La presidenta de la
Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados alerta sobre la
aprobación de una iniciativa presidencial relativa al fondo de pensiones
del ISSSTE.
(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)
Con los voto del PRI, sus partidos satélites, y del PAN y PRD, la Cámara de Diputados aprobará en breve la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal
que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el propósito de escindir del
Instituto al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio
del Estado (PENSIONISSSTE) y convertirlo en una empresa de
participación estatal mayoritaria.
En opinión de la diputada Damián, el gobierno inicia así una serie de acciones
para reformar la seguridad social en nuestro país, cuyo principal
objetivo es reducir (aún más) la responsabilidad del Estado en materia
de pensiones.
“La reforma -dijo- elimina el carácter público del PENSIONISSSTE al transformarla en una empresa de participación estatal mayoritaria, permitiendo hasta un 49% de participación privada”.
Araceli Damián explicó que actualmente la operación y normatividad del PENSIONISSSTE garantiza mayores beneficios
para los trabajadores, lo que es visto como una competencia desleal por
el resto de las administradoras de fondos para el retiro (AFORES). Pero
la reforma tendrá consecuencias negativas para el ahorro de los
trabajadores.
El cambio del PENSIONISSSTE – continuó- se dará precisamente porque ha otorgado los mayores rendimientos.
Según datos de la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro), de marzo de 2011 a agosto de 2015, fue la administradora de
fondos con mayor rendimiento para las cuentas de la población de 60 años
y más y se ubicó en segundo lugar para las de la población de 37 a 45 y
de 46 a 59 años.
Asimismo, al derogar el Art. 109 de la Ley, se eliminan los candados
que obligaban al PENSIONISSSTE a invertir los fondos en la actividad
productiva nacional; construcción de vivienda; generación de energía,
producción de gas y petroquímicos, y la construcción de carreteras.
Se cumple así una de las exigencias de la iniciativa privada,
es decir, permitir que estos fondos (que ascienden a casi 120 mil
millones de pesos) se inviertan libremente eninstrumentos financieros y
de inversión, siendo esta una de las recomendaciones de la OCDE para
“mejorar” el sistema de pensiones. Se abre así la puerta para invertir
en instrumento más riesgosos, con una lógica de obtención de máxima
ganancia, aumentando la posibilidad de pérdida o minusvalía de los
recursos de los trabajadores.
Para la diputada Damián, el aspecto más preocupante de la reforma se
encuentra en la fracción V del Transitorio segundo, que establece que “El Gobierno Federal no responderá por las obligaciones
a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente
transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades
de inversión especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad
administre y opere.” Esto significa que de haber minusvalía o pérdida
total de los fondos serán los trabajadores, durante su vejez quienes
pagarán con una mayor pobreza, el costo de esta reforma.
En conclusión, explicó, la reforma transferirá a manos privadas una parte sustancial de los rendimientos del dinero ahorrado por los trabajadores y, al mismo tiempo, los deja desprotegidos ante los riesgos de pérdidas.
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