La clase empresarial rompió con sus
protocolos de no involucrarse activamente en la elección a partir del
conflicto que se desató con las acusaciones hechas por López Obrador
hacia ese sector, hecho que podría repercutir en los comicios del 1 de
julio además de abonar a la división del país
El sector empresarial levantó la voz. La confrontación con el
candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ propició que los
empresarios en México hicieran un llamado a debatir y a mantener la
unidad en un año en el que el país vivirá un cambio de administración en
el Ejecutivo.
Con este activismo, la élite empresarial escribe un nuevo capítulo en
la vida política del país, aun cuando no es su principal papel dentro
de la sociedad, y rompe con los protocolos que había respetado de no
involucrarse de manera activa en un proceso electoral.
Este choque ha generado varias interrogantes sobre el propósito real
que persigue la iniciativa privada, ya que muchas de las empresas que
pertenecen a las principales cúpulas han recibido beneficios del
gobierno durante décadas, coinciden especialistas.
“El mensaje fue dirigido hacia los grandes empresarios y, en
particular, a los que tienen un trato cercano con el gobierno y que
pueden ver afectados sus intereses. Pero no toca a los pequeños y
medianos empresarios”, dice Siegfried Seedorf, catedrático de la
Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.
Los posicionamientos del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) han acaparado la atención en los últimos
días, sin embargo, el primero en mostrar su rechazo a las propuestas del
presidenciable fue Carlos Slim, al salir en defensa del proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) a mediados
de abril pasado.
Sin embrago, el conflicto por el NAICM ya bajó de tono, pues en el
marco del XVI Foro Nacional de Turismo, López Obrador dijo que no busca
cancelar la obra, sino resolver la saturación del actual aeropuerto sin
gastos excesivos ni corrupción.
Además aseguró que dialogará con los empresarios y constructores y respaldará las inversiones.
Ante su declaración, Juan Pablo Castañón reconoció como un avance que Obrador haya cambiado su postura respecto al NAICM.
Hoy, la incertidumbre entre la élite empresarial y el candidato
puntero en las encuestas pone sobre la mesa la interrogante de si este
conflicto entre ambas partes podría influir en el resultado del próximo 1
de julio, sobre todo al tener en cuenta que históricamente, el
presidente ha tenido el respaldo de la iniciativa privada.
“A pesar de que el empresario debe jugar un papel político, primero debe enfocarse en lo que mejor saber hacer: producir, generar empleos y sacar a México adelante. La iniciativa privada debe dejar que los políticos hagan su trabajo, ya que no pueden jugar en un terreno que desconocen”
AMLO VS. empresarios
El 1 de mayo, el abanderado de Morena a la presidencia de la
República arremetió contra un grupo de empresarios en un acto de campaña
en Veracruz acusándolos de financiar “una guerra sucia” en su contra y
pactar con Ricardo Anaya para “convencer” al presidente de México,
Enrique Peña Nieto, de apoyar al panista en sus aspiraciones
presidenciales.
Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis; Alberto Baillères,
presidente de Grupo Bal; Eduardo Tricio, presidente del consejo de
Administración de Grupo Lala y Germán Larrea, el segundo hombre más rico
del país y propietario de Grupo México, fueron los nombres que más
sonaron en las palabras de Andrés Manuel López Obrador.
El conflicto entre el abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ y los principales empresarios del país comenzó después de que Obrador los acusara de orquestar una ‘guerra sucia’ en su contra y de ‘robar
“A todos ellos les digo que no se preocupen, que no es mi fuerte la
venganza, pero van a cambiar las cosas. Lo único que puede ser que no
les guste es que ya no van a seguir robando. Ellos ya estuvieron mucho
tiempo dominando a México y han arruinado al país, han desgraciado a
nuestro pueblo”, sostuvo.
En respuesta, el Consejo Mexicano de Negocios, encabezado por el
director general de Cinépolis, difundió un documento titulado ‘Así no’,
en el que externó su descontento y rechazo a las expresiones del
presidenciable.
“Condenamos que un candidato a la presidencia de la república recurra
a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante
que alguien que aspira a ser presidente de México denueste a quienes no
comparten sus ideas”, se lee en el desplegado.
El Consejo destacó que las empresas que lo integran emplean de manera
directa a más de un millón y medio de mexicanos y cada año invierten
miles de millones de dólares en el país, lo que ha derivado en grandes
beneficios para la economía nacional.
También defendió que la confianza y la certeza jurídica son cruciales
para promover las inversiones y la generación de empleos, pero las
descalificaciones impiden que esto se pueda lograr.
De igual forma el CMN expresó que se mantendrá abierto al diálogo con
todas las fuerzas políticas, pero poniendo por delante el respeto en
todo momento.
“Nuestro compromiso es con un México abierto al mundo, próspero e
incluyente. Convocamos a todos los candidatos y a la ciudadanía en
general a construir un México con futuro basado en un diálogo abierto y
respetuoso que sume voluntades”.
Tras publicarse el documento en los principales diarios de
circulación nacional, representantes de las cúpulas empresariales
respaldaron la postura del CMN.
Previo a la entrega del Premio Nacional de Políticas Públicas,
organizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), Juan Pablo Castañón, líder del CCE, dijo a medios de
comunicación que los empresarios sólo buscan construir un México con un
mejor futuro y negó que manipularan a las instituciones a su favor.
“Lo único que nosotros queremos es proponer un México de más
libertades. No somos ladrones, ni explotadores, ni privilegiados que
sólo abusan. Eso es discriminación también”, reviró al candidato
tabasqueño.
Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex,
advirtió que sus afiliados serán defendidos y contarán con el respaldo
del organismo frente a cualquier político, aunque no mencionó el nombre
del presidenciable.
Dentro de una democracia se expresan los diferentes puntos de vista con el propósito de construir en conjunto sin excluir a ningún grupo de la sociedad
“No vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia tengamos un
regreso al autoritarismo. No vamos a permitir ni podemos aceptar de
ninguna manera ese maniqueísmo que quiere dividir a la sociedad mexicana
entre ricos y pobres, entre el pueblo y los “fifis”, entre empresarios y
trabajadores, entre güeros y morenos”, aseguró De Hoyos.
¿De dónde surge el activismo?
Para Marco Fernández, catedrático e investigador de la Escuela de
Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, es
natural que existan voces que disciernan de algunos puntos de vista de
las propuestas de los presidenciables, y los empresarios no son la
excepción.
“Como cualquier ciudadano, (los empresarios) alzan la voz, sólo que
ellos tienen medios para que se vuelva más visible en la arena pública.
Tiene que ver con una visión que no comparte ninguna de las propuestas
de López Obrador y que salen a expresar públicamente su desacuerdo
porque se sienten agraviados”, precisa Fernández.
Además, añade, que dentro de una democracia se expresan los
diferentes puntos de vista con el propósito de construir en conjunto sin
excluir a ningún grupo de la sociedad.
“Para llegar a este objetivo es importante sentarse a dialogar con
quienes piensan igual que uno, así como con quienes no lo hacen”.
La ausencia de igualdad
Los empresarios de élite cerraron filas para crear un frente, sin
embargo, este no necesariamente representa los intereses de todo el
sector, en particular, los de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
“Hay una cúpula, pero sólo ve por los intereses de las grandes empresas, al resto las han dejado de lado por años, quitándoles voz y voto”
El académico agrega que los empresarios a los que se han dirigido los
ataques del aspirante a la presidencia sólo representan el 20 por
ciento de la fuerza laboral total del país.
Si bien la iniciativa privada genera 90 por ciento de los empleos
formales en México, destaca que ocho de cada 10 trabajadores son
empleados por las pymes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Estos organismos empresariales son un motor importante para la
economía mexicana. En la actualidad, hay más de 4 millones de
microempresas que aportan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional.
Sin embargo, la falta de financiamiento, la baja demanda de sus
productos, el exceso de trámites gubernamentales y los problemas
relacionados con la inseguridad son los principales frenos de su
crecimiento.
Los grandes empresarios agrupados en el CCE y en el CMN no representan a todo el sector, del cual también forman parte las pequeñas y medianas empresas, quienes no gozan de los mismos privilegios y cuya voz muchas veces ha quedado relegada ante la élite empresarial
En México, 80 por ciento de las pequeñas y medianas empresas muere
durante el primer año de operación, sólo 25 por ciento logra sobrevivir a
los dos primeros años y 90 por ciento quiebra durante su primera década
de vida, revela la Encuesta Nacional sobre Productividad y
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce).
Francisco J. Orozco, director asociado del departamento académico de
Contabilidad y Finanzas Región Norte del Tecnológico de Monterrey,
coincide en que México tiene dos rostros en el sector empresarial.
“El camino no es parejo para todos los empresarios porque no se ha
impulsado una reforma fiscal que pueda apoyar al pequeño empresario, no
se ha hecho una iniciativa que busque beneficiar a los
que están abajo, sin perjudicar a los que están arriba y viceversa”, dice el también catedrático. La iniciativa privada genera 90 por ciento de los empleos formales en el país, de los cuales, ocho de cada 10 trabajadores son empleados por las pymes
Orozco también destaca que a pesar de que la iniciativa privada pueda
no estar de acuerdo con las decisiones del presidente, al final con
quienes negocian los empresarios la mayor parte de las veces es con la
cabeza del gobierno estatal.
“Aunque la cúpula empresarial no llegue a un acuerdo con el gobierno
federal, lo importante es la relación que se tiene con los estados.
Pueden pasar muchas cosas con el presidente que sí influirán en los
planes de las empresas, pero, el primer contacto es con las entidades”,
asegura.
Los especialistas consideran que otro de los temores de las cabezas
empresariales es que, de llegar a la presidencia, el abanderado de la
coalición ‘Juntos Haremos Historia’ les quite los beneficios de los que
han gozado por años, en un país donde persiste una gran desigualdad
económica.
México se encuentra dentro del 25 por ciento de los países con
mayores niveles de desigualdad a nivel mundial. Un análisis de Oxfam
revela que las brechas entre ricos y pobres en el país son muy marcadas:
en territorio nacional vive el hombre más rico de América Latina junto
con más de 50 millones de personas pobres.
“La riqueza de los mexicanos más ricos en 2017 fue de 116 mil
millones de dólares: las 10 personas mexicanas más ricas tienen la misma
riqueza que el 50 por ciento más pobre de México”, refiere el informe
de la organización.
Marco Fernández, académico y coordinador de Anticorrupción en México
Evalúa, tiene otra visión más alentadora sobre los beneficios que ha
dejado la iniciativa privada en las familias mexicanas.
“Existe un número muy importante de trabajos que son generados por el
empresario mexicano, por lo que al menos hablamos de 15 millones de
empleos. Si se multiplica esta cifra por el número de personas que
integran un hogar (cuatro) el efecto que tiene es mayor y puede alcanzar
hasta los 60 millones”, dice.
Destaca también que uno de los grandes males que no se atiende es el
de la informalidad y la falta de oportunidad de trabajo, lo que orilla a
muchos mexicanos a trabajar en este mercado sin la posibilidad de
acceder a un sistema de salud adecuado o a un fondo para el retiro. Así
también la forma en que sólo se gobierna para un sector de la sociedad.
“Un problema común para el gobierno en turno es la falta de
pluralismo al ejercer la acción el ejecutivo. Sería lamentable que esta
vez se hiciera a la inversa, atendiendo a otro segmento de la
población”.
Acabar con la polémica
Luego de la tormenta, el sector empresarial busca terminar el
conflicto con el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López
Obrador.
El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo en
teleconferencia con medios que el hecho de no coincidir en temas
electorales, no crea una confrontación con el representante de la
coalición ‘Juntos Haremos Historia’.
“Es un llamado a la civilidad, a la concordia para buscar puntos de
coincidencia, entendiendo que en las campaña políticas puede haber
momentos de inflexión, pero que todos los ciudadanos, en primer lugar,
los partidos y candidatos, privilegiamos que sea un diálogo
constructivo. El hecho de disentir de ninguna manera pude implicar que
nos consideremos enemigos”, comentó De Hoyos.
Además, precisó que ya es tiempo de dar carpetazo a ese capítulo y
aprovechar lo que resta de las campañas electorales para seguir
construyendo un mejor país.
La declaración se da después de que el CCE hizo un llamado a todos
los candidatos a la presidencia a tener un debate constructivo y abierto
para limar asperezas sobre las diferencias que existen.
La guerra de declaraciones entre Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial poco abona a la mejora del país, por lo que ambos decidieron no continuar con el conflicto y buscar puntos de coincidencia
En un desplegado firmado por más de 400 organismos empresariales, el
Consejo Coordinador Empresarial reafirmó su postura de ser una de las
piezas clave para el desarrollo del país.
“Todas las organizaciones firmantes hacemos un llamado a tener un
debate constructivo, abierto, a dialogar las diferencias con evidencia y
argumentos de fondo, para que hagamos realidad el México al que todos
tenemos derecho”, se lee en el comunicado firmado por la CCE.
Sumado a esto, el Consejo agregó que responsabilizar a las empresas
de ser las causantes de la mayoría de los males que aquejan al país es
no entender la naturaleza del sector productivo que genera 9 de cada 10
empleos y aporta 8 de cada 10 pesos que se invierten en México.
“Las empresas somos parte de la solución, no las causante del
problema. La única manera de reducir la pobreza de forma sostenida es a
través de la inversión productiva y el empleo formal”, refiere el
desplegado.
Aunque los empresarios ya dieron su brazo a torcer, hay que recordar
que López Obrador fue el primero en decir “zafo” a continuar con la
disputa argumentando que no se engancharía más en el conflicto.
Como prueba de esto, el candidato de la coalición ‘Juntos Haremos
Historia’. anunció en el marco del XVI Foro Nacional de Turismo, que no
tiene intenciones de cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
y que dialogará con empresarios y constructores además de que
respaldará las inversiones.
La declaración fue tomada de manera positiva por Juan Pablo Castañón,
quien reconoció como un avance que Andrés Manuel López Obrador haya
cambiado su postura en relación al NAICM.
“Es bueno que los actores políticos vayan comprendiendo que el nuevo
aeropuerto es una obra importante para la nación y, una vez que se
termine, será el momento de definir en qué esquema operará. Lo más
importante en estos momentos es contar con esta obra que conectará a las
personas”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
2006: Una mancha en el expediente empresarial
El abanderado de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y del
Partido Encuentro Social, ha reiterado que un puñado de empresarios que
ocupan la cúpula de los negocios fueron quienes impidieron su llegada al
poder durante las elecciones de 2006.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció una resolución por unanimidad en donde dice que el PAN, el PRI, el PVEM y el CCE violaron en 2006 la ley electoral al emprender una campaña en contra de Obrador y en beneficio del expresidente Calderón
Entre sus declaraciones destacan que fue este selecto grupo de
hombres de negocios quienes financiaron durante las contiendas
electorales del 2006 una serie de spots en donde atacaban directamente a
su persona.
Estos señalamientos tienen fundamentos. El propio Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) estableció una resolución por
unanimidad de los siete magistrados que lo integraban en donde el PAN,
PRI, PVEM y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) violaron en 2006 la
ley electoral, al emprender una campaña en contra del López Obrador, en
beneficio del expresidente Felipe Calderón.
Los entonces integrantes del Tribunal coincidieron que el CCE
difundió un mensaje tendente al cuestionar la política económica de una
de las opciones políticas participantes, lo cual constituyó un ilícito
al contravenir el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe).
Dentro de dicho código, en su artículo 49, se establece lo siguiente:
“Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos”
Uno de los spots patrocinados por el Consejo en la campaña electoral
de 2006, gira en torno a la posible devaluación que tendría la moneda
mexicana de haber un cambio de gobierno.
“No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que
nosotros sufrimos tantas veces. Esto es producto de 10 años de
estabilidad económica, apostarle a algo distinto es retroceder,
defendamos lo que hemos logrado”, se escucha en el comercial difundido
en medios de comunicación masivos.
Obrador ha dicho en diversas ocasiones que los empresarios fueron quienes impidieron su llegada al poder en 2006
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