Peña
Nieto mantendrá la estrategia de apretar el cuello a las clases
mayoritarias, hasta el límite aguantable, por eso su interés en que se
pongan en marcha las llamadas reformas estructurales
Es
profundamente desalentador el continuismo que seguramente se impondrá
en el quehacer gubernamental. En su intervención en el foro “México,
cumbre de negocios”, Enrique Peña Nieto reafirmó su convicción
neoliberal, y su compromiso “de seguir trabajando a favor del libre
comercio, convencido de que es la ruta para elevar la competitividad
del país”. Después de tres décadas, muchos mexicanos tenemos la certeza
de que tal premisa es incorrecta, pues la competitividad no sólo se
estancó en dicho lapso, sino que retrocedió, como lo confirman estudios
de organismos internacionales.
Peña Nieto mantendrá la estrategia de apretar el cuello a las clases mayoritarias, hasta el límite aguantable, por eso su interés en que se pongan en marcha las llamadas reformas estructurales, entre ellas la laboral que ayer aprobó el Senado tal como la quería Felipe Calderón con el fin de cumplir su compromiso con la elite del sector empresarial. Peña Nieto pudo haberla frenado, como estuvieron a punto de hacerlo los líderes del PRI en ambas cámaras, pero dieron marcha atrás por instrucciones de Peña Nieto, quien debe haber sopesado la conveniencia de que Calderón cargue con el costo político de la mentada contrarreforma.
Como quiera que sea, será el PRI el que habrá de pagar las consecuencias políticas y sociales de tal imposición reaccionaria, contraria al interés nacional, una vez que comiencen a sentirse en los bolsillos y en las familias de los trabajadores. No será de manera inmediata, pero el entorno político de las relaciones laborales será altamente desfavorable para los asalariados, porque en los hechos quedarán absolutamente desprotegidos a partir de enero próximo. Esto hace ver la importancia que tendrá el quehacer político para el nuevo “gobierno”, prioritario en el arranque del mismo a fin de evitar conflictos inmanejables, que se podrán presentar donde menos se lo esperen.
Sobre todo porque, aunque no lo crean los miembros de la burocracia dorada, la ciudadanía está despertando, como lo demostró la Encuesta Nacional sobre Cultura, Política y Prácticas Ciudadanas (Encup 2012), mandada hacer por la Secretaría de Gobernación y la organización Friedrich Naumann Stiftung después de los comicios del pasado mes de julio. Esta confirmó la caída en picada de la confianza ciudadana en el Ejército, el presidente de la República, la Iglesia católica, los sindicatos, los partidos políticos, la policía y los diputados y senadores.
La ciudadanía no confía en las principales instituciones del Estado, lo que al grupo en el poder le puede tener sin cuidado, mientras se mantengan los altos niveles de mediatización e inmovilidad de la sociedad mayoritaria. Esto, por fortuna, parece estar cambiando, pues según la encuesta realizada a partir de 94 preguntas aplicadas a 3 mil 750 personas mayores de 18 años, ha crecido la percepción de que el futuro del país no depende exclusivamente del presidente de la República y su gobierno, sino de una más firme participación ciudadana. Sobre todo porque 90 por ciento de los gobernantes, según el estudio demoscópico, no cumplen o cumplen muy poco con la aplicación de la ley.
Modificar tal percepción no será obra de discursos y medidas demagógicas, sino de resultados concretos, que se antoja muy difícil puedan lograrse en el marco del gobierno peñanietista, debido a sus fuertes compromisos con sectores antidemocráticos, como las cúpulas sindicales más reaccionarias (el SNTE y el sindicato petrolero), así como con los sectores empresariales más beneficiados con el modelo neoliberal. En el marco de la demagogia parece insertarse la iniciativa para crear la comisión nacional anticorrupción, con la que seguramente se buscaría realizar venganzas políticas o meros actos mediáticos de muy corto alcance, pero que permitirían distraer a la opinión pública.
Sin la presión bien organizada de la sociedad mayoritaria, no será fácil lograr cambios que favorezcan avances democráticos. Estamos ante una coyuntura propicia para que un mayor número de ciudadanos presione, en el marco de la legalidad, en favor de modificaciones positivas en las relaciones entre gobernantes y gobernados. En este sentido, que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se convierta en partido es un riesgo, que necesariamente se tendrá que correr porque sería la opción que el país está necesitando para aglutinar el descontento ciudadano y darle un cauce propositivo.
Está visto que el binomio PRI-PAN no representa una verdadera alternancia, sino un continuismo que luego de dos sexenios dejó de ser útil a los fines de la oligarquía. La izquierda, como segunda fuerza política real, está obligada a fortalecer su organización, dejando a un lado mezquindades partidistas, so pena de perder lo ganado gracias al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. El primer año del “gobierno” de Peña Nieto será fundamental para demostrar una mínima visión política, y actuar de conformidad con la oportunidad que se habrá de presentar.
Peña Nieto mantendrá la estrategia de apretar el cuello a las clases mayoritarias, hasta el límite aguantable, por eso su interés en que se pongan en marcha las llamadas reformas estructurales, entre ellas la laboral que ayer aprobó el Senado tal como la quería Felipe Calderón con el fin de cumplir su compromiso con la elite del sector empresarial. Peña Nieto pudo haberla frenado, como estuvieron a punto de hacerlo los líderes del PRI en ambas cámaras, pero dieron marcha atrás por instrucciones de Peña Nieto, quien debe haber sopesado la conveniencia de que Calderón cargue con el costo político de la mentada contrarreforma.
Como quiera que sea, será el PRI el que habrá de pagar las consecuencias políticas y sociales de tal imposición reaccionaria, contraria al interés nacional, una vez que comiencen a sentirse en los bolsillos y en las familias de los trabajadores. No será de manera inmediata, pero el entorno político de las relaciones laborales será altamente desfavorable para los asalariados, porque en los hechos quedarán absolutamente desprotegidos a partir de enero próximo. Esto hace ver la importancia que tendrá el quehacer político para el nuevo “gobierno”, prioritario en el arranque del mismo a fin de evitar conflictos inmanejables, que se podrán presentar donde menos se lo esperen.
Sobre todo porque, aunque no lo crean los miembros de la burocracia dorada, la ciudadanía está despertando, como lo demostró la Encuesta Nacional sobre Cultura, Política y Prácticas Ciudadanas (Encup 2012), mandada hacer por la Secretaría de Gobernación y la organización Friedrich Naumann Stiftung después de los comicios del pasado mes de julio. Esta confirmó la caída en picada de la confianza ciudadana en el Ejército, el presidente de la República, la Iglesia católica, los sindicatos, los partidos políticos, la policía y los diputados y senadores.
La ciudadanía no confía en las principales instituciones del Estado, lo que al grupo en el poder le puede tener sin cuidado, mientras se mantengan los altos niveles de mediatización e inmovilidad de la sociedad mayoritaria. Esto, por fortuna, parece estar cambiando, pues según la encuesta realizada a partir de 94 preguntas aplicadas a 3 mil 750 personas mayores de 18 años, ha crecido la percepción de que el futuro del país no depende exclusivamente del presidente de la República y su gobierno, sino de una más firme participación ciudadana. Sobre todo porque 90 por ciento de los gobernantes, según el estudio demoscópico, no cumplen o cumplen muy poco con la aplicación de la ley.
Modificar tal percepción no será obra de discursos y medidas demagógicas, sino de resultados concretos, que se antoja muy difícil puedan lograrse en el marco del gobierno peñanietista, debido a sus fuertes compromisos con sectores antidemocráticos, como las cúpulas sindicales más reaccionarias (el SNTE y el sindicato petrolero), así como con los sectores empresariales más beneficiados con el modelo neoliberal. En el marco de la demagogia parece insertarse la iniciativa para crear la comisión nacional anticorrupción, con la que seguramente se buscaría realizar venganzas políticas o meros actos mediáticos de muy corto alcance, pero que permitirían distraer a la opinión pública.
Sin la presión bien organizada de la sociedad mayoritaria, no será fácil lograr cambios que favorezcan avances democráticos. Estamos ante una coyuntura propicia para que un mayor número de ciudadanos presione, en el marco de la legalidad, en favor de modificaciones positivas en las relaciones entre gobernantes y gobernados. En este sentido, que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se convierta en partido es un riesgo, que necesariamente se tendrá que correr porque sería la opción que el país está necesitando para aglutinar el descontento ciudadano y darle un cauce propositivo.
Está visto que el binomio PRI-PAN no representa una verdadera alternancia, sino un continuismo que luego de dos sexenios dejó de ser útil a los fines de la oligarquía. La izquierda, como segunda fuerza política real, está obligada a fortalecer su organización, dejando a un lado mezquindades partidistas, so pena de perder lo ganado gracias al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. El primer año del “gobierno” de Peña Nieto será fundamental para demostrar una mínima visión política, y actuar de conformidad con la oportunidad que se habrá de presentar.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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