La Jornada
Desde finales del año
pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a
hacer públicas la extensión y las dimensiones de la corrupción política
auspiciada por Odebrecht –el gigantesco corporativo brasileño de la
construcción–, se supo que esa empresa había entregado sobornos
millonarios en dólares a cambio de contratos a diversos funcionarios
mexicanos, tanto en el sexenio pasado como en el actual. Posteriormente,
antiguos ejecutivos de la firma que decidieron colaborar con las
instancias judiciales brasileñas afirmaron que el ex director de
Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin recibió pagos por 5
millones de dólares para autorizar diversas obras y que durante la
administración de Javier Duarte en Veracruz la corporación sudamericana
urdió una trama para apoderarse de los negocios del agua y la
electricidad en esa entidad, para lo cual recibió diversas
autorizaciones del gobierno federal.
Ayer, el rotativo carioca O Globo dio a conocer confesiones
de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México,
según las cuales Lozoya Austin, quien en 2011 se desempeñaba como asesor
de inversiones privado, aconsejó a Odebrecht que formara una empresa a
fin de participar en la licitación para construir una nueva refinería en
Tula. Ya como presidente de Pemex (cargo que ocupó entre 2012 y 2016),
el funcionario recibió, a decir del declarante, diversos sobornos que
totalizaron 10 millones de dólares, ya no para contratos de construcción
de una nueva refinería –obra que fue cancelada al comienzo del gobierno
de Enrique Peña Nieto–, sino para remozar la existente, por lo cual la
empresa brasileña recibió 115 millones de dólares.
Los señalamientos del extranjero tienen el correlato de las
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual
detectó, en su revisión de la cuenta pública de 2015, numerosas
inconsistencias, faltantes y gastos injustificados en Pemex,
precisamente en áreas regidas por los contratos con Odebrecht. En abril
pasado una investigación periodística dio cuenta de que tanto Pemex como
la Secretaría de la Función Pública (SFP) estuvieron al tanto de
anomalías parecidas en contratos obtenidos por la empresa brasileña en
el sector público mexicano.
Por lo demás, las revelaciones sobre las prácticas ilegales de
Odebrecht han tenido gravísimas consecuencias políticas en diversos
países latinoamericanos. En Perú, por ejemplo, se han librado órdenes de
aprehensión en contra de dos ex presidentes (Alejandro Toledo y Ollanta
Humala) por su presunta participación en la red de corrupción de
Odebrecht; en Brasil el escándalo ha sido ampliamente utilizado en la
construcción del proceso en contra del ex mandatario Luiz Inácio Lula da
Silva; en Ecuador, el vicepresidente ha sido inhabilitado por
acusaciones análogas, y en otras naciones altos funcionarios han sido
formalmente imputados.
En México, en cambio, tanto la SFP como la Procuraduría General de la
República parecen no tener prisa alguna en empezar a esclarecer los
señalamientos en contra de Lozoya, como no la han tenido en el caso de
la abultada corrupción que puede sospecharse fundadamente en la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a raíz del desastre ocurrido
el 12 de julio en el Paso Exprés de Cuernavaca, una obra que se
construyó a un precio injustificablemente inflado, se entregó en forma
extemporánea y se desarro
lló, por lo que ha podido saberse, con múltiples irregularidades y omisiones.
En ambos casos y en muchos otros, la parsimonia de las instituciones
obligadas a investigar los posibles desvíos de fondos públicos causa un
grave daño a la credibilidad gubernamental esn su conjunto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario