México está al borde del precipicio
distópico. En estas elecciones presidenciales
están en juego los vestigios de la ya decrépita estabilidad social, económica y
política del país.
Ante esta contienda electoral, se
vislumbran al menos tres posibles
escenarios hipotéticos:
1) La continuación del status quo y la penetración de la lógica
neoliberal en nuevos ámbitos de la vida pública y privada. Esto conllevaría a
la práctica defunción de la comunidad política sine qua non para el mantenimiento de la democracia.
2) La violenta irrupción de una
agencia política colectiva fragmentada, desorganizada y desprovista de una
ideología progresiva. Asimismo, la confrontación entre esta fuerza y un Estado
neoliberal mexicano cada vez más militarizado.
Esto se traduciría en el abrupto
colapso de las instituciones mexicanas (en el mejor de los escenarios) y en la
emergencia de una guerra civil (en el peor de los casos). Los indicios han sido
evidentes ya que en México toda forma de disentimiento orgánico y de base ha
sido criminalizada, reprimida, silenciada o bien, cooptada.
Ejemplos de ello abundan: maestros,
estudiantes, campesinos, pueblos indígenas, familiares de aquellos
desaparecidos, desempleados, desposeídos, las mujeres, etc.
3) El arribo de un proyecto de
nación de naturaleza reformista, a cargo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Este proyecto à la Jeremy Corbyn o Bernie Sanders tiene el potencial de
desafiar la democracia elitista que históricamente ha monopolizado al país. Si
en cambio la plataforma de MORENA adquiere un matiz à la marea rosa, entonces puede esperarse el advenimiento de un
neo-desarrollismo al estilo Sudeste Asiático, como el que instauraron los
gobiernos del Partido Justicialista (PJ) en Argentina y el Partido de los
Trabajadores (PT) en Brasil desde inicio del presente siglo.
En cualquier caso, puede
esperarse el regreso del papel protagónico del Estado en materia de salud,
educación, seguridad social e ingresos (redistribución).
En
un país de 53.4 millones de pobres, de los cuales todavía 9.4 millones
en condición de extrema pobreza, es paradójico que sea la llegada al
poder de AMLO (Andrés Manuel López Obrador) el escenario que provoque
más alboroto entre la ciudadanía.
Es decir, el posible
advenimiento de una ola de colectivización de lo privatizado por las
administraciones públicas neoliberales desde la ‘alternancia’ democrática en el
2000 (Partido Acción Nacional, PAN: 2000-2006, 2006-2012; Partido
Revolucionario Institucional, PRI, 2012-2018). Han sido precisamente estas
administraciones las que han consolidado la inserción y la integración de
México en el capitalismo global.
Cabe aclarar que a la fecha
numerosas campañas mediáticas han infundado miedo y escepticismo entre la
ciudadanía al calificar el proyecto de AMLO de ‘populista’ y/o ‘socialista’.
Sin embargo, la plataforma nacional de AMLO está basada en un eje económico que
meramente pretende fomentar el nacimiento de una socialdemocracia en México a
través de un eje económico neo-Keynesiano. Tal como se explicará más adelante
en este artículo, AMLO y MORENA comparten poco con el socialismo excepto el
ideal del igualitarismo.
En un país de 53.4 millones
de pobres, de los cuales todavía 9.4 millones están en condición de extrema
pobreza (CONEVAL, 2017) es paradójico que sea este último escenario--la llegada
de AMLO al poder--el que provoque más alboroto entre la ciudadanía.
Hablemos de los dos
primeros escenarios.
La continuación del status quo
El desmantelamiento del
Estado mexicano ha sido gradual pero vehemente. Lo que en determinado momento
se concibió (al menos en teoría) como una entidad garante del bienestar
ciudadano, hoy no es más que un aparato conformado por una élite despótica del
binomio gobernante PRI-PAN (PRIAN).
Esta élite sirve únicamente los intereses
de la oligarquía nacional y extranjera. El binomio gobernante se ha encargado
de continuar el proyecto nacional neoliberal, proyecto sanguinario iniciado por
Miguel de la Madrid (1982-1988) y solidificado durante las administraciones de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000).
En tan sólo treinta y seis
años, México sucumbió a la fiebre privatizadora. Eufemismos variados y hasta
ingeniosos fueron empleados por las administraciones públicas como estrategia
para persuadir a la ciudadanía sobre la naturalidad de la fiebre neoliberal:
“consolidación y mejora económica” (de la Madrid); “Programa Nacional de
Solidaridad” (Salinas de Gortari); “bienestar para tu familia” (Zedillo);
“modernización”, “asociaciones público-privadas” (Vicente Fox), “reformas
estructurales” (Felipe Calderón) y “Pacto por México” (Enrique Peña Nieto).
Es
así como la ciudadanía mexicana ha presenciado el avance desenfrenado del
capital en sus distintas etapas: descentralización, desincorporación,
desregulación, privatización y la retirada estatal de la esfera social.
De acuerdo a los datos
publicados en 1988 por la ahora extinta Secretaría de Contraloría General de la
Federación (SCGF), en diciembre de 1982 el Estado controlaba 1155 entidades
paraestatales, de las cuales 724 eran empresas de participación estatal
mayoritaria, 75 de participación minoritaria, 103 organismos descentralizados y
223 fideicomisos.Con el objetivo de proporcionar al lector de este artículo la
dimensión del gran salto neoliberal mexicano, he aquí un dato esencial; en tan
sólo cinco años se desincorporaron 741 paraestatales, es decir, el 64.1% del
total de paraestatales controladas por el Estado. Los resultados fueron
catastróficos pues entre 1982 y 1998 el salario mínimo perdió 72% de su poder
adquisitivo.[1]
A través del “Pacto por México” se
fomentaron, de manera vertical, una serie de políticas neoliberales en
sectores clave como: trabajo, energía, educación, salud,
telecomunicaciones, agua y el fisco.
Bajo el gobierno panista de
Fox y con el argumento de prevenir la bancarrota entre los productores de
azúcar, el gobierno “rescató” 27 ingenios azucareros con recursos públicos de
por lo menos 15 mil 373 millones de pesos. En un escenario reminiscente al del
Fobaproa, los mexicanos presenciaron el saneamiento público de empresas
privadas, proceso que conllevó la modernización infraestructural y la estabilización
financiera de los ingenios.
Hoy por hoy, todos los 27
ingenios han sido nuevamente privatizados. Esta política económica neoliberal
continuó intacta bajo el gobierno panista de Calderón. En noviembre del 2012 se
aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la
Federación. Esta reforma anula las tan icónicas conquistas laborales básicas
del siglo pasado.
Por ejemplo, mediante esta
reforma se legalizan las empresas de outsourcing
para subcontratación de trabajadores, se aprueban los contratos a prueba y
por hora, se elimina la obligación patronal de notificar directamente al
trabajador de su despido, se prioriza la productividad por encima de la
antigüedad al momento de evaluar ascensos laborales, etc.[2]
Además, bajo el gobierno de
Calderón, se debilitaron los derechos laborales a nivel nacional. Basta con
recordar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la desintegración
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Como consecuencia de estas
políticas neoliberales, la ya endeble densidad sindical continúa en decremento:
25% en 1980, 16.83% en 2005 y 13.64% en 2014.[3]
Finalmente, bajo la misma
ideología ortodoxa neoliberal, el priísta Peña Nieto no sólo se encargó de
cimentar las bases del Estado neoliberal sino que pugnó por la fabricación de
una sociedad preponderantemente neoliberal.
El ejemplo más tangible es
el denominado “Pacto por México”, acuerdo nacional respaldado y firmado por
cada uno de los partidos pertenecientes al status quo (PRI, PAN, Partido de la
Revolución Democrática-PRD, Partido Verde Ecologista de México-PVEM).
A través
del “Pacto por México” se fomentaron, de manera vertical, una serie de
políticas neoliberales en numerosos y variados sectores como: trabajo, energía,
educación, salud, telecomunicaciones, agua y el fisco, entre otros. Es decir, se gestionó el comienzo de una
mentalidad neoliberal entre la población que ha normalizado la metamorfosis del
ciudadano qua sujeto político en
ciudadano qua consumidor. Bajo la
lógica neoliberal, toda subjetividad
política es forzosamente “economizada”--tal como lo teoriza la politóloga Wendy
Brown[4].
En este sentido, lo más
preocupante es que bajo la fiebre del capitalismo neoliberal, las premisas
básicas de la democracia han sido socavadas. En sí, el proyecto neoliberal es
profundamente destructivo para la democracia. Su amenaza más grave es su
potencial para convertir a la democracia en un mercado libre entre entes
racionales, utilitarios y competitivos.
El neoliberalismo deshace al demos ya que implica una reconfiguración del ciudadano
que lo convierte en un homo economicus, como
lo envisiona John Stuart Mill.[5] Es decir, un
ser puramente utilitario, motivado por el constante deseo de maximizar su
riqueza económica y de sacar el mayor rendimiento a todas las relaciones
sociales, los compromisos políticos y las responsabilidades comunitarias.
En este contexto, el apoyar
a candidatos como José Antonio Meade y Ricardo Anaya es perpetuar el status
quo. En sí, la continuación de status quo
presenta un riesgo inédito a los mexicanos: la intensificación de la
socavación de la democracia y sus principios, el nacimiento de una masa social
aún más empobrecida, enajenada, apolítica y subyugada al poder totalitario del
capital.
Esto podría significar al advenimiento de un Leviatán
estatista-capitalista, cuyo monopolio sobre el uso de la fuerza gradualmente
devenga en la extracción masiva y unilateral de hasta los últimos depósitos de
capital, recursos, innovación y sociedad.
El lógico corolario
distópico de continuar este status quo
es el desencadenamiento de un cataclismo--el cual puede devenir en el colapso
institucional a nivel nacional y/o la culminación de una violenta lucha
Hobbesiana bellum omnium contra omnes (la
guerra de todos contra todos). Una guerra sin objetivos precisos ni principios
revolucionarios progresivos.
Guerra civil
La ciudadanía mexicana debe afrontar
la realidad: México es un estado fallido de
facto. Muchos ponen en tela de juicio esta evidente realidad y cuestionan
sin fundamento más que el ideológico que “México va hacia adelante”.
La paradoja es irrebatible: los
mexicanos viven en un país donde se han debilitado sustancialmente las
instituciones estatales, donde el poder judicial ha perdido entera
credibilidad, donde las autodefensas, policías comunitarias y milicias se
propagan incrementalmente a medida que el Estado (entendido aquí como el
soberano de Thomas Hobbes) se repliega, desaparece y da paso a la
solidificación de redes locales, regionales y nacionales pertenecientes al
narcogobierno.
Las políticas actuales para combatir
el narcotráfico y el estado de caos violento generalizado (políticas de
seguridad, reformas a las instituciones policiales, desarme y treguas con
autodefensas, etc.) no pueden de ninguna forma erradicar un conflicto que tiene
como base un origen meramente económico.
La expansión del narcotráfico sólo
puede combatirse con políticas económicas y sociales diseñadas y dirigidas a
erradicar el empobrecimiento, la indigencia y la creciente desposesión de los
ciudadanos mexicanos.
Son precisamente los empobrecidos,
desempleados, indigentes y marginados quienes al no encontrar un Estado que
provea las condiciones mínimas de oportunidad laboral y existencia, encuentran
en las redes del narcotráfico la salida a la pobreza o bien, la salida al
hambre.
Sin embargo, la élite política y gran parte de la academia (los
intelectuales del Estado) continúan juzgando el conflicto a través de un lente
casi puramente moral e individualista--como si realmente existiera una
alternativa tangible a la disyuntiva entre entre el hambre y la miseria, y el
unirse a las líneas del narco.
Además del PRIAN y sus actuales
candidatos, otros candidatos presidenciales también mistifican el conflicto.
Tomemos el ejemplo de la ex-panista candidata independiente de derecha,
Margarita Zavala, quien propone el “recobrar los valores y la fé” como solución
al problema del narcotráfico y a la situación de violencia generalizada.
Es
decir, atribuye a la supuesta “pérdida de valores” el incremento en las redes
del narcotráfico. Lo que este lente moralista e individualista genera es la
creación de una dualidad artificial entre “mexicanos buenos” y “mexicanos
malos”.
A su vez, esta taxonomía pasa por alto las graves divisiones económicas
ya existentes hoy por hoy entre los mexicanos
y reduce el conflicto a una decisión individual y moral: ¿afiliarse o no
afiliarse a redes del narcotráfico?
Del
2006 a marzo del presente año (2018), se han registrado 240,000 muertes
por “homicidio doloso” (el Estado mexicano aún no categoriza “muertes
por narcotráfico” a pesar de que el conflicto es innegable).
Del 2006 a marzo del presente año
(2018), se han registrado 240,000 muertes por “homicidio doloso” (el Estado
mexicano aún no categoriza “muertes por narcotráfico” a pesar de que el
conflicto es innegable). Cabe aclarar que esta cifra no incluye al gran número
de desaparecidos.[6]
El lógico corolario en esta
situación de caos generalizado e ingobernabilidad de facto es la expansión de la crisis que afecta hoy en día a
Michoacán y Guerrero al resto del Estado mexicano. Esto supondría mayor
intervención militar en comunidades y ciudades bajo el argumento de proveer
mayor protección contra el crimen organizado.
De la misma forma, esto supondría un
estado de sitio permanente y un incremento en el número de homicidios, desapariciones
forzadas y torturas. También en este escenario de caos económico y político
podrían destaparse movimientos y organizaciones bélicas formados por agentes de
distintos sectores sociales.
Recordemos que la disidencia política y la
resistencia en general ha sufrido gran represión bajo el México neoliberal de
las últimas décadas: la creciente militarización es sólo una consecuencia de
esta represión estatal.
Allí donde no existen canales para
ventilar la protesta social y económica, surgirán inevitablemente movimientos
contra-poder, los cuales no necesariamente adoptan una lógica progresiva,
igualitaria y revolucionaria. Bajo este escenario distópico podría
materializarse una guerra civil.
El porvenir en juego
El filósofo marxista
francés, Louis Althusser, teorizaba que los medios de comunicación forman parte
del aparato ideológico del Estado--aquel que a través de la ideología legitima
la coyuntura e inhibe el potencial revolucionario de las masas.
Con Televisa, TV Azteca, El
Universal y Reforma a la vanguardia mediática de la información y transmisión
de la contienda electoral, se obvia el miedo y el alboroto ciudadano ante la
propuesta progresiva de AMLO como una evidencia de la fabricación del consenso,
como propone Noam Chomsky.
La contradicción es clara e
irrebatible: México tiene problemas estructurales económicos y políticos de
índole mucho más preocupante que la especulación de si el reformismo de AMLO
causará el advenimiento de una situación de caos.
La pregunta aquí es ¿no viven
los mexicanos ya en un estado de caos generalizado, caracterizado por violencia
institucional, femicidio, militarización, abusos de poder, corrupción endémica?
El proyecto de nación de
AMLO de ninguna forma comparte los predicamentos y proposiciones de la izquierda
radical progresiva--algo que frecuentemente es usado en su contra por los
medios de comunicación y por el binomio PRIAN. Lo único que comparte es la idea
básica de un Estado de bienestar.
Basta que uno haya leído el
Proyecto de Nación 2018-2024 para poder afirmar que la plataforma de MORENA
puede conceptualizarse como un soft reformismo
neokeynesiano con rasgos reminiscentes de una socialdemocracia.
“El Estado no debe diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado con el pretexto de que es la única manera de crecer”
Uno los ejes del Proyecto
de Nación es precisamente el rescate democrático del Estado para “convertirlo
en el promotor del desarrollo político, económico y social del país”, ¿cuál es
la radicalidad de tal prospecto? Y
continúa “el Estado no debe diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado
con el pretexto de que es la única manera de crecer” (p.26).
Otros ejes fundamentales
del proyecto son la austeridad republicana (de la mano de la reducción del
costo de la democracia y cancelar las pensiones a ex-presidentes), el combatir
la desigualdad y la falta de oportunidades laborales así como también el
combate a la corrupción endémica.
Una de las consignas de AMLO puede sintetizar
la filosofía de este proyecto nacional: “no puede haber gobierno rico con
pueblo pobre”.
Claro está que la plataforma
de MORENA no es la panacea a los problemas endémicos del país.
Sin embargo, es
el único plan de gobierno en estas elecciones presidenciales que tiene como eje
fundamental el restablecimiento del contrato social como originalmente fue
concebido por Jean Jacques Rousseau: aquel escenario donde el Estado asume la
responsabilidad de proteger a los individuos, procurando el ejercicio de su
derecho a la sobrevivencia (sobrevivencia que no puede asegurarse donde
prevalecen la pobreza y la inseguridad, ambas némesis de democracia).
[1] “La concentración económica en México”, La Jornada, 26 de octubre de
1998, p. 24, cuadro 1.
[2] Presidencia de la República, Ley Federal del Trabajo, Diario Oficial de la Federación, 30 de
noviembre del 2012.
[3] Jesús Rubio
Campos, “Sindicalización y precariedad laboral en México”, Región y Sociedad. No. 68 (2017).
[4] Jesús Rubio
Campos, “Sindicalización y precariedad laboral en México”, Región y Sociedad. No. 68 (2017).
[5] Brown,
Undoing the Demos. p. 10.
[6] Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP).
Fuente : Open Democracy
No hay comentarios.:
Publicar un comentario