZEE que está siendo construida sin el consentimiento de los
pueblos:-
El gasoducto Salina Cruz- Puerto
Chiapas-Guatemala anunciado como parte de la infraestructura que
abastecerá de gas a la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas comenzó
a realizarse desde 2014. Este gasoducto transportará gas natural desde
Salina Cruz hasta Guatemala y tendrá una longitud de 600 kilómetros. El
proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que
involucra a México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
Cuenta con la asesoría y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo así como del Departamento de Estado de EU, a través de Buró de Recursos Energéticos.
Imagen tomada de Forbes
Para
el caso de la Zona Económica Especial Corredor Industrial
Transoceánico, se anunció el inicio de la construcción de gasoductos que
atravesarán 14 municipios de Veracruz y 13 de Oaxaca con una extensión
de 381 kilómetros de largo. El proyecto llamado Cinturón Transoceánico
se anunció en agosto del 2015 y consiste
"en la construcción de dos gasoductos en la región del Istmo de
Tehuantepec, para transportar gas LP de Pajaritos, Veracruz, y gas
natural de Chinameca, Veracruz, hasta Salina Cruz". De acuerdo con medios locales,
"La
construcción de los gasoductos representa para el Istmo una gran
inversión, puesto que implicaría tener gas natural para atraer a las
grandes industrias transformadoras de cualquier parte del mundo a
instalarse en la región, parar generar empleos permanentes bien pagados.
El sureste mexicano tiene la ubicación más estratégica de todo país,
pero no cuenta con gas natural para desarrollar su industria, a
diferencia del norte del país donde existen varias interconexiones.
Ahora será diferente".
Pocas semanas después de haberse
hecho público el anuncio del Cinturón Transoceánico, los pobladores de
la región hicieron sentir su rechazo en el foro ciudadano
llamado "Los Gasoductos y su Impacto Social". Los participantes, en su
mayoría de pueblos indígenas de la región istmeña, advirtieron a las
autoridades que no otorguen permisos de cambio de uso de suelo y
manifestaron su rechazo a la construcción de los gasoductos por los
efectos ambientales y sociales que ocasionarán. A pesar de este rechazo
popular al despojo, la empresa encargada de la construcción (Grupo PMI),
publicó
una defensa del proyecto argumentando que los reclamos son infundados.
En otras palabras, la propiedad privada parece tener mayor razón que la
propiedad pública.
Con estos dos casos va quedando claro
quién define la utilidad pública de estos proyectos. Ni siquiera se ha
aprobado la ley y ya se está llevando a cabo el despojo de tierras sobre
campesinos pueblos indígenas de la región. Con esto están dejando claro
cómo van a funcionar las reglas del juego: Primera regla, la población
no participa.
Las Zonas Económicas Especiales significarán
un proyecto de maquilización de la tierra istmeña del sur mexicano. El
objetivo es convertir a esa región del país en un gran enclave
productivo para la exportación que participe activamente en el nuevo
armazón económico de escala mundial promovido por EU. Lo que ya podemos
observar es que la infraestructura que se va a poner a disposición de
las ZEE se construye dándole la espalda a los pueblos de la región. La
clase política y las cámaras empresariales se jactan una y otra vez de
que las ZEE son proyectos que servirán a la población del sur del país,
pero desde ya podemos observar que es todo lo contrario. Recién
comienzan las obras de infraestructura y ya queda claro lo lejano que
estarán de las necesidades de la población de la región. Las Zonas
Económicas Especiales están insertas en una dinámica de renovación del
dominico comercial estadounidense y México será una geografía
fundamental en ese teatro. Para las empresas trasnacionales que ocuparán
esas zonas, la excepcionalidad arancelario, la infraestructura gratuita
y la baratísima mano de obra que se les ofrece serán motores de sus
ganancias. Para la economía mexicana será mayor desarrollo del
subdesarrollo, mayor dependencia, mayor despojo y mayor precariedad de
la vida social.
http://www.alainet.org/es/articulo/173668
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