Autor:
Érika Ramírez @erika_contra
Oponerse a actos de corrupción por más de 750 mil millones de pesos han puesto en riesgo la vida de Lilia Cortés García, exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría Hacienda. La doctora en derecho ha demandado a diversas autoridades, entre ellas los exsecretarios Gil Díaz y Meade Kuribreña por desacato
Negarse a desviar más de 750 mil millones de pesos del presupuesto
público le ha costado estar más 70 veces en el hospital por golpes;
además del acoso, hostigamiento y amenazas de muerte que ha sufrido.
Lilia Cortés García, exdirectora de Asuntos Jurídicos de la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría Hacienda y Crédito Público
(SHCP) vive perseguida desde hace 15 años. Este caso ha involucrado a
diversos personajes del Poder Ejecutivo federal, entre los que se
encuentra el actual candidato a la Presidencia de la República, José
Antonio Meade Kuribreña, según dice.
La exfuncionaria de hacienda dio aviso el pasado viernes 27 de abril
al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova Vianello, que diversas autoridades del Poder Ejecutivo federal
“han sido omisas” en notificar en tiempo y forma la existencia de una
carpeta de investigación penal ante la Procuraduría General de la
República (PGR), de José Antonio Meade Kuribreña, fechada el 24 de
febrero de 2017.
Como antecedente, el 21 de febrero de 2017, Lilia Cortés informó a
Raúl Cervantes, titular de la PGR sobre la carpeta de investigación
donde se solicita se inicie un proceso de destitución del entonces
secretario de Hacienda por los delitos de “abuso de autoridad, desacato
de manera reincidente y flagrante violación de derechos y garantías
individuales”.
Meade Kuribreña ocupó el cargo de secretario de Hacienda del 7 de
septiembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017, y al igual que sus
antecesores, omitieron la denuncia que la exfuncionaria había
interpuesto ante las autoridades federales; así como el litigio laboral y
la persecución que vive desde que se negó a desviar recursos
millonarios del erario.
Cronología del acoso
Los ataques contra Cortés García iniciaron en julio de 2002, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación,
la reforma del Reglamento Interior de la SHCP, donde desaparecen las
cuatro Direcciones Generales de Programación y Presupuesto y son creadas
sólo dos: la Dirección General de Programación y Presupuesto A y B.
La funcionaria explica que en ellas se aglutinaron las facultades y
atribuciones para controlar y administrar el ciento por ciento del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Dicha reforma fue
redactada por Max Alberto Diener Sala, actual procurador fiscal de la
Federación.
En la modificación “se omitió dolosamente dotar de estructura, manual
especifico de funciones, recursos humanos, recursos materiales y
financieros a las dos Direcciones que crearon con el propósito de
manejar discrecionalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación,
funcionando en el limbo normativo y sin legalidad alguna desde ese
momento”, dice.
En entrevista con Contralínea, expone que en 2002, a través
de esas dos direcciones se generó un vacío legal, el cual denunció
porque no había normatividad ni control fiscal de los recursos federales
del Presupuesto, autorizado por la Cámara de Diputados hacia los
estados y hacia todas las entidades públicas.
“Denuncio penalmente esta situación de irregularidades. La doctora
Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, gente cercana a José Francisco Gil Díaz
[entonces secretario de Hacienda], me pide que haga transferencias
irregulares por 750 mil millones de pesos y esta negativa me ha llegado a
cambiar mi vida”, expone. De las 70 veces que ha parado en el hospital,
unas 45 han sido por fracturas.
En el expediente 1418/03, turnado a la Primera Sala del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), la doctora en derecho con
más de 20 años en el servicio público, hasta el momento de su cese,
indica que Cecilia Barra y Gómez Ortigoza fue nombrada por Gil Díaz como
la nueva directora general de Programación y Presupuesto A.
Es Cecilia Barra y Gómez Ortigoza quien cesa a Lilia Cortés García el
15 de noviembre de 2002, “como represalia por haber denunciado la
corrupción e impunidad con la que estaban manipulando los recursos
federales y negarse a trasferir 750 mil millones de pesos a ramos y
partidas diferentes a las autorizadas por el Congreso de la Unión bajo
amenaza de muerte”, expone.
Es entonces que Lilia Cortés García interpone el juicio laboral
1418/03, donde se probó que el despido fue injustificado; así como y la
violación de sus granitas y derechos constitucionales.
En el litigio, Raúl Arenzana, director de Recursos Humanos de la
Subsecretaria de Egresos, y Arturo Sosa Viderique, director General
Técnico Administrativo de la Subsecretaría de Egresos, ratifican que
Lilia Cortes “no contaba con ningún medio material, humano, económico,
ni de representación para realizar las actividades propias de su empleo,
siendo además privada de los derechos y garantías constitucionales en
sentido lato sensu, ya que entre otros ultrajes se le impedía con uso de
la fuerza pública el ingreso y tránsito en el edificio de la
Subsecretaria de Egresos, por lo que era materialmente imposible que
desempeñar sus funciones”.
Cortés García acusa las vejaciones de las cuales fue objeto ante 47
instancias normativas nacionales y nueve internacionales por el despido
injustificado. El 11 de octubre de 2005, la Primera Sala del TFCA,
emitió el primer laudo a favor de la doctora en derecho, ordenando al
titular de la SHCP la reinstalación de la actora en las condiciones que
tenía antes de ser despedida injustificadamente.
No obstante, el 17 de noviembre de 2005, la SHCP interpuso un amparo
por conducto de Jaime Loe Rangel apoderado de demandada en contra del
primer laudo, siendo asignado para su resolución, al Tercer Tribunal
Colegiado de Circuito en Materia Laboral del Primer Circuito,
determinándose como ponente al Magistrado Héctor Arturo Mercado López, a
decir de la afectada incondicional de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza,
“por lo que debió de excusarse de conocer del juicio de garantías,
situación que ignoro”.
La defensa de los funcionarios fue férrea, también la insistencia de
justicia de Lilia Cortés. Fue en 2006 que tras la averiguación previa
DGII/153/DF/2006, en contra de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza y de los
tres magistrados, la cual se integró en la Dirección General de
Inspección Interna, y se ordenó el desglose en la Fiscalía Especializada
en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la
Administración de Justicia estando a la fecha en reserva.Loe Rangel, sin facultad para litigar
El
23 de junio de 2006, la SHCP a través de Jaime Loe Rangel interpuso un
segundo juicio de garantías en contra del tercer laudo que favoreció a
la actora, el cual recayó nuevamente en el Tercer Tribunal Colegiado de
Circuito.
Un mes más tarde, el 14 de julio de 2006, los magistrados de la
primera Sala del TFCA suscriben por unanimidad el primer acuerdo
plenario mediante el cual se requiere al titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para que se reinstale a Lilia Cortés García
el 15 de agosto de 2006 en términos del laudo del 30 de mayo de 2006.
Ese día de agosto, la exfuncionaria se constituyó en el TFCA para ser
reinstalada, pero los representantes legales encabezados por Jaime Loe
Rangel de la SHCP se negaron a cumplir lo ordenado por el Tribunal.
Ante la negativa de su reinstalación, Cortés García interpone
denuncia penal ante el Procurador General de la República, entonces
Daniel Cabeza de Vaca, en contra del Secretario de Hacienda, José
Francisco Gil Díaz, por abuso de autoridad y el desacato iniciándose la
averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006, misma que se mantiene en
reserva.
El 22 de agosto de 2006, el TFCA, emite el segundo acuerdo plenario
ordenando al Titular de la SHCP la reinstalación de Lilia Cortés, el 18
de septiembre de 2006, pero los representantes de Hacienda, encabezados
por Loe Rangel, volvieron a negarse a cumplir el laudo ordenado por los
jueces.
En medio de todo el proceso jurídico, se descubrió que el apoderado
legal que represento a la SHCP, Jaime Loe Rangel, en el juicio laboral
rubricó por lo menos 230 documentos oficiales carentes de legalidad para
alterar la realidad histórica y legal de los hechos.
Además de no contar con estudios de licenciado en derecho y no tener
cédula profesional. La exfuncionaria acusa que el representante de
Hacienda falsificó la cédula profesional de María de Lourdes Corona
Guerrero, contadora pública de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla desde 1991, y “se acreditó ante autoridades federales,
de la administración pública federal y estatales sin tener personalidad
jurídica como apoderado de la SHCP”.
Loe Rangel también se acreditó como apoderado de la SHCP en 28 mil
juicios laborales, sin tener personalidad jurídica para ello. “Es
importante destacar que en estos 28 mil juicios se está lesionando los
derechos y garantías de servidores públicos”.
Érika Ramírez
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