En México y el
extranjero es común que el público pregunte por qué en este país matan a
los periodistas, desparecen a los estudiantes, reprimen hasta la muerte
a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a
defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de
civiles inocentes etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo:
“fue el narcotráfico”. Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en
información filtrada inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente
cierta, tiene limitaciones u omisiones que conviene señalar.
Una
primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada
de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del
Estado no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta
“creencia” desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola
participación-intervención de las instituciones significa, a priori o
exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política,
que es una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis.
Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la
presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en
la ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las
corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares
sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con
la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel
Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge
Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael
Macedo de la Concha, Genaro García Luna, por mencionar algunos.
Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de
Enrique Peña Nieto al menos 16 exgobernadores han sido acusados (unos
detenidos otros prófugos de la justica) por numerosos delitos que
involucran asociación ilícita con el narcotráfico: Roberto Borge
(Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); Flavino Ríos
(Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú
(Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés (Sonora);
Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García
(Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila);
Rubén Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso
Reyes (Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo
(Tabasco).
Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores
forman parte de esa “flamante” generación política que el actual
presidente, Enrique Peña Nieto, presentó como fieles representantes del
“nuevo PRI” (Partido Revolucionario Institucional). Y tenía razón
respecto a la fiel “representatividad” de estos personajes. Únicamente
se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo viento.
Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El
clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político
en México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una
posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado
por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan
Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas
Lozano, padre de Carlos, el expresidente, y de Raúl Jr., el
criminosamente célebre “hermano incómodo”, quien, por cierto, paso diez
años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de su ex cuñado José
Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado de dinero,
enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc.
En
1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan
Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos
Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de
las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más
agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió
a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de
vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en
la política” (Proceso, 30-I-1999).
Dos años antes (1997),
la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó un reporte que
detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia
organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante protegido del
cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con diversos
jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco
Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José
María Córdoba Montoya” ( sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano asesor de Carlos Salinas durante su mandato.
En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en
Estados Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado
Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe
suizo antes referido, Emilio Gamboa Patrón negoció con el cártel del
Golfo los 114 millones de dólares que fueron depositados a nombre de
Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza ( ibidem ). En la
actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa Patrón
es el coordinador de la bancada priísta en el Senado.
Por
último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel
estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de
impunidad de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con
minúsculas variaciones en las distintas entidades federativas); una
cifra que, por sí sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el
objetivo de las instituciones no puede ser la justicia sino la
impunidad.
En este sentido, la pregunta no es por qué México
reporta estadísticas humanamente impresentables. Hasta un adolescente
entiende que el “imperio de la ley” de “plata o plomo”, que es la ley
del narcotráfico, comporta escenarios de terror, muerte y destrucción a
gran escala.
La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en México es clase gobernante.
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