Ricardo Raphael
Las ternas que presentó Felipe Calderón para nombrar a los dos futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron rechazadas. De entre las muchas explicaciones que rondan esta desembocadura hay una que no debe pasar desapercibida: el presidente optó por proponer candidaturas cuyo común denominador era la trayectoria dentro del Poder Judicial de las y los aspirantes.
Hay sin duda jueces y magistrados capaces de llegar al máximo tribunal constitucional pero también existen entre la población juristas que, habiendo desarrollado su oficio fuera de los juzgados, tendrían mucho que aportar.
Antes, el equívoco presidencial derivó de la exclusión que hizo de los segundos para favorecer la entrada de los primeros. La próxima propuesta habría de ofrecer una mezcla aceptable de internos y externos para la SCJN. En consecuencia, la baraja habría de ser suficientemente representativa de las preocupaciones sostenidas por las diversas trincheras de la sociedad.
Hay quienes, sin asomo de duda, piensan que sólo los jueces de carrera pueden ser buenos ministros de la Corte; pero están también los que suponen al tribunal constitucional como un órgano plural integrado igualmente por profesionales del derecho que no han hecho vida judicial: abogados litigantes, defensores de derechos humanos, académicos, etcétera.
Si, como lo advirtió el ministro Sergio Valls este fin de semana, “la Suprema Corte tiene una profunda preocupación por generar la más amplia protección a los derechos de las personas, no sólo en lo individual, sino también de los grupos en situación de vulnerabildiad”, se requiere entonces que las y los ministros entiendan a cabalidad las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos.
No será hasta que la Corte despliegue toda su potestad cuando la igualdad ante la ley, las instituciones y entre las personas constituya una realidad para nuestro país. El reto futuro para el máximo tribunal será asegurar una serie de derechos constitucionales que hoy sobreviven formalmente pero no encuentran existencia material.
Si los artículos de la Carta Magna no descienden del altar legalista para ser patrimonio cotidiano de las y los ciudadanos, la democracia en México seguirá siendo vista como una verdad que se vive a medias.
Según la encuesta de Cultura Constitucional del 2011 (IIJ-UNAM) ocho de cada 10 mexicanos opinan que la Constitución mexicana se cumple poco o nada; se trata de la misma cifra de personas que asegura estar insuficientemente protegida contra los abusos de la autoridad. En ese mismo estudio se señala a la corrupción y la desigualdad como los dos lastres principales de la impartición de justicia. Ahí la calificación obtenida por la Suprema Corte, en lo que toca a la confianza ciudadana, es de seis sobre 10, mientras que los jueces y magistrados a penas alcanzan el 5.9 (las policías rondan 5.4 y el Ministerio Público 5.7).
Sería deseable que tanto la propuesta de las nuevas ternas como la decisión que se haga en la Cámara Alta tomaran en cuenta los dos desafíos principales para el futuro de la Corte: colocar los derechos de la persona en el centro de la jurisdicción y combatir el mal aprecio que se tiene en México a propósito de la impartición de justicia.
Para desempeñar eficazmente la tarea no basta con ministros poseedores de una larga carrera dentro del Poder Judicial, porque además se requiere de otras virtudes y otras experiencias.
Bien dice el refrán: los camellos dan camellitos. Si lo que se quiere es que la SCJN se adapte a su nueva circunstancia, en el presente resultan buena opción los ministros que hayan vivido fuera de los juzgados; juristas que entiendan con modernidad la evolución del derecho internacional, que sepan proteger a la ciudadanía a partir de la Constitución y que tengan el vigor suficiente, desde sus sentencias, para que los demás jueces se alejen de la zona de confort que la visión legalista les ha proporcionado durante demasiados años.
Ya hay en la actual Corte Suprema suficientes representantes del Poder Judicial; hacen todos una digna tarea. Ahora se requiere equilibrar el número de ministros que responden a otras inquietudes y otras coordenadas de la sociedad.
Analista político
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