Gabriela Rodríguez
Las impugnaciones
a la Constitución de la Ciudad de México que organismos federales
presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son
una verdadera transgresión a nuestra soberanía. La Procuraduría General
de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Superior de
Justicia capitalino niegan reconocimiento a nuestra autoridad y
autonomía como ciudadanos de este territorio capitalino. El poder
federal quiere quitarnos a los chilangos, y a las chilangas, la
capacidad de definir nuestros propios derechos humanos y de crear
nuestras propias instituciones de gobierno.
Burlándose de las capacidades jurídicas de quienes participamos en la
construcción de la Carta Magna, quienes encabezan el presente régimen
no tienen miedo, lo que tienen es pánico a que se ratifique el texto de
la Constitución que aprobamos en enero del presente año. Un texto que
busca forjar una nueva cultura política al reconocer la pluralidad y el
sentido de vanguardia de la sociedad capitalina. Se recurre a un
lenguaje jurídico cuando el debate obviamente es de naturaleza política,
se trata de frenar a la verdadera izquierda, a quienes nos oponemos a
la voracidad de la élite y a las tendencias neoliberales dominantes.
Estos días estamos frente a las primeras resoluciones que hace la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las impugnaciones que
presentó el gobierno federal. Se trata de una discusión histórica y
colosal, por primera vez la Suprema Corte estudiará un instrumento
fundacional estatal en su totalidad, y con la presión de validar ¡ya!
los artículos referentes al proceso electoral. Implicará
pronunciamientos jurisprudenciales de gran relevancia: precisar alcances
y limitantes del sistema federal mexicano y sus repercusiones en los
sistemas educativos y laborales locales, entre otros muchos. Otros temas
polémicos son la conformación de órganos de gobierno, los nuevos
derechos humanos y la posibilidad de ampliar el parámetro de regularidad
constitucional, permitir que los representantes locales podamos valorar
como derechos humanos no sólo los que señala la Constitución federal,
sino los que aparecen en instrumentos internacionales (y no sólo en
tratados), en leyes generales y locales, tal como quedó en el cuarto de
la nueva Constitución.
En cuanto a las resoluciones, la SCJN ya nos dio buenas noticias. Con
seis votos en favor y cinco en contra, esta semana los ministros
revisaron el recurso que presentó la PGR que invalidaba toda la
Constitución, porque según ellos no se habían cubierto los requisitos de
consulta que mandatan los tratados internacionales. La SCJN avaló el
trabajo de la Asamblea Constituyente al asegurar que sí cumplió con el
requisito de consultar a pueblos y barrios originarios, y a las personas
con discapacidad. Si ese argumento hubiera prosperado, toda la
Constitución tendría que haber sido invalidada ¡gran triunfo!.
En relación con la materia electoral las resoluciones no son
tan positivas. En cuanto a una impugnación de Morena referente a la
necesidad de realizar un referéndum para que la ciudadanía diera su
visto bueno a la nueva Constitución local, la SCJN la rechazó por no
haber incluido el referéndum en el texto constitucional. Además, ya se
avaló la integración de 50 diputados de mayoría relativa y 50 de
representación proporcional en el Congreso de la CDMX, por apegarse a la
libertad de configuración que cada entidad tiene, la cual parece estar
dedicada a restarle fuerza al partido que triunfe en las próximas
elecciones en la ciudad, con alta probabilidad Morena, partido que había
también impugnado esa configuración. El día de ayer se aprobó la
integración de las alcaldías abiertas, con participación directa de
ciudadanos/as de las demarcaciones ¡buen avance!, tal integración ya
había sido borrada en la ley electoral recientemente aprobada por la
Asamblea Legislativa de la ciudad, con lo cual esta ley secundaria pasa a
ser inconstitucional. Otra resolución de ayer es para mi gusto
desastrosa, diputados del PRI, PAN y PRD de la Asamblea Legislativa ya
habían legislado en esa dirección: la SCJN quitó las tres causales de
nulidad de las elecciones que estaban contempladas en nuestra
constitución: por compra de voto, por violencia de género, por empleo de
programas gubernamentales y por desvío de recursos.
Para mí el texto constitucional es una pauta para rescatar a la
ciudad de los abusos de poder y de la bárbara concentración económica
que ha favorecido la actual administración. La nueva Carta Magna crea
mecanismos reales de participación ciudadana que, además de garantizar
libertades, derechos sociales y económicos, puede llegar a abatir la
impunidad y la corrupción. Veamos cómo quedan el texto después de todos
los resolutivos, y luego viene lo más importante: aplicar lo preceptos
constitucionales, para lo cual no sólo necesitamos que se deriven leyes
secundarias acordes, sino contar con un gobierno que no robe y que se
ocupe de gobernar para la gente, que traduzca el articulado en nuevas
políticas, instituciones y programas. Habrá que cambiar al partido que
actualmente gobierna la ciudad. Morena cuenta con cuatro candidatos mu
y capaces, este domingo la encuesta decidirá quien va de candidato.
Twitter: Gabrielarodr108
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