Editorial La Jornada
El
titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, firmó ayer en esta
capital, junto con los gobernantes de Honduras, Porfirio Lobo; de Costa
Rica, Laura Chinchilla, y de Belice, Dean Barrow, una declaración sobre
la cooperación contra la delincuencia trasnacional. El documento
exhorta a los países consumidores a
El hecho referido no sólo ha descolocado al gobierno de Estados Unidos, tradicional promotor de la explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, afirma que es
inaplazableuna revisión del enfoque de la lucha antidrogas y recomienda
analizar a profundidad las implicaciones sociales de políticas públicas y de saludque permiten la producción, el consumo y la distribución legal de mariguana,
lo cual constituye un cambio paradigmáticode algunos países del continente con respecto al régimen internacional vigente. Esto último constituye una referencia inequívoca a la despenalización de la mariguana en Colorado y Washington, a raíz de sendos referendos realizados en paralelo con la elección presidencial estadunidense.
guerra contra las drogasen territorios ajenos al suyo, sino también a los regímenes latinoamericanos que se han plegado a las directrices de Washington en materia de estupefacientes y que, de manera acrítica, las han venido aplicando con un enorme costo humano, social, económico e institucional.
En el caso de México, el gobierno calderonista emprendió una cruzada contra el narcotráfico en nombre de una prohibición cuestionable desde cualquier punto de vista y durante seis años se negó a rectificar su estrategia a pesar de las decenas de miles de muertos, de la descomposición de instituciones, del sufrimiento humano incuantificable y de la grave pérdida de soberanía nacional. Es una triste paradoja que ahora, a poco más de dos semanas de entregar el cargo, Calderón, en compañía de algunos mandatarios centroamericanos, reconozca la pertinencia y hasta la urgencia de revisar el paradigma prohibicionista de la
guerra contra las drogas, y que ello ocurra, a mayor abundamiento, justo después de que dos estados del país vecino decidieron excluir la mariguana de la lista de productos prohibidos.
La
conclusión es por demás descorazonadora: en la supuesta defensa de la
salud de consumidores estadunidenses el gobierno mexicano se metió de
lleno a un conflicto que ha convertido la muerte violenta en parte de
la vida cotidiana, desvió recursos inestimables de la salud, la
educación y el desarrollo social en general y entrega un saldo
catastrófico de muertos, de infiltración de la delincuencia en
corporaciones de seguridad, de zonas del país abandonadas al control de
los criminales y de funciones soberanas del Estado rendidas a la
injerencia estadunidense.
El país vecino, por su parte, realizó negocios espléndidos al calor
de la guerra calderonista: su industria militar y de servicios de
seguridad logró convertir al territorio mexicano en un nuevo mercado
bélico y varias dependencias militares, policiales y de espionaje de
Washington lograron hacerse de posiciones de influencia –si no es que
de coordinación y de control– sólo comparables a las que ostentan en
países militarmente ocupados. Por lo demás, los productores y
distribuidores de mariguana en Colorado y Washington pronto podrán
dedicarse a su negocio sin que nadie los moleste.
En esta circunstancia resulta claro que el gobierno que asuma el
primero de diciembre próximo tiene como tarea inmediata la formulación
de una nueva concepción y de una nueva estrategia en materia de
estupefacientes.
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