Entre uno y otro caso hay un elemento común: la creación de empresas offshore en paraísos fiscales que sin ser en sí mismas ilegales, en la práctica se trata de entidades de papel que tienen el propósito de ocultar dinero y su origen.
En el primer caso quedó demostrado que mintió al reaccionar rápidamente ante la revelación de su nombre. A las pocas horas de que Proceso diera a conocer los nombres de mexicanos con empresas en paraísos fiscales, como parte de la investigación internacional conocida como Panama Papers, el exfuncionario trató de deslindarse con una mera negación en su cuenta de Twitter @EmilioLozoyaAus
Dijo que nunca había estado en contacto con los abogados panameños.
Pero como su pasaporte y sus gestiones estaban en los archivos filtrados al diario alemán Süddeustche Zeitung, Lozoya no tuvo más que hacer una declaración pública, pero haciéndose el desentendido, al sugerir que alguien había usado su nombre.
“Es posible que en alguna transacción antes de ser funcionario público, cierta contraparte empresarial con la que haya tratado a nivel internacional, intentó crear esta estructura. Lo cual, de ser el caso, nunca se concretó”, declaró ante la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). https://www.icij.org/
Lozoya se refería a la offshore que a través de Mossack Fonseca intentó abrir en Dubai durante 2011, un año antes de que participara en la campaña presidencial de Enrique Peña.
Aunque ahora Lozoya también niega cualquier responsabilidad en los sobornos de la empresa brasileña en México, que fueron dados a conocer en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las declaraciones judiciales del exrepresentante de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, dejó bajo sospecha el financiamiento recibido por Peña en su proselitismo.
Conocidas el fin de semana en México a través de Proceso en un texto del grupo de periodistas mexicanos integrados en Quinto Elemento Lab, esas declaraciones ofrecen detalles de la manera en que Lozoya habría obtenido 10 millones de dólares de la brasileña a cambio de sus gestiones para obtener millonarios contratos de Pemex.
Los detalles, también difundidos por el grupo periodístico O Globo, de Brasil, explican el modo en que Meneses acordó con Lozoya la entrega de recursos a través de empresas offshore: cuatro durante la campaña presidencial, y seis una vez que Lozoya Austin ya era el director de Pemex, designado por Peña.
De nueva cuenta, Lozoya niega cualquier responsabilidad, pero esta vez a través de su abogado lanzó un mensaje que puede comprometerlo aún más.
Javier Coello declaró a los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, de Quinto Elemento Lab, que se debería de investigar “quién sacó el dinero”, porque su cliente, según dijo, “no recibió un solo peso”.
Lozoya tenía hasta ahora un seguro de protección. No había dicho nada ni implicado a nadie. A cambio, la PGR clasificó como reservada la información hasta 2022. De sus indagatorias tampoco se ha sabido nada, a pesar de que la Fiscalía General de Brasil se la ha venido compartiendo desde junio pasado.
La PGR podrá administrar la investigación hasta que termine el gobierno de Peña, pero si el pacto de silencio se empieza a romper, el exdirector de Pemex tendría que preocuparse también por los señalamientos que se le han hecho por su gestión en la empresa más allá de la corrupción internacional Odebrecht en la que su nombre aparece una y otra vez.