Así lo señaló Baskut Tuncak, relator de Naciones Unidas sobre manejo de sustancias tóxicas, durante su participación en el evento académico Industrias Extractivas y Derechos Humanos.
“En el caso de río Sonora, lo que me hizo mucho ruido fue que la empresa se comprometió a dar un remedio efectivo a estas comunidades, pero durante cuatro años éstas no han tenido acceso a una fuente de agua confiable, y desde hace cuatro años no han accedido al hospital o la clínica que también se les prometió y se encuentra a medio construir”, dijo Tuncak.
Añadió: “Estamos hablando de una de las compañías más grandes de todo el mundo, una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas, y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a hacer. Si esto no es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad, entonces, no sé qué más podría ser.”
De acuerdo con Tuncak, las industrias extractivas no son sostenibles, ya que extraen recursos y no los reemplazan, pero las soluciones que se plantean van en el sentido de que estas industrias sean cada vez más limpias, más seguras y, sobre todo, que estén más alineadas con los estándares internacionales de los derechos humanos.
Según un comunicado difundido este martes, Tuncak se refirió a la exposición a sustancias tóxicas como “casos de violencia”, debido a que los tóxicos “son también violentos porque causan un daño increíble, y lo que es particularmente peligroso no es el hecho de que causen cáncer y otras enfermedades, sino que las víctimas no tienen acceso a ningún remedio efectivo luego de que ocurre la exposición, y hay una grave injusticia en ello”.
Explicó que los derechos humanos que se violan con frecuencia con la exposición a sustancias tóxicas están interconectados y son inseparables. No es posible separar el derecho a la información del derecho a la salud o del derecho a un remedio efectivo, soltó.
Y puso como ejemplo el derecho a la transparencia, ya que todos tenemos derecho a la información y el Estado tiene la obligación de hacer que toda la información esté disponible, especialmente para quienes están bajo el riesgo de exponerse a las sustancias peligrosas.
“Este tipo de información jamás debería de ser confidencial, y esto está reconocido tanto en leyes nacionales como internacionales, pero en todo el mundo vemos casos en los que las comunidades tienen dificultades para acceder a la información antes de que empieza un proyecto, y ya que empezó es mucho más difícil obtener esa información sobre la contaminación que se produce a partir de las actividades industriales”.
En el evento también participaron el doctor Raúl García Barrios, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Omar Arellano, doctor en Ecotoxicología de la UNAM; la experta en ecología acuática Mayeli Sánchez, así como Francisca García, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora, y Benjamin Cokelet, director fundador de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).