SALUD
Injerencia “conservadora” limita derecho al aborto: experta
CIMACFoto | César Martínez López
Por: Gladis Torres Ruiz
Cimacnoticias | México, DF.-Los programas federales para atender la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes no contemplan las causas sociales de los embarazos tempranos, como la falta de acceso a la educación, además de que son “paternalistas y asistencialistas”, criticó Patricia Uribe, directora de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).
Para la ex directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), los principales obstáculos para la adecuada atención de la salud sexual y reproductiva son la falta de educación sexual laica y científica en las escuelas; la persistencia de las desigualdades sociales y económicas, y la prevalencia de las inequidades de género que impactan a mujeres y niñas.
Al participar en el foro “Una agenda para la política de población: realidades y desafíos”, realizado en el Colegio de México, Uribe dijo que en las políticas públicas hay injerencia de la ideología y moral de grupos conservadores, a lo que se suma la ausencia de voluntad política de algunas autoridades en temas considerados de “riesgo político”, como el aborto.
Se agrega –advirtió la experta– la insuficiencia en el presupuesto para atender la salud sexual y reproductiva de la población adolescente, y la nula rendición de cuentas y evaluación de los montos ejercidos.
Los programas federales para atender la salud sexual y reproductiva están “desarticulados”, lo que complica la prevención de embarazos no deseados. “No tenemos una visión de largo plazo conjunta y coordinada, donde de manera clara se entienda que no vamos a generar la salud si no establecemos políticas intersectoriales”, abundó Patricia Uribe.
Aseguró que aún no vemos cambios en el porcentaje de embarazos en adolescentes, y persiste una alta demanda insatisfecha de anticonceptivos en jóvenes.
“El sector salud solo no va a bastar en sus acciones para mejorar la salud sexual y reproductiva, si no se disminuye la pobreza, si no se mejora la educación de las mujeres y se crean políticas integrales y transversales”, insistió la directora de Funsalud.
Uribe consideró que se deben garantizar políticas públicas sustentadas en la evidencia científica y ética, y en las necesidades específicas de los diversos grupos de la población.
Además señaló que se debe construir y promover un cambio de cultura de las instituciones de salud y de su personal, basada en el respeto de los Derechos Humanos (DH), la calidad, la perspectiva de género y la interculturalidad.
Según cálculos del CNEGySR, de los 2 millones de nacimientos que ocurren en México cada año, 480 mil corresponden a mujeres entre 14 y 19 años de edad. Se estima que 60 por ciento de los embarazos en adolescentes no fueron planeados.
A partir de 2008, luego de la despenalización del aborto en el DF, en 17 estados del país los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en contubernio con algunos gobernadores y la Iglesia católica, reformaron las constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, por lo que se criminalizó el derecho a la interrupción legal del embarazo.
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