Guerrilleros de las FARC en Colombia. Foto: AP
Guerrilleros de las FARC en Colombia. Foto: AP

A la luz del pronunciamiento del candidato de Morena a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de dialogar para otorgar una amnistía a los delincuentes tendiente a garantizar “la paz y la tranquilidad” del país, juristas que participaron en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia sostienen que el modelo de justicia transicional que existe en su nación puede ayudar al gobierno mexicano a responder a sus víctimas y a reducir los niveles de violencia. Y aunque no omiten las diferencias sustanciales entre los dos países, ponderan las virtudes de la vía colombiana.
BOGOTÁ (Proceso).– El acuerdo de paz que firmaron en noviembre de 2016 el gobierno de Colombia y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el referente internacional más inmediato para el proceso “de paz y reconciliación” que propone en México el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y, según juristas que participaron en su elaboración, tiene elementos “totalmente aplicables” a la realidad mexicana.
Esto, a pesar de que hay claras diferencias entre una guerrilla alzada en armas con fines políticos y los grupos delictivos que producen la violencia en las regiones mexicanas con el objetivo de garantizar sus rentas criminales.
A las FARC, el gobierno colombiano les dio estatus de interlocutor político, algo que es impensable aplicar en el caso de los cárteles mexicanos del narcotráfico porque su razón de ser es exclusivamente delincuencial.
“Esa es una diferencia sustancial, pero sí creo que en el acuerdo de paz que se firmó en Colombia hay un modelo de justicia transicional cuyos componentes pueden servir para resolver el conflicto mexicano”, dice a Proceso el jurista español Enrique Santiago.
El asesor jurídico de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y coautor del acuerdo de justicia entre las partes señala que el elemento más importante a tomar en cuenta es que nada se puede hacer por encima de las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Esto significa que ningún autor de delitos graves –entre ellos el asesinato de civiles, genocidio, desaparición forzada, tortura, violación y secuestro– puede ser beneficiado con una amnistía o un indulto.
Según el derecho humanitario, ese tipo de crímenes cometidos por la gran mayoría de capos mexicanos de la droga deben ser investigados, juzgados y sancionados.
“Esa es una obligación ineludible para cualquier Estado. Una amnistía a los responsables de esos delitos daría lugar a la intervención de la Corte Penal Internacional”, afirma Juanita Gobertus, abogada y exintegrante del equipo del gobierno colombiano que negoció la paz con las FARC.
Otro elemento central que contiene el acuerdo con las FARC es que su punto de partida fue garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Este principio, según ha dicho López Obrador, su propuesta de amnistía también sería la base del acuerdo de pacificación que impulsaría en México en caso de ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio.
El candidato presidencial de Morena se pronunció en diciembre pasado por un diálogo para otorgar amnistía a delincuentes a fin de garantizar “la paz y la tranquilidad” de México, donde se han registrado 239 mil 177 homicidios en los últimos 11 años, uno cada 24 minutos en promedio, y 33 mil 605 personas han desaparecido.
Esa iniciativa, que desató controversias en medio de la contienda electoral porque los adversarios de López Obrador lo acusaron de buscar la impunidad de delincuentes, se ha transformado en una propuesta “de paz y reconciliación” que va mucho más allá de una amnistía y que apunta a la creación de un sistema de justicia transicional.
La iniciativa será lanzada de manera oficial por el candidato de Morena a finales de este mes o principios de junio, pero sus bases ya han sido detalladas por Alfonso Durazo, a quien López Obrador mencionó como su probable titular de Seguridad Pública en caso de llegar a Los Pinos.
La receta mexicana
El 24 de abril pasado, durante un seminario en El Colegio de México, Durazo dijo que lo que busca López Obrador es “una receta mexicana” para pacificar al país y que se hará escuchando a la sociedad, a expertos en seguridad y a directivos de organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI), Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esa “receta”, que formaría parte de una nueva estrategia de seguridad de 10 puntos, incluirá fórmulas como la amnistía, el indulto y un mecanismo de justicia transicional.
“El objetivo es incentivar a los grupos sociales vulnerados a dejar la ilegalidad y a participar en los procesos de esclarecimiento de la verdad y en programas de reconciliación comunitaria”, dijo Durazo.
La última palabra, aclaró, “la tendrán las víctimas y, posteriormente, el Congreso”, pues cualquier vía que se elija para buscar la paz tiene que ser puesta en marcha en el marco de una ley que apruebe el Legislativo.
Eso fue lo que ocurrió en Colombia con el acuerdo de paz con las FARC, cuya implementación requiere de un conjunto de legislaciones que debe aprobar el Congreso, entre ellas las que norman el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional pactado para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo.
La JEP, por ejemplo, contempla amnistías e indultos para guerrilleros desmovilizados que no hayan cometido crímenes graves en el marco de la guerra.
Esos beneficios sólo los han recibido excombatientes acusados del delito político de rebelión (enfrentar con las armas al Estado) y de delitos conexos a la rebelión, como homicidio en combate, portación de armas y narcotráfico, sólo si se determina que no se cometió para un lucro personal sino para financiar la guerra.
López Obrador ha dicho que su propuesta de paz no busca beneficiar a los grandes capos de la droga, sino a los eslabones más débiles de la cadena delictiva, como los campesinos que siembran amapola a pequeña escala, a quienes además dirigiría un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
En México, una legislación de justicia transicional podría precisar qué delitos podrían ser amnistiados (la amnistía consiste en perdonar los delitos cometidos por una persona) y qué tipo de infractores podrían ser indultados (el indulto consiste en eximir a un condenado de cumplir la pena que le fue impuesta).
También, como en Colombia, el sistema de justicia transicional podría contemplar rebajas de penas para delincuentes que hayan cometido delitos graves, a cambio, por ejemplo, de que entreguen sus armas y desmantelen sus organizaciones criminales.
“Justicia transicional”
Iván Orozco, abogado y experto en justicia transicional, considera que es posible hacer un proceso de paz con grupos del narcotráfico al alero del Derecho Internacional Humanitario (DIH), como fue el caso en Colombia, siempre y cuando se asuma que tienen estructura jerárquica, unidad de mando y capacidad para realizar operaciones concertadas y controlar territorios.
“El DIH no exige que un grupo armado deba tener una naturaleza política o ideológica, o un proyecto revolucionario, para que ese grupo sea reconocido como parte de un conflicto. Un cártel de las drogas con un aparato armado, como los que hay en México, puede cumplir las condiciones”, dice Orozco.
El exasesor jurídico para el acuerdo de justicia con las FARC señala que el mismo DIH prevé que, al término de un conflicto, quienes hayan participado en él puedan acceder a amnistías, o a mecanismos transicionales en el que reciban rebajas de penas a cambio de aportar verdad, reparación y garantías de no repetición a sus víctimas.
“En los casos de delitos no amnistiables, habrá que establecer un mecanismo de juzgamiento para todos aquellos que los hayan cometido. Ahí se pueden contemplar sanciones que reparen el daño causado, además de la prisión, y pueden contemplarse rebajas de penas a cambio de un reconocimiento temprano, completo y exhaustivo de verdad y responsabilidad”, señala Orozco.
Y añade: “Bajo esos parámetros, podría ser un modelo evidentemente eficaz para México, y no sólo para juzgar a los narcotraficantes sino a los agentes del Estado (militares y policías) que cometieron crímenes graves en el marco de la guerra”.
Según el acuerdo de paz con las FARC, los exintegrantes de esa desaparecida guerrilla que hayan cometido delitos atroces deberán acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, a cambio de confesar sus crímenes, podrán recibir sanciones de entre cinco y ocho años de libertad restringida –no de cárcel– y de trabajo comunitario.
En el proceso de paz que hizo el gobierno colombiano con grupos paramilitares la década pasada, los jefes de esas organizaciones recibieron rebajas de penas, pero las sentencias fueron de entre cinco y ocho años de cárcel efectiva y los jefes de esos grupos, que eran los mayores capos de la droga de esa época, no fueron reconocidos como actores políticos.    
En ese sentido, la abogada Juanita Gobertus indica que el proceso de paz con los paramilitares colombianos también puede ser un referente para México porque los jefes de esos grupos fueron tratados como delincuentes que eran parte de un conflicto.
A cambio de su desarme, de desmantelar sus estructuras y de responder a sus víctimas, recibieron penas reducidas en el marco de un sistema de justicia transicional.
“Podría ser una experiencia útil para México”, señala la exintegrante del equipo del gobierno colombiano que negoció la paz con la exguerrilla de las FARC.
Gobertus dice que la justicia transicional es un conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales para hacer frente a un pasado de atrocidades. Su finalidad, señala, es satisfacer los derechos de las víctimas y permitir a la sociedad resolver largos periodos de violencia.
“Puede haber comisiones de la verdad, programas de reparación de víctimas, procesos de depuración de fuerzas militares, tribunales especiales y ordinarios, sanciones alternativas, indultos, amnistías y juicios puros y duros”, explica.
Para Gobertus, quien es maestra en derecho de la Universidad de Harvard y diputada electa por la Alianza Verde, dos preguntas obligadas en México son: ¿es posible desmovilizar a grupos del crimen organizado e incorporarlos en la vida civil?, y ¿qué objetivo tendría un proceso de esa naturaleza?
López Obrador ya ha dicho que lo que busca es la pacificación y reconciliación del país, donde en los últimos dos sexenios la violencia ha producido “1 millón de víctimas”.
Un mentís para Ricardo Anaya
El jurista español Enrique Santiago sostiene que México necesita un sistema de justicia transicional que le permita pasar “de una situación política en la que las instituciones democráticas han estado absolutamente penetradas por organizaciones criminales, a un modelo de estabilización democrática donde las instituciones del Estado respondan exclusivamente al estado de derecho”.
De acuerdo con Santiago, la justicia transicional es el mejor mecanismo para evitar la impunidad porque “en ningún lugar del mundo donde ha habido un conflicto con un número muy elevado de víctimas es posible hacer justicia pretendiendo procesar, uno a uno, en procedimientos ordinarios, a todos los responsables”.
Santiago, quien en abril pasado asumió como secretario general del Partido Comunista de España, considera que, bajo esos parámetros, podría ser un modelo eficaz que ayude a México a responder a sus víctimas y a reducir los niveles de violencia.
Como resultado de los acuerdos de paz con las FARC, unos 12 mil 500 guerrilleros de ese grupo dejaron las armas. La mitad de ellos fueron indultados, 5 mil 541 se postularon para ser juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el resto eran prisioneros que obtuvieron su libertad condicionada. Unos 400 siguen en prisión.
Además de los exguerrilleros, mil 824 militares y policías que cometieron delitos graves en la guerra se postularon a la JEP.
El historiador y abogado Mario Aguilera afirma que los procesos de paz con las FARC y con los grupos paramilitares han servido para aminorar la violencia en el país.
El acuerdo de paz con la exguerrilla, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2016, hizo de 2017 el año menos violento de la historia moderna de Colombia. La cifra de homicidios se ubicó en 11 mil 781, un 60% por abajo de los reportados en 1991 y 32% menos que los de hace una década.
También el acuerdo de paz con los paramilitares se tradujo en una reducción de la violencia la década pasada. En 2002, en Colombia hubo 28 mil 777 homicidios, 68.3 por cada 100 mil habitantes en promedio –la más alta tasa en Latinoamérica–, y para 2010 esa cifra cayó a 15 mil 459, equivalentes a 26.8 por cada 100 mil habitantes.
En el debate de candidatos a la Presidencia realizado en México el pasado 22 de abril, el aspirante panista Ricardo Anaya aseguró que “la amnistía” a delincuentes que propone López Obrador es una fórmula que “se intentó en Colombia hace 25 años y fue un absoluto desastre” ya que “aumentó más la violencia”.
Lo cierto es que hace 25 años, en 1993, Colombia no aplicó ninguna amnistía a criminales. Lo que hizo entre 1990 y 1992 el presidente colombiano de la época, César Gaviria, fue expedir decretos para propiciar el sometimiento a la justicia del capo del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, y de sus hombres, a cambio de rebajas de penas. 
Escobar se entregó en 1991, pero un año después se fugó de la cárcel y en diciembre de 1993 fue abatido por la policía en una casa de Medellín. Los decretos de Gaviria fueron una herramienta importante para incentivar a criminales a entregarse y dar información sobre el capo.
Contrario a lo que afirma Anaya, la violencia en Colombia registró un descenso a partir de 1993. Ese año se produjeron 28 mil 255 asesinatos, 67.2 por cada 100 mil habitantes. Dos años después, la tasa cayó a 52 homicidios por cada 100 mil habitantes, y ese delito se mantuvo en ese rango hasta 2002, cuando volvió a repuntar.
Este reportaje se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.