¿Mayoría de edad al DF?

Alberto Aziz Nassif

Uno de los retos importantes de nuestro sistema político es resolver la condición jurídica y política en la que se encuentra la ciudad de México. La historia del despojo es larga: desde que Obregón suprimió los municipios en la capital, en 1928, el DF fue gobernado de forma directa por el Presidente de la república. Tuvieron que pasar casi 70 años para que los ciudadanos de esta urbe pudiéramos elegir a un jefe de gobierno. Sin embargo, la capital del país todavía depende de los poderes federales para sus decisiones estratégicas.

Sin duda, el poco ánimo legislativo para darle a la ciudad de México su mayoría de edad tiene que ver con el hecho de que ha sido, desde 1997, un bastión de la izquierda. Se han hecho intentos para darle al DF un gobierno autónomo, dotado de suficientes instrumentos para tener una gobernabilidad democrática, como la tienen todos los estados y los municipios, pero todavía no se logra. Su actual condición jurídica supedita a la ciudad a otros poderes; las relaciones entre el gobierno central y las delegaciones no tienen un orden jurídico claro y suficiente.

Entre 1987 y 1999 hubo cuatro reformas, el proceso quedó incompleto y la ciudad de México no pudo llegar a la mayoría de edad, la dejaron como una excepción, con facultades limitadas, sin autonomía y con problemas de gobernabilidad. Las cuatro reformas políticas han sido insuficientes: en 1987 se crea una asamblea de representantes, como una respuesta a la organización social que dejaron los sismos de 1985. En 1993 se crea una figura de elección indirecta y una serie de figuras con poca

representación. 

En ese mismo año se realizó un plebiscito ciudadano en donde casi medio millón de ciudadanos se pronunció por la elección directa del jefe de gobierno. En 1996 se reformó el artículo 122 de la Constitución, se creó la elección directa del jefe de gobierno, pero se le impusieron múltiples candados. En 1997 se pudo elegir al jefe de gobierno. En el trayecto se le dieron mayores atribuciones a la asamblea de representantes, que pasó a ser un congreso local, pero con atribuciones limitadas. En 1998 se aprobó una ley de participación ciudadana y para el año 2000 se hizo la primera elección de delegados.

El gobierno de la ciudad de México, como lo establece el artículo 122 constitucional, depende de los poderes federales para sus decisiones fundamentales.

Durante años hemos escuchado el reclamo razonado de los jefes de gobierno que argumentan el trato discriminatorio al que se somete a la ciudad. Entre las limitaciones y las capacidades de la ciudad hay una enorme brecha que necesita cerrarse. Existe una deuda política con el espacio urbano en donde tienen residencia los poderes de la federación. 

Es inequitativo el trato fiscal, al grado de que por cada peso que se aporta a la federación se le regresan a la ciudad sólo siete centavos, según lo afirmó recientemente Marcelo Ebrard. Resulta paradójico que la ciudad en donde los derechos democráticos son más avanzados no tenga una constitución propia que le dé autonomía a sus potencialidades y un rango jurídico que norme sus capacidades.

Puede ser que haya llegado el momento de que la ciudad de México tenga su propia constitución y deje su dependencia y vulnerabilidad. Hace unos días el jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera, convocó a todas las fuerzas políticas y a un amplio grupo de legisladores federales, quienes escucharon el reclamo para que el DF tenga autonomía. En el clima de consensos que se ha generado antes del inicio del nuevo sexenio, la agenda de reformas que viene coloca a la ciudad de México como una prioridad.

Terminar la reforma política para el DF supone un ejercicio de consensos amplios, en donde se pondrá a prueba una parte importante de la capacidad que tenga la clase política para hacer cambios importantes. Ojalá que no se enreden los acuerdos en discusiones sin salida. Los objetivos están muy claros: se necesita una constitución en donde se incorpore al DF como un actor en igualdad de condiciones del pacto federal, con la autonomía necesaria para nombrar a todas sus autoridades, con un congreso local que tenga plenas capacidades legislativas y con una estructura de gobiernos locales que deje atrás el limitado esquema de las delegaciones.

La ciudad de México necesita ser la capital del sistema federal y dejar atrás su vieja excepcionalidad, por eso merece tener su mayoría de edad. Mantener al DF y a sus ciudadanos sin plenos derechos resulta hoy insostenible.