Asamblea evadió despenalizar la interrupción del embarazo
“Si
a las mujeres no se les permite defender su vida, difícilmente se les
van a reconocer otros derechos”, afirmó la presidenta de la Agrupación
Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y
Eugenésico, Morena Herrara, quien habló de las consecuencias de que la
Asamblea Legislativa de El Salvador concluyera sus funciones, hace dos
semanas, sin legislar la despenalización del aborto.
Este año, expuso en entrevista con Cimacnoticias la feminista y
defensora de Derechos Humanos (DH), la Asamblea Legislativa mostró su
compromiso por despenalizar el aborto pero aun cuando se presentaron las
iniciativas necesarias no aprobó las modificaciones a la ley, por tanto
las salvadoreñas siguen sin tener alternativas seguras para la
interrupción de un embarazo no deseado y prevalecerá el suicidio como la
principal causa de muerte de adolescentes embarazadas por violencia
sexual.
La aplicación de la legislación vigente que prohíbe el aborto en
cualquier circunstancia, explicó Morena Herrara, sigue discriminando a
las mujeres: por ejemplo, en los hospitales y centros de salud la
“equivocada aplicación de la ley”, dijo, obligará al personal médico a
seguir considerando criminales a las mujeres que se presenten por tener
complicaciones obstétricas y no un aborto voluntario precisamente.
Para la defensora de DH existen dos ideas que fijadas en la sociedad
salvadoreña con relación a este tema: “aborto es igual al asesinato y
mujer que aborta es una asesina”, por eso las organizaciones civiles,
feministas y defensoras de DH iniciaron diversas campañas enfocadas en
informar el impacto que tiene la penalización absoluta del aborto en la
vida de las mujeres y de la sociedad.
La Asamblea Legislativa, expresó, se ha dedicado a inhibir la
discusión del aborto porque en su opinión las y los diputados no están
conscientes del costo político que conlleva penalizar a quienes no
desean ejercer la maternidad. Incluso, dijo, después de las elecciones
en El Salvador del 4 de marzo y la integración de la nueva Asamblea, se
conoció la muerte de una mujer por un embrazo ectópico, es decir porque
el feto se desarrollaba fuera del útero.
En este contexto la defensora resaltó que decenas de mujeres han
pasado más de una década en prisión por interrupciones del embarazo que
en muchos casos han sido involuntarios, sin embargo, eso no las exime de
ser acusadas de cometer un delito.
Morena Herrera agregó que de las 24 mujeres condenadas actualmente
por aborto, la mayoría provienen de condiciones económicas precarias sin
posibilidades de poder solventar atención médicas particular o ir al
extranjero para realizar la interrupción del embarazo.
Tal es el caso de las “17 y más” de El Salvador, nombre con el que se
conoce a las mujeres salvadoreñas encarceladas por sufrir abortos
“extrahospitalarios”. Dos de estas mujeres, Teodora del Carmen Vázquez y
Maira Verónica Figueroa Marroquín, recibieron la conmutación de la
pena, después de estar en la cárcel durante 11 y 15 años,
respetivamente.
A pesar de lograr la libertad de estas dos mujeres, las
organizaciones civiles siguen en busca de que el Estado salvadoreño
repare el daño a ellas y a muchas otras mujeres encarceladas.
Herrera, recalcó que finalmente el apoyo que tenían tanto de
diputados de izquierda como de derecha no fue suficiente porque tuvieron
miedo de ser señaladas como “abortistas”.
No obstante consideró que a pesar de que esta legislatura está
compuesta en la gran mayoría por perfiles conservadores, seguirán en la
lucha para que se garantice justicia y libertad a las mujeres
encarceladas injustamente por aborto, se detenga la violación a los
derechos fundamentales de todas las salvadoreñas y se dé seguridad
jurídica a los médicos.
Destacó que después de las elecciones en aquel país, el diputado de
Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Norman Quijano, asumió la
presidencia de la Asamblea Legislativa por un periodo del 1 de mayo de
2018 hasta el 31 de octubre de 2019. La decisión fue ratificada por 82
votos de las diputadas y diputados. El cargo de vicepresidente para el
mismo periodo fue concedido al diputado del Partido de Concentración
Nacional (PCN), Serafin Orantes.
Cabe recordar que el Congreso salvadoreño ha debatido la
despenalización del aborto desde 2016, cuando la diputada del partido de
izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) presentó
un proyecto de ley para reformar el Artículo 133 del Código Penal y
permitir la interrupción del embrazado por cuatro causales: cuando esté
en riego la vida o salud de la mujer, por inviabilidad de la vida del
feto, si era producto de una violación y en caso de menores de edad por
violación y estupro.
Más tarde, el tema se volvió a retomar, en 2017, cuando el diputado
del partido Arena, Johnny Wright plantó otra propuesta para permitir
aumentar la condena de mujeres o personal médico como auxiliares que
lleven a cabo una aborto sin el consentimiento de la madre o fuera de
las cuatro cuales mencionadas. Estas dos iniciativas abrieron el debate
sobre el aborto, por primera vez desde la reforma, en 1997, al Código
Penal.
FALTA DE ALTERNATIVAS IGUAL A MUERTE MATERNA
Más de 60 organizaciones de personas, feministas y defensoras de
Derechos Humanos (DH) de El Salvador e internacionales, en un
comunicado, aseguraron que las y los diputados de la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales no cumplieron con sus obligaciones
de garantizar el derecho constitucional a la salud y a las vida de
mujeres y niñas.
Esto a pesar de que esta Comisión recibió opiniones de diversas
instituciones del Estado como el Ministerio de Salud y del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, así como de instancias
médicas, organizaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos
(DH), entre otras, quienes reiteradamente recomendaron al Estado revisar
y modificar la legislación en este campo.
Las organizaciones expresaron que el Ministerio de Salud, el Consejo
Superior de Justicia de Salud Pública, entidades especializadas como la
Asociación de Ginecología y Obstétrica han evidenciado las dificultades
de disminuir el número de mortalidad materna si las mujeres no tienen
acceso a la opción de interrumpir su embarazo a tiempo.
Resaltaron que otra consecuencia de la penalización del aborto es la
inadecuada aplicación de la justicia ante casos de abortos espontáneos o
de complicaciones obstétricas. Las mujeres, explicaron las
organizaciones, son acusadas por cometer o inducirse a un aborto sin una
investigación previa. Esto, ha generado estigma contra las mujeres y el
aborto, al dejar de considerarse como una práctica médica necesaria en
determinados casos.
Las mujeres, explicaron, son acusadas por aborto sin una previa y
“suficiente” investigación, que conlleva a la violación de su derecho a
la presunción de inconciencia y condenándolas por homicidio agravado a
penas de hasta 30 años cárcel, añadieron. Esta legislación deja en una
situación de inseguridad jurídica al personal médico y a los prestadores
de servicios de salud para poder actuar ante embarazos de alto riesgo
con base en criterio médicos sin correr el riesgo de ser procesados.
Después que el Estado salvadoreño reformó su Código Penal en 1997,
estableció la penalización absoluta del aborto, incluso en los casos en
que la vida de la mujeres o del feto está en riesgo, o si el embarazo
fue producto de una violación sexual. Este delito (aborto culposo)
condena a las mujeres con sanciones de 6 a 12 años de prisión e
inhabilita al personal médico o personas auxiliares que realicen un
aborto.
Asimismo, explicaron que otra consecuencia de esta legislación
criminalizadora del aborto es impedir a las niñas y adolescentes que
tienen un embarazo producto de una violación que puedan acceder a la
interrupción segura de la gestación. Datos del Ministerio de Salud
registraron 55 embarazos en niñas y adolescentes al día durante 2016.
Ese mismo año, el Instituto de Medicina Legal evidenció que de los
mil 844 casos donde niñas y adolescentes vivieron abuso y violencia
sexual (alrededor de cinco casos diarios), 80 por ciento fueron
cometidos por un familiar o conocido, al ocurrir dentro de un ámbito
familiar. Muchos de los casos no se denuncian.
Las organizaciones nacionales e internacionales exigieron al Estado
salvadoreño garantizar a las mujeres respeto, protección y garantías de
sus Derechos Humanos, así como la libertad inmediata de todas las
mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo y
garantizar a todas las mujeres el acceso a un aborto seguro y legal en
las cuatro causales propuestas.
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