El 30 de abril último, miembros de El Barzón irrumpieron en la
finca de uno de los integrantes de la familia LeBarón. Este conflicto
social por el agua, que ya escaló al uso de armas de fuego, amenaza con
empeorar porque las autoridades del estado de Chihuahua y del gobierno
federal miran hacia otro lado. Según comuneros inconformes, desde el
gobierno de César Duarte se expidieron en favor de la comunidad menonita
permisos apócrifos para explotar pozos. Pero ésta exige: ¡aporten
pruebas!
CIUDAD DDE MÉXICO (Proceso).- La falta de agua en el noroeste de
Chihuahua evidencia la complicidad entre autoridades, políticos y
empresarios que impulsaron la creación ilegal de pozos, los cuales han
sido sobreexplotados, y la conversión de espacios protegidos en tierras
nogaleras y para el cultivo de alfalfa.
De 2012 a la fecha, los diversos enfrentamientos por el líquido han
dejado un saldo de al menos tres muertos. El choque más reciente fue el
ocurrido el 30 de abril último entre miembros de El Brazón –organización
civil en defensa de los derechos humanos, económicos y ambientales,
integrado por personas del campo y de la ciudad– y la familia mormona de
los LeBarón.
En aquella ocasión, según los barzonistas, decenas de campesinos y
habitantes del ejido Constitución llegaron al rancho de Joel Francisco
LeBarón Soto, y de otros cuatro familiares, para constatar el uso de
pozos ilegales y el incremento de nogales sembrados. Momentos después,
los encargados de ese predio los recibieron a balazos.
Los barzonistas reconocieron que destruyeron nogales e instalaciones
para sustraer agua, debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
ha señalado que por lo menos nueve pozos de los LeBarón son ilegales.
El fiscal general del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche
Espejel, dio a conocer que existen dos denuncias de esos hechos: la
primera, interpuesta por El Barzón, y la segunda, por los LeBarón.
De acuerdo con Peniche Espejel, la causa de este conflicto social
radica en la sobreexplotación de los mantos acuíferos del río Carmen; él
considera que la pugna es un problema que debe resolver seriamente la
federación.
La Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
“tienen que tomar cartas en el asunto, porque aquí hay cambio de uso de
suelo, de tierras que eran agostadero en zonas de clima intenso y que
se está generando una sobreexplotación. Esa región está vedada. No se
pueden abrir más pozos desde 1955”, explica.
Sin embargo, durante el sexenio del entonces gobernador César Duarte
–prófugo de la justicia– se cambió sin permiso el uso de suelo ganadero,
o de agostadero, por uso agrícola. “En el caso del nogal, es uno de los
cultivos que mayor cantidad de agua requiere”, advierten integrantes de
El Barzón.
Además del nogal –denuncian los campesinos–, los productores de la
región noroeste incrementaron el cultivo de alfalfa, que también
requiere de grandes cantidades de agua. De acuerdo con la Semarnat,
ellos exportaron en un año casi 16 mil toneladas a Estados Unidos.
Anomalías en la Conagua
El jueves 3, el líder de El Barzón, Gabino Gómez Escárcega, informó
en rueda de prensa que el empresario Eugenio Baeza Fares ha sido
beneficiado con la producción de nogales en esa región, además de grupos
menonitas y de los LeBarón.
Entre los productores de la región circula la versión de que otro de
los beneficiados había sido Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez, ejecutado
en 2014 en la ciudad de Chihuahua y señalado como proveedor de César
Duarte (Proceso 2154).
Entre los políticos cercanos al entonces mandatario de Chihuahua se
encuentra Alex LeBarón González, quien fue diputado local durante el
primer trienio de César Duarte; éste, más tarde, lo impulsó como
delegado de la Comisión Nacional del Agua y luego como diputado federal
por el Distrito 7. Actualmente es legislador en San Lázaro.
Como delegado de la Conagua en Chihuahua, LeBarón González otorgó y
firmó 395 cartas para avalar la electrificación de pozos de diferentes
personas (la mayoría, de menonitas), porque supuestamente estaba en
proceso su aprobación.
Sin embargo, el actual delegado de la Conagua, Kamel Athie Flores,
informó que esas cartas son apócrifas, ya que se trata de una zona de
veda. Insistió en que esos pozos son ilegales.
El barzonista Joaquín Solorio Solís dio a conocer que Alex LeBarón
emitió 395 cartas en sólo 20 horas para el aprovechamiento del acuífero
Santa Clara. Además de los LeBarón, fueron favorecidos el panista Jorge
Luis Issa González, secretario administrativo del Congreso del Estado, y
cuatro de sus familiares: su hermano Miguel Ángel Issa González, su
hijo Jorge Luis Issa Calderón, quien es coordinador administrativo y de
servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, Tania Issa Chávez y Juan
José Issa Torres.
Solorio Solís explicó que el pasado 30 de abril acudieron al predio
de los LeBarón porque las autoridades no han actuado contra la
sobreexplotación de pozos ilegales, pese a que realizaron mesas de
análisis y negociación sobre el conflicto, pese a la información que
tienen y a las denuncias interpuestas.
El uso irregular de esos pozos los deja sin agua para consumo ni para
sus parcelas, afirman los del Barzón. Solorio detalló que la recarga
del acuífero que surte a los LeBarón es de 137 mil millones de metros
cúbicos, pero que están concesionados 251 mil millones de metros
cúbicos, por lo que existe una sobreexplotación de 114 mil millones de
metros cúbicos.
De acuerdo con Solorio, el problema está en que los LeBarón no pueden
disponer del agua porque existe un decreto de veda, “por eso la
autoridad (federal) determinó que nueve de los aprovechamientos
detectados no tienen ninguna concesión, sólo una transmisión de volumen
que fue viciada ante la Conagua”.
Mencionó que sospechan que los LeBarón y los menonitas, entre otros
beneficiarios, están arreglados con autoridades como la Semarnat, la
Conagua y la Profepa, porque estas dependencias federales no han actuado
contra la operación de pozos de agua clandestinos.
Solorio recordó que en noviembre también ingresaron, junto con
autoridades, al predio de Joel LeBarón y que éste salió a defender a su
familia; también se presentó el activista Julián LeBarón y se
comprometieron a dar una solución al conflicto.
El predio de Joel LeBarón y sus familiares es de 6 mil hectáreas
desmontadas y alrededor de 200 hectáreas plantadas de nogal,
aproximadamente, dice.
Joaquín Solorio explicó que hay otro predio, adelante del rancho de
Joel LeBarón, que está en las mismas condiciones. Se trata del terreno
de Eva Hart González, quien al parecer también está protegida por
autoridades.
Clima extremo
De acuerdo con un estudio presentado ante autoridades federales y
locales, en 2011 el estado de Chihuahua sufrió una de las peores sequías
de las últimas décadas.
Después de la escasez, hubo heladas atípicas en febrero de ese año:
durante tres días las temperaturas disminuyeron hasta 17 grados bajo
cero, fenómeno climatológico que no ocurría en el estado en los últimos
80 años, afectando a las cosechas y al ganado.
Así, durante los dos primeros meses de 2012 los productores de la
organización de El Barzón decidieron realizar acciones para visibilizar
la problemática que se estaba viviendo y acordaron acudir a la Ciudad de
México en la denominada “Caravana del hambre”, consiguiendo que el
gobierno federal emitiera un acuerdo para atender los efectos de la
sequía en el norte de México, el cual consistió básicamente en el
reconocimiento de la grave situación causada por los efectos del cambio
climático.
Sin embargo, no sucedió nada más, las autoridades no actuaron y tres
meses después del decreto de Felipe Calderón, documento que tenía el
objetivo de atender los efectos de la sequía, se detonó el conflicto por
el agua en Chihuahua, especialmente en la región de la cuenca
hidrológica del Río del Carmen.
El problema escaló. El 22 de octubre de 2012 asesinaron a los líderes
de El Barzón, al matrimonio compuesto por Ismael Solorio y Manuela
Martha Solís Contreras.
Jorge González, habitante del ejido Constitución, dijo que ahí
existen 900 familias que defienden el recurso del agua porque no tienen
otra forma de sobrevivir, apenas subsisten con lo que logran cosechar.
Cristina Moncada, del mismo ejido, mencionó que últimamente se ayudan
con lo que les envían sus familiares que trabajan en Estados Unidos.
“Si no no teníamos ni para comer, si nos quitan lo poquito que tenemos,
¿qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? ¿A dónde se van a
ir?”, lamenta.
Joaquín Solorio refirió que hace dos meses el gobernador Javier
Corral se reunió con ellos y se comprometió a acudir a la Ciudad de
México con una comisión ante las autoridades de la Conagua, pero eso no
ocurrió. Cuenta que las diferencias actuales entre ambos gobiernos
impiden que se reúnan para resolver el conflicto. “A nosotros eso no nos
interesa, sólo que se aplique la ley de manera coordinada, porque si no
se hace, no se solucionará el conflicto”.
Los LeBarón se defienden
El activista Julián LeBarón, primo de Joel Francisco LeBarón, uno de
los propietarios del rancho que fue invadido el 30 de abril, informó que
interpondrán denuncias penales contra los barzonistas porque quemaron
una bodega, una vivienda, maquinaria, dos pozos y cerca de 6 mil
nogales.
Los daños ascienden a cerca de 1 millón de pesos, dice. De acuerdo
con su relato, cinco días antes del ataque advirtieron al secretario
general de Gobierno, César Jáuregui Robles, que los barzonistas del
ejido Constitución los habían amenazado.
Explicó que los agresores ingresaron al rancho en camionetas, tiraron
árboles y golpearon a la gente que ahí se encontraba, les quitaron
vehículos a los trabajadores para continuar con el derribo de los
nogales.
En entrevista, Julián LeBarón responsabilizó al gobernador Javier
Corral sobre los recientes hechos violentos, porque no ha atendido el
problema. Además, retó a los barzonistas: “Si son pozos ilegales, que lo
prueben. Para eso están las instituciones, pero nadie tiene derecho a
quitar el esfuerzo del prójimo”.
Aceptó que dispararon contra los campesinos porque invadieron las tierras y con sus vehículos pretendieron atropellarlos.
El activista mormón calificó de absurdo que los ejidatarios y
barzonistas llevaran niños y a sus familias para ir a destruir el rancho
que ha sido propiedad de su familia por más de 35 años.
Este reportaje se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.
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