(apro).- Hace cinco años, el 10 de agosto de 2012, detuvieron en España a un primo de Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de ser parte de una célula del Cártel de Sinaloa con pretensiones de abrir campo en la península Ibérica.
Eran tiempos electorales convulsos en México: Andrés Manuel López Obrador denunciaba fraude electoral y su contrincante, hoy presidente del país, Enrique Peña Nieto, atravesaba una crisis de credibilidad pues semanalmente era evidenciado por el uso de dinero sucio en su campaña.
La noticia sobre la detención en España atizó aún más las dudas, pues entre los aprehendidos, acusado de ser parte de dicha célula del crimen organizado, estaba un destacado priista sonorense: Rafael Humberto Celaya Valenzuela, quien antes de la elección presidencial había colocado en las redes sociales fotografías posando con Peña Nieto y los hoy senadores priistas Emilio Gamboa Patrón y Ernesto Gándara.
Así, el acusado por Estados Unidos y detenido en España, Celaya Valenzuela resultó ser excoordinador de candidatos a diputados federales priistas por Sonora en 2012, e incluso llegó a ser director de Administración y Finanzas del organismo operador del agua en la ciudad de Hermosillo, Sonora, cuando Ernesto Gándara fue presidente municipal de dicha localidad (2006-2009).
El eco en los medios de comunicación mexicanos fue tan bajo, que no hizo mella en Peña Nieto, a pesar de que un mes antes, en julio, Proceso dio cuenta de cómo en Texas, durante una de sus visitas a la casa de Luis Carlos Castillo Cervantes, alías El Rey de los Dragones, en octubre de 2011, había sido ungido como candidato presidencial y recibido el apoyo de algunos gobernadores, hoy bajo sospechas o acusados de formar parte del crimen organizado.
Apenas en noviembre de 2016, El Rey de los Dragones fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero; Castillo Cervantes aceptó el cargo, entregó varios millones de dólares, uno de sus aviones, algunas propiedades más y con ello consiguió llevar su proceso en libertad.
Durante el juicio, en una de las audiencias conducidas por la fiscal Julie Hampoton y reveladas por el reportero de Proceso Juan Alberto Cedillo, se le dio la razón a la revista sobre el vínculo entre Peña Nieto y el lavador de dinero ilícito:
“El señor (Guillermo) Flores Cordero testificó que Castillo Cervantes fue amigo de Eugenio Hernández, Humberto Moreira y del presidente Enrique Peña Nieto en los tiempos en que Peña Nieto era gobernador del Estado de México”, se escucha en uno de los audios de las audiencias.
Hay que recordar que antes de que El Rey de los Dragones, –gran amigo de Peña Nieto–, cayera en desgracia y aceptara el delito de lavado de dinero, el propio Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y quien le levantó la mano a Peña Nieto como candidato presidencial, fue detenido en 2016, también en España, acusado de tener nexos con Los Zetas.
Moreira fue encarcelado, pero logró la libertad. El gobierno operó desde México, reveló el corresponsal de Apro en España, Alejandro Gutiérrez. Sin embargo, como parte de las mismas investigaciones, en marzo de 2016, agentes de la Unidad Económica y Fiscal de la Policía de aquel país detuvieron al empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “Mono Muñoz”, bajo la imputación de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
“Muñoz Luévano está siendo investigado en el marco de la misma causa por la que también se detuvo en Madrid al expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exgobernador del Estado mexicano de Coahuila, Humberto Moreira”, reveló el diario El País.
Pero no han sido los únicos hombres cercanos al presidente acusados de tener vínculos con el crimen organizado o investigados por lavado de dinero; apenas este febrero de 2017, se reveló, también en España, que Oscar Lara Aréchiga, exfuncionario de Peña Nieto y exdiputado federal, figura con una cuenta de 6 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA), institución intervenida en 2015 e indagada por blanqueo.
De diciembre de 2013 a diciembre de 2014, Lara Aréchiga se desempeñó como subdirector de Infraestructura Hidráulica en Sagarpa. Y el 13 de febrero de 2017, de nuevo el diario El País reveló que la comisión rogatoria pidió ayuda a México “para investigar la posible relación entre el cártel de Sinaloa y el BPA, identificar al citado político e investigar un posible blanqueo de capitales.”
Meses después, en mayo, el diario amplió su indagatoria diciendo que Lara Aréchiga “oculta en paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas, una sociedad opaca a través de la que ha movido en los últimos años 16.8 millones de dólares… La sociedad está gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios. Aréchiga ha declinado responder a las preguntas de este periódico.
“La sociedad off shore de Lara Aréchiga se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la panameña Riana Development Inc y esta de la Fundación Hazare, en Panamá, una Family Asset Management (gestora de fondos familiar) creada por la Banca Privada de Andorra, un banco intervenido por blanqueo de capitales.
“En 2012, Riana International BV recibió un préstamo de Aréchiga de 4.3 millones de dólares, que se empleó para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos, una sociedad que promueve el proyecto inmobiliario Destino (Ocean Front Resort), en Ensenada, Baja California”, se lee en el diario El País.
Estos eventos, curiosamente no han sido indagados en México, todos provienen de España que ha trabajado en colaboración con Estados Unidos, así es que no resulta extraño que la Unidad de Inteligencia de México, que es el organismo encargado en detectar el lavado de dinero, no estuviera enterado de lo que hoy se ha vuelto el escándalo de la semana: el señalamiento e involucramiento que hace el Departamento del Tesoro del futbolista Rafa Márquez y el cantante de banda Julión Álvarez, con el cartel de Raúl Flores Hernández.
Flores Hernández tiene más de 30 años dedicado al crimen organizado, según Estados Unidos, pero en México nunca se habrían detectado las poco más de 40 empresas donde lavaba el dinero producto del narcotráfico.
No podemos olvidar que quien está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera es nada menos que Alfredo Bazbaz Sacal, el hombre más recordado por su impericia para resolver el caso de la niña Paulette en el Edomex y a quien se le reconoce como cercano y hombre de toda la confianza del exdirector de Conagua, David Korenfeld Fedelman.
Bazbaz compartió pupitre en la Universidad Anáhuac y tiempo después hasta despacho, con Korenfeld, un hombre multipremiado por la comunidad judía y quien se convirtió en la puerta de entrada de Peña Nieto con dicha comunidad.
En su momento, a Korenfeld se le mencionó como uno de los personajes que habrían utilizado sus contactos en el Medio Oriente para, mediante una complicada transacción financiera como la que se utiliza para lavar dinero, sacar millones de pesos de México, llevarlos a España, pasarlos por Israel y regresarlos al país vía el banco Monex.
Y si Peña, Bazbaz y Korenfeld son tan cercanos, y en su momento necesitaron a los priistas para llegar a la presidencia, se entiende porqué a militantes de ese partido no se les indaga en la Unidad de Inteligencia Financiera, o porqué la UIF nunca va tras la pista del dinero sucio, como sucedió hoy en el sonado caso Márquez-Julión.